En 2016 el aporte gubernamental para el sector alimentario ha sido de 3.323.532.958 bolívares menos que en 2015, según estudios realizados por Transparencia Venezuela
Kevin Hernández
El Gobierno pasó de destinar al sector alimentario 13.130 millones de bolívares en 2015 a 9.806 millones de bolívares en 2016, una reducción de 25,31% con respecto al año anterior pero de 75% si se le compara con la inflación registrada en 2015 por el Banco Central de Venezuela, de 180,9%.
Los datos fueron dados por Carlos Rodríguez, coordinador de finanzas públicas de Transparencia Venezuela, en una rueda de prensa sobre los Comité Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) y la crisis alimentaria existente en el país.
Rodríguez explicó que el monto asignado para la compra de alimentos del año 2015 y 2016 se divide en cinco rubros: productos alimenticios y agropecuarios, alimentos y bebidas, alimentos para animales, productos agrícolas y pecuarios, y otros productos alimenticios y agropecuarios.
Señaló que existen inconsistencias a nivel de presupuesto en el sector alimentación, debido a que el subsidio que da el Gobierno a un grupo de venezolanos a través de la «Gran Misión Hogares de la Patria» -un total de Bs. 52.200.000.000- representa 432% más de lo que establece la Ley de Presupuesto 2016 para la adquisición de alimentos (un monto total de Bs. 9.806.729.308).
Con base en esto, Rodríguez afirmó que el Ejecutivo no tiene como prioridad el tema de los alimentos. “Los economistas decimos: en donde destines el dinero es lo que tú realmente quieres hacer”.
Señaló que la crisis actual se debe a la corrupción que se produjo cuando en años anteriores se comenzó a comprar productos de mala calidad para venderlos con sobreprecio, o cuando permitían que toneladas de alimentos se descompusieran en los puertos.
Aclaró que los datos que la institución maneja son cifras que el mismo Gobierno da a conocer al público.
Violan los derechos humanos
Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y presidenta de la comisión especial encargada de investigar y documentar las violaciones de derechos humanos con motivo de las protestas por hambre, enfatizó que los Clap forman parte de un “plan político estratégico” para controlar a la población.
Magallanes aseveró que de acuerdo a distintas denuncias de dirigentes vecinales y comunidades de todo el país, el Estado vulnera el derecho a la alimentación contemplado en el artículo 305 de la Constitución nacional, al no garantizar la posibilidad de conseguir los productos en los establecimientos, y que los Clap solo han sido un mecanismo de discriminación en lugar de una solución viable al problema actual.
Además, los Clap también vulneran otros principios constitucionales como el derecho a la salud, la soberanía y seguridad agroalimentaria, y la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos.
En informe elaborado por la comisión especial está listo para ser presentado en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, informó Magallanes, pero aún no hay fecha definida.
