ONG temen un posible aumento de las represiones en manifestaciones públicas ante la ruptura del orden constitucional en el país, e insisten en que el diálogo entre Gobierno y oposición es vital en estos momentos. “Es una hora de responsabilidad política”
Patricia Marcano
El país es otro después del 20 de octubre. La decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender el proceso de recolección del 20% de firmas del padrón electoral -necesarias para activar finalmente el referendo revocatorio presidencial– con base en sentencias emanadas por tribunales penales regionales, terminó de fracturar un modelo que ya venía con fisuras derivadas de una degeneración progresiva durante varios años.
Varios sectores de se han pronunciado sobre lo ocurrido. Las academias nacionales de la Historia, Lengua, Medicina, de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; de Ciencias Económicas y de Ingeniería y Hábitat lo han calificado como una ruptura del orden constitucional, y en esa misma línea han fijado posición varias universidades autónomas y privadas, gremios y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
Estas últimas, que además están vigilantes de que se mantenga el eje transversal de la democracia aunque esta no sea plena (ese eje es la garantía y respeto a los derechos humanos, precisa la abogada Liliana Ortega, fundadora de Cofavic), han manifestado su preocupación sobre esta nueva etapa que comenzó en Venezuela y las implicaciones que puede tener en los días por venir. Cinco organizaciones consultadas explican el escenario, presentan el contexto y plantean soluciones.
“El Vaticano no actúa como mediador en cualquier circunstancia sino cuando hay una muy seria. Hay que ser conscientes de que el país vive una hora muy difícil”
Dictadura, Constitución rota
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha fijado una posición contundente. “A raíz de la suspensión ilegal del proceso de realización del Referendo Revocatorio, ratificando la ausencia de independencia de los poderes en el país, el gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura. Estamos ante una dictadura incipiente que se consolidará dependiendo de la resistencia ciudadana al creciente autoritarismo”.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, sostiene que en los 28 años que tiene la institución siempre han sido cuidadosos de las caracterizaciones que hacen, pero en esta oportunidad esa calificación de dictadura, que saben “es dura”, se sustenta en varias circunstancias.
Recuerda que la organización ya venía documentando con preocupación el debilitamiento institucional democrático en el país, la cooptación de los poderes públicos, la falta de independencia en muchas decisiones, las agresiones o ataques contra organizaciones civiles e incluso las omisiones que el defensor del Pueblo venía realizando en su trabajo.
“Las leyes son las reglas del juego de una convivencia pacífica, si el Gobierno rompe la legalidad, rompe la convivencia pacífica”
El 13 de mayo, día que se aprobó el decreto de estado de excepción y emergencia económica, Provea emitió una alerta por considerarlo un decreto grave que daba atribuciones discrecionales al Presidente de la República, que no aparecían en ningún marco legal vigente, se institucionalizaba el discurso de la guerra económica y se hablaba de la militarización del país en función de la necesidad de combatir al enemigo interno.
“En ese momento decíamos que a pesar de las dificultades que había y el debilitamiento institucional, no podíamos calificar esto todavía como una dictadura porque a mediados de mayo teníamos la expectativa de realización de elecciones, tanto las regionales como el revocatorio, que se estaba impulsando. Mientras esa burbuja democrática existiera no podíamos calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura”, explica Uzcátegui.
Pero la decisión del 20 de octubre les sorprendió. Sí esperaban obstáculos e intentos para desestimular a la gente para que acudiera a la convocatoria del 20%, pero no una medida radical.
“No solo fue la decisión de estos tribunales penales regionales que no tienen ninguna competencia en materia electoral, eso nos pareció estrategia muy endeble, lo que más nos tomó por sorpresa fue la decisión del CNE de anularse a sí mismo y subordinarse a esta decisión ilegal del poder judicial”, indica.
“Cuando cierras el camino democrático lo que estás es estimulando a la gente para que asuma canales de expresión violenta”
El coordinador de Provea considera que el CNE dio un mensaje ese 20 de octubre, más allá del comunicado, y es que de ahora en adelante su actuación como Poder Electoral será distinto al visto hasta el 6 de diciembre.
“Nos parece que no estamos ante una suspensión temporal o dilación por una decisión jurídica sino ante una situación mucho más grave, y es que en Venezuela no se van a hacer elecciones hasta que el Gobierno no tenga resultados favorables, buscando revertir una matriz de opinión negativa que tiene ahora sobre su gestión”, denuncia el activista.
Esa misma “sumisión del CNE” a la justicia penal la rechaza el Laboratorio de Paz. Su coordinadora, Lexys Rendón, sostiene que la decisión de suspender un proceso que el mismo CNE había avalado al haber examinado las firmas y aprobado una cantidad que cumplía con los requisitos exigidos, y donde ciertamente habían excluido otra cantidad, “es una fractura no solo del hilo constitucional sino también del sistema”.
Liliana Ortega, fundadora de Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo), explica que para la organización que representa lo que ha ocurrido es una ruptura del hilo constitucional y democrático porque la jurisdicción penal, como lo establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, no está facultada para anular un proceso comicial.
“La responsabilidad penal es individual, no puedes penalizar por la comisión de un delito a una familia entera, a un cuerpo colegial entero. Cuando se establece una responsabilidad penal se tiene que determinar la responsabilidad individual y aquí se está penalizando al padrón electoral, a que todo el que quiere manifestarse o que no quiere manifestarse no lo pueda hacer, porque la no manifestación también cuenta en la recolección de la voluntad”, detalla Ortega.
“Por eso para nosotros hay un desconocimiento de los principios democráticos que están establecidos en la Constitución y que se profundizan con una crisis institucional. En Venezuela hay una gravísima crisis institucional”, agrega.
“Lo que más nos tomó por sorpresa fue la decisión del CNE de anularse a sí mismo y subordinarse a esta decisión ilegal del poder judicial”
Tanto Ortega como Uzcátegui recuerdan que durante años se había dicho que en Venezuela no había democracia, pero ante la comunidad internacional se veía la realización de elecciones como una muestra de que sí, pues a pesar del ventajismo oficial y uso de fondos públicos se tenían resultados electorales medianamente aceptados por ambas partes. Ahora, con la suspensión del revocatorio, esa posibilidad de elecciones no existe.
“La piedra angular de la democracia es la existencia de libertad de expresión. La democracia no funciona si no hay elecciones libres, justas e independientes. El revocatorio no es un capricho, no es una concesión del Gobierno, ni del partido de gobierno, ni del CNE, ni del TSJ porque los derechos no son concesiones, son obligaciones de los Estados”, sentencia Ortega.
Aclara que no puede argumentarse la falta de presupuesto para su realización, ni aducirse que hay un estado de excepción o situación económica en la que no es prioritario hacer las elecciones de gobernadores y alcaldes. “¿Bajo qué circunstancia constitucional se le prorroga a unos gobernadores y alcaldes seis meses su mandato, cuál es el asidero constitucional de eso? Es prorrogar un mandato que no está bajo la cobertura de la manifestación de la voluntad popular”.
Para Cofavic, la ruptura del orden constitucional y del hilo democrático se ha producido por el desacato abierto a la Constitución, no por una toma militar clásica del poder, “y no es que eso ha sido más grave o menos grave, es que se ha roto la Constitución”. Ruptura en la que el desacato de otros Poderes hacia la Asamblea Nacional también suma.
Represión, Estado responsable
Para los representantes de Provea y Laboratorio de Paz, el país vive una dictadura pero no de las tradicionales, sino del siglo XXI, donde se usa al Poder Judicial para violentar el hilo constitucional, la democracia y el estado de derecho.
Uzcátegui recuerda que un ejemplo a tener presente en este momento es la dictadura de Alberto Fujimori en Perú, quien tuvo mucho a poyo electoral y tras ganar tres elecciones quebró el orden democrático.
Explica que en el caso venezolano lo que se está viendo es que todo el abuso de poder y la asfixia democrática se va a intentar legitimar mediante decisiones arbitrarias del Poder Judicial, que no están sustentadas en ningún marco jurídico vigente pero que, sin embargo, “le dan un barniz de legalidad o un argumento legal ante la comunidad internacional”.
“La ruptura del orden constitucional y del hilo democrático se ha producido por el desacato abierto a la Constitución, no por una toma militar clásica del poder»
En estas circunstancias, y ya con una crisis en el área de los derechos humanos, la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA), Mayda Hocevar, señala que al revelarse el Gobierno como más déspota y dictatorial, lo que preocupa es que venga una profundización de las violaciones de derechos humanos, un mayor deterioro de las libertades y mayor cierre de espacios, como históricamente ha pasado. “Una mayor represión, y eso lo vimos el miércoles”.
Hocevar se refiere a los hechos de violencia registrados no solo en Mérida sino en al menos 12 estados del país tras la convocatoria a la “toma de Venezuela”. Una jornada que finalizó, según el balance de la MUD, con más de 120 heridos, 147 detenidos en todo el país y un fallecido.
Ella vivió lo ocurrido en Mérida, una represión que confiesa no esperaba que ocurriera. “Me quedé asombrada viendo a los colectivos armados al lado de la policía, muy violentos. Oír los tiros fue muy fuerte. ¿Eso qué puede decir del Gobierno?”, dice Hocevar. En esa entidad hubo más de 100 heridos según los datos del observatorio, dos de ellos por arma de fuego y otros con perdigones en la cara; “eso revela mayor represión”, acota.
La violencia vivida en el interior del país el 26 de octubre, pudiera considerarse la más grave del año, aunque las organizaciones recuerdan que se trata de un patrón que comenzó en 2013, se profundizó en 2014 y que durante 2015 y 2016 no se había visto en magnitud porque las protestas habían mermado.
“Ahora que retornan nos encontramos con esto, que es un patrón. Si hubiera sucedido en un solo estado, con una policía en particular, uno pudiera decir que fue un hecho aislado o irregular de una policía, pero cuando vemos que se repite en estados donde quienes ejercen la gobernación son de corte oficialista y vemos esta represión tan parecida con participación de terceros, encontramos que posiblemente es una línea directa desde grupos oficiales”, señala Rendón, del Laboratorio de Paz.
“El diálogo siempre debe privar, aunque se esté en la situación más conflictiva tiene que haber espacios de diálogo”
Pero Rafael Uzcátegui, de Provea, hace otra observación. Si bien la represión contra los manifestantes coincide con gobernadores del Psuv, que además habían sido beligerantes en los últimos días, lo ocurrido también indica que “a diferencia de los días de Hugo Chávez, donde había una dirección única, hoy lo que tenemos son diferentes fracciones del oficialismo actuando por iniciativa propia. A pesar de que había una supuesta voluntad del Ejecutivo de que la movilización se realizara en paz, y en Caracas fue aceptable, vemos que esa orden no fue acatada por todos los miembros”.
Sobre la presencia de “terceros” o “colectivos armados”, la fundadora de Cofavic advierte que ya la jurisprudencia interamericana y europea, así como los estándares internacionales de derechos humanos, han establecido que los delitos que cometan grupos armados civiles que gocen de la tolerancia o aquiescencia del Estado, por omisión o por acción, son delitos imputables al Estado.
“Estamos frente a violaciones de derechos humanos porque el Estado tiene que tener el control de la fuerza y no puede estar permitiendo que grupos armados civiles actúen contra la población civil”, informó Ortega.
Esto se produce, además, en una crisis institucional donde el Ministerio Público ha reconocido la existencia de una tasa de impunidad de 98% y un 62% de jueces provisorios, con una actuación del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) que detiene a ciudadanos y durante un tiempo determinado no se conoce su paradero, ni tienen contacto con sus abogados, situaciones que Ortega califica como totalmente irregulares, sin control del Ministerio Público, y que según estándares internacionales se trata de detenciones arbitrarias o casos de desapariciones forzadas de personas. Hechos que pudieran aumentar.
Y sin olvidar las ejecuciones extrajudiciales, sobre las cuales no hay data oficial pero según los registros que lleva Cofavic, han pasado de 669 casos en 2013 a 1018 casos en 2014 (aumento de 52%) y 1396 en 2015 (aumento de 37%). Los datos recolectados por la organización indican que 30% de estos casos son presuntamente responsabilidad del Cicpc “¿Qué significa esto desde la lectura de los derechos humanos?”, señala Liliana Ortega.
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Otra preocupación es la criminalización de los derechos y de la protesta, con una represión y respuesta desproporcionada de la Guardia Nacional y la Policía Nacional que si bien no han cambiado esa conducta, sí la están aplicando ahora de manera más selectiva, asegura Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
“La persecución sigue siendo de carácter político pero no dirigida a una agrupación política sino a la disidencia, incluso hemos documentado casos donde la persecución y agresión viene por la exigencia misma de tus derechos, si exiges el derecho a la alimentación en una cola eres considerado disidente y puedes ser detenido”, advierte.
Las organizaciones lamentan que el Gobierno, desde hace varios años, haya ido agotando el catálogo de violaciones de derechos humanos en general, pues ha habido tortura, represión, detenciones arbitrarias, casos de desapariciones forzadas de personas, violaciones al derecho a la vida, así que en lugar de nuevas modalidades lo que puede pasar en esta etapa es una agudización de las violaciones, porque “lo que hemos visto en los hechos es que frente a mayor exigencia de la gente, mayor represión”, indica la directora de Cepaz.
Para denuncias anónimas de violaciones a derechos humanos:
La labor de las organizaciones, frente a unas garantías socavadas, es convertirse “en la caja negra del desastre”, comenta Borges. Es decir, registrar todas las violaciones de derechos humanos en la medida de lo posible, trabajando en redes, y actuando para que no queden impunes.
Liliana Ortega recuerda que cuando nació Cofavic, en 1989 (por los sucesos de febrero y marzo, conocidos como El Caracazo), Venezuela vivía “una democracia imperfecta, con problemas”, donde había ocurrido una masacre como El Caracazo pero los defensores de derechos humanos denunciaban los casos sin ser perseguidos.
“Yo iba a Estados Unidos a denunciar el caso, y a Costa Rica, y nunca me esperó una turba a las puertas del aeropuerto. Los defensores de derechos humanos teníamos una serie de garantías en nuestro ejercicio que se han ido deteriorando porque no son aisladas. El riesgo de los derechos humanos está íntimamente ligado a la desaparición de la estructura democrática”. Matices que hablan del momento que vive el país.
Evitar la violencia
“Cuando cierras el camino democrático y los mecanismos pacíficos, como se ha visto en la historia de América Latina, lo que estás es estimulando y arrinconando a la gente para que asuma canales de expresión violenta”, advierte el coordinador general de Provea.
Evitar esta confrontación en momentos de tanta crispación, como describen los defensores de derechos humanos a este momento vivido en Venezuela, pasa por varias vías pero la electoral es la más solicitada.
Marchar hasta a Miraflores
“El derecho a la manifestación es un derecho humano. Lo que debe hacer el Estado venezolano es garantizar que no haya desmanes y los actores de oposición instar a su gente a que se mantengan exigiendo sus derechos. Los derechos no se exigen desde la violencia, los derechos se exigen y se reivindican desde la protesta ciudadana pacífica. Eso es muy importante”. Liliana Ortega, Cofavic
“En todos los países de América Latina las movilizaciones terminan en el centro simbólico y físico del ejercicio del poder, que son los palacios de gobierno. Pero en Venezuela eso se ha estigmatizado e ilegalizado. Quienes ejercen hoy labores de Gobierno hicieron carrera política realizando marchas hacia el palacio de Miraflores. Creemos que si esa movilización tiene por objetivo plantear una serie de demandas de manera pacifica, es totalmente legítima. Pero si se plantea con una agenda no muy clara, eso va a desestimular la participación masiva de la gente”. Rafael Uzcátegui, Provea
“El llamado a Miraflores es válido. Estamos en una situación de muchísima violencia y crispación, por lo que ambos actores políticos están en la obligación, de garantizar que cualquier movilización se haga de forma pacifica y se respeten los derechos. Pero si la movilización a Miraflores es para solicitar la renuncia o salida del Gobierno no nos parece lo más adecuado, primero porque no nos parece parte de la solución, y segundo porque la Constitución establece que la forma de hacerlo es a través del voto, así que la exigencia tiene que ser la restitución del derecho a elegir”. Lexys Rendón, Laboratorio de Paz
“Es una hora de responsabilidad política, realmente es una hora muy difícil para Venezuela. Ojalá que sea acordada una forma de que pase por las elecciones. Cuando hay momentos de crispación y de polarización, las elecciones son determinantes, es muy importante que hable el pueblo, que diga qué es lo que quiere para su provenir y eso está en la Constitución. Una de ellas es el referéndum revocatorio, pero hay otras”, señala Liliana Ortega.
Para Provea, restablecer el cronograma del referendo revocatorio debería ser la principal reivindicación de la sociedad en este momento, asegura Rafael Uzcátegui. “¿Cuándo vamos a volver al territorio de la democracia? En el momento en que se anuncie la reactivación del cronograma electoral para el referéndum revocatorio, y creo que las crisis actual demanda que se haga en el plazo más corto posible, porque existen todas las condiciones técnicas para que así sea”.
Otra opción sería continuar con la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. 49 organizaciones no gubernamentales suscribieron una carta dirigida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, el 24 de octubre, para que active los mecanismos necesarios.
Uzcátgui precisó que están solicitando la ejecución del artículo 19 y el 20, que Venezuela deje de ser miembro activo de la OEA y que la asamblea permanente se reúna de manera extraordinaria para evaluar la situación venezolana.
“Los voceros del gobierno han acusado como injerencistas a quienes estamos solicitado la activación de la Carta Democrática, olvidando dos cosas importantes. En 2002 se solicitó la activación de la carta cuando el golpe de Estado en Venezuela, pero la interrupción del hilo constitucional duró tan poco que apenas dio tiempo de hacer la convocatoria para que la asamblea permanente de la OEA se reuniera. Y en segundo lugar, que el propio Nicolás Maduro, siendo canciller en 2009, frente al quiebre democrático en Honduras él mismo solicitó al secretario general de la OEA la activación de la Carta Democrática para ese país. Es decir, estamos solicitando lo mismo para Venezuela hoy, frente a una situación similar por la cual Nicolás Maduro solicitó la Carta Democrática en 2009”, comentó el coordinador general de Provea.
Sobre el juicio político al Presidente o declararlo en ausencia de sus funciones, que son algunas medidas acogidas por la Asamblea Nacional, tanto el Provea como el Laboratorio de Paz aclaran que se distancian de esa discusión.
“No es la decisión más afortunada, no está en la Constitución, no tiene asidero real en la legislación venezolana, puede servir para catarsis, para traer unos temas a colación que no se discuten a nivel nacional pero creemos que esta no es la vía, la vía es la exigencia de un pronunciamiento que permita la restitución del derecho al voto”, expresó Lexys Rendón.
Sería algo simbólico, dice Mayda Hocevar a título personal. Para ella, el Gobierno tiene la pelota en sus manos. Son ellos los que tienen que restituir el calendario electoral.
“No pueden paralizar un proceso completo de participación política, el Gobierno no puede seguir insistiendo en esta vía porque es la vía de la violencia. Las vías pacíficas, legales y constitucionales las estás cerrando y ahogando la libertad y expresión. Eso trae explosión y desequilibrios sociales. Es inexplicable que el gobierno opte por esa vía, creo que ningún Gobierno quiere una situación violenta y de gran conflictividad social»
«Lo que está pasando en Venezuela es una ruptura de la legalidad. Las leyes son las reglas del juego de una convivencia pacífica, si el Gobierno rompe la legalidad, rompe la convivencia pacífica”, agrega la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA.
«El juicio político no es la decisión más afortunada. Puede servir para catarsis, pero creemos que no es la vía”
“Absolutamente necesario”
En lo que sí hay unidad de criterios entre las organizaciones de derechos humanos consultadas (Provea, Cofavic, Laboratorio de Paz, Cepaz y Observatorio de Derechos Humanos de la ULA) es en la importancia del diálogo y de encuentro que pueda concretarse entre representantes del Gobierno y de la oposición. La directora de Cepaz, Beatriz Borges, sostiene que el diálogo siempre debe privar, aunque se esté en la situación más conflictiva tiene que haber espacios de diálogo. “Esa es la única manera de poder construir escenarios donde podamos vivir juntos, la única forma de poder construir es conversando”.
Si bien ese diálogo tiene que partir con el reconocimiento del otro, con tolerancia, sin negociar el respeto a la Constitución ni negociar los derechos humanos, debe tenerse en cuenta que las condiciones para dialogar hoy son muy distintas a las planteadas antes del 20 de octubre. “Hoy es absolutamente necesario”, dice tajantemente la coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.
Pero además, la presencia de un representante del Vaticano, también le da otro cariz a al encuentro y otra resonancia.
“No puede ser que en Venezuela hayamos llegado al punto de que, de lado y lado, el sentarse a conversar pareciera que es perder una batalla. No es así. Pidamos como venezolanos que se sienten a conversar. Además, el Vaticano no actúa como mediador en cualquier circunstancia sino cuando hay una muy seria, cuando hay una situación importante, y hay que ser conscientes que el país vive una hora muy difícil. Cuando el vaticano dice que debe ser un diálogo efectivo, serio y con valentía es porque ese es el mecanismo para que sirva, de lo contrario no solo está condenado al fracaso, sino que puede aumentar el dolor que vive el país”, manifestó la fundadora de Cofavic, Liliana Ortega.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: patricia@larazon.net
