La reforma electoral planteada por el PIEV trata de exponer el establecimiento de un marco normativo que evite la discrecionalidad y la manipulación a favor o en contra de determinado proyecto político en unos comicios
Enrique Meléndez
El Proyecto Integral Electoral Venezuela (PIEV), que agrupa las propuestas para una reforma electoral hechas por nueve organizaciones en conjunto con investigadores del Centro de Estudios Políticos (CIAP) de la UCAB, fue presentado el pasado 27 de septiembre ante la sociedad civil y será llevado a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional en los próximos días.
La presentación quedó a cargo del profesor Benigno Alarcón, director del CIAP, que señaló que el proyecto de reforma había contado con la aprobación de dos de los técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Alarcón hizo ver que el país está en una transición sin un camino definido, porque no siempre se impone la voluntad de las fuerzas democráticas y muchos factores intervienen a favor de aquellas voluntades que quieren perpetuarse en el poder e imponer una autocratización del Estado. “Sobre eso hay muchos estudios que demuestran que, en la medida en que los gobiernos autoritarios se autocratizan, terminan estabilizándose”, agregó.
En ese sentido, el director del CIAP considera que lo que ve en Venezuela es un proceso hacia la autocratización. Ya que además del proceso revocatorio, que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha solicitado contra el presidente Nicolás Maduro, también está pendiente la elección de los gobernadores. Bajo su perspectiva, el gobierno se sabe perdedor y por esa razón no ha anunciado ni siquiera un calendario electoral que permita saber cuándo se celebrará.
“Vemos que cuando hay un derecho establecido en la Constitución a revocar todo mandato que sea elegido, a la revocatoria de ese mandato se le han colocado cualquier gran cantidad de obstáculos para que no se pueda dar. Hemos tenido también amenazas del cuestionamiento de la existencia legal de algunos partidos políticos”, destaca Alarcón.
Para el hombre a la cabeza del CIAP, Venezuela es considerada como un caso híbrido en el mundo de las naciones y si el gobierno diera el paso de comenzar a ilegalizar partidos estaría marchando hacia un régimen de partido único.
Al referirse al proyecto de reforma, Alarcón afirmó que un país que aspira a una transición democrática pacífica necesita corregir sus reglas electorales. Reparó además que Venezuela es un país en una situación de destrucción total de sus instituciones y de ruina económica.
“El PIEV tiene que ver con aprovechar este momento. Si el país pierde este momento, lo estamos perdiendo todo al final del día. Creo que en este proyecto porque trata de ser la transición desde un ángulo mucho más integral, que incluye lo electoral, pero que no se agota en lo electoral”, destaca.
La integridad electoral es un ciclo
“El proceso electoral no es sólo el día de la votación. Nosotros hemos insistido en esto. Es fundamental entender que el proceso electoral empieza desde las leyes, pasando por los procedimientos electorales, los planes de esas elecciones, el registro de votantes, el registro de partidos, la campaña electoral, el financiamiento de los partidos, los procedimientos de votación, el conteo de los votos, los resultados y el destino de esos resultados, así como el despeje de dudas, si es que hay un reclamo”, explica Juan Manuel Trak, coordinador del PIEV.
“Estamos en el contexto de un conflicto, no sólo económico y social sino también político e institucional. Un proceso en el que se ha ido autocratizando lo que era un régimen autoritario competitivo, al perderse la integridad electoral”, precisa Trak.
En tal sentido asintió que se observa un deterioro significativo de las condiciones electorales en los dos últimos años y que se toman decisiones alejadas de la legalidad y contrarias a la Constitución. En su análisis, se ve que el órgano electoral toma decisiones que no responden a lo que está escrito en esas mismas leyes o lo que está establecido en la Constitución.
Con miras a largo plazo
“En este contexto, una reforma electoral viene a ser un elemento importante, no sólo en el panorama político en el corto plazo, en términos del referéndum revocatorio, sino también pensando en el largo plazo, con el establecimiento de un conjunto de normas y reglas, que permitan a los ciudadanos en futuras elecciones, tener la garantía de que van a celebrar unas elecciones con equidad, justicia; sin ventajismos, y con la mayor posibilidad de participar”, finalizó.
Por su parte, Miguel Ángel Torrealba, responsable de la parte jurídica de las propuestas del PIEV, advirtió que la propuesta tiene como premisa procurar condiciones para realizar procesos electorales competitivos, que infundan confianza en los procesos comiciales, tanto para los electores como para los actores directa o indirectamente involucrados.
“La reforma apunta a procurar el cumplimiento de principios y valores constitucionales: la certeza, la estabilidad, la transparencia y la integridad en el proceso electoral, que están plasmados en el ordenamiento jurídico”.
Agregó que dentro de los aspectos fundamentales de la propuesta, se plantea la necesidad de un marco jurídico que sea aplicado de manera justa y equitativa, que debe ir acompañado además de un conjunto de reformas institucionales, porque el marco jurídico y el marco constitucional tienen algunas limitaciones.
Torrealba también aseguró que hay que diseñar una legislación que evite cualquier tipo de manipulación en las etapas del ciclo electoral, tal como han señalado algunos representantes de la MUD que ocurre respecto a la solicitud del referéndum revocatorio. Es por esta razón que, a su parecer, la reforma trata de exponer con mayor claridad el establecimiento de un marco normativo que evite la discrecionalidad y la manipulación a favor o en contra de determinado proyecto político dentro de un proceso comicial.
“Tenemos que diseñar una legislación que sea la primera línea de defensa, frente a los intentos de cualquier actor político, social o económico de tomar ventaja o de tergiversar el proceso electoral”, destaca Torrealba.
Relató además que la reforma aborda la elección de los rectores del CNE, la institucionalidad de la administración electoral, los órganos y organismos electorales subalternos y la preparación de los integrantes de estos últimos organismos. De modo que el día de la votación, el acto se lleve a cabo de la manera más idónea posible.
Al referirse al tema de la campaña electoral, lo calificó como el más álgido de las propuestas de reforma. De modo que aquí estará planteada también la necesidad de lograr un adecuado equilibrio, que garantice el acceso a los medios de todos los actores políticos.
La reforma también abarca aspectos como el del tiempo que ha de regir para la jornada electoral, la participación del Plan República, el voto de los venezolanos en el exterior, las garantías post-electorales del sufragio y comprendería la resolución de conflictos, a partir de la revisión y nulidad de actos electorales en los que se detecte alguna irregularidad.
