Aceptar un diálogo de la forma como el Gobierno lo viene planteando, sería poco menos que convalidar un estado de cosas que afecta gravemente la vida institucional del país
Oscar Battaglini
El diálogo y la negociación política son parte inherente de la lucha política. Esta es una verdad que ha sido confirmada, sino por todos, por la inmensa mayoría de los conflictos políticos que han tenido lugar a lo largo historia de las sociedades humanas.
No obstante la relevancia que esto tiene, con mucha frecuencia se ha utilizado con intenciones torcidas y manipuladoras.
En nuestro país, este es en la actualidad el uso que el madurismo le ha dado a la posibilidad de que los factores políticos en conflicto se pongan de acuerdo para hallarle una salida pacífica y constitucional al conflicto en referencia.
Aquí se da el caso de un Gobierno que un día viola de manera flagrante la Constitución; deja sin efecto el derecho del voto; declara inexistente a la Asamblea Nacional electa por el voto mayoritario de los venezolanos; desarticula todo el ordenamiento legal y constitucional del país; y al siguiente día, amanece hablando de la necesidad de entablar un diálogo para llegar a acuerdos con la oposición sin que se establezca ningún tipo de condicionamiento para ello.
Es indudable que en esos términos no es posible que pueda darse ninguna fórmula de acuerdo para adelantar un diálogo que restablezca en el país el normal desarrollo del juego democrático.
Lo que quiere decir que, aceptar un diálogo de la forma como el Gobierno lo viene planteando, sería poco menos que convalidar un estado de cosas que afecta gravemente la vida institucional del país, y que en nada favorecería la urgencia que esta tiene de restablecer el orden constitucional quebrantado.
En consecuencia, si en verdad se desea o se quiere un diálogo reparador, es necesario establecer condiciones mínimas que lo hagan posible y creíble.
En esto, es al Gobierno al que le corresponde dar muestras efectivas para que eso sea así; que disipen las dudas que actualmente existen acerca de sus reales intenciones.
En tal sentido, el Gobierno debe en primer lugar, ajustar su actuación política en general a los contenidos de la Constitución de la República; en segundo lugar, que esa actuación implique la restitución absoluta de la separación y la autonomía de los poderes públicos; el cese inmediato de la persecución política y del encarcelamiento arbitrario de dirigentes políticos de oposición; que se le ponga fin al hostigamiento y al cerco que el Gobierno le ha hecho a la Asamblea Nacional por medio del TSJ, etcétera.
Sólo mediante el cumplimiento de estas exigencias, demostraría el madurismo su disposición de marchar hacia la normalización democrática y la estabilización de la vida política nacional.
Es evidente que los factores políticos extranjeros que en estos momentos hacen de facilitadores del diálogo en Venezuela, están llamados a jugar un importante papel en la tarea de convencer al gobierno chávezmadurista, de la necesidad de satisfacer dichas exigencias, si es que realmente está interesado en comprometerse con una política de diálogo que contribuya a abrir caminos para la superación de la crisis general que golpea a la sociedad venezolana, en paz y mediante procedimientos apegados al fiel cumplimiento de lo pautado en la Constitución de la República.
En relación a esto es necesario tomar en cuenta –sea cual fuere el curso que tomen las nuevas iniciativas en torno a la posibilidad de un diálogo entre el Gobierno y la oposición- que esta no debe por ningún respecto, dejar de lado la actividad dirigida a denunciar ante la opinión general del pueblo venezolano la grave crisis por la que atraviesa nuestra sociedad.
En particular debe intensificarse la denuncia:
1.- Sobre el quiebre que se ha producido del orden constitucional, del estado de derecho y de la democracia como sistema político en Venezuela.
2.- Sobre la grave situación económica que nos aqueja.
3.- Sobre la creciente militarización y las amenazas a que estamos siendo sometidos por Padrino López y la fuerza armada chavista.
4.- Sobre el incremento de la represión política practicada sistemáticamente por la policía política del régimen madurista, por la fuerza armada chavista y por los mal llamados colectivos, etcétera.
Sería muy bueno para el país que el Gobierno de Maduro se decidiera a dar pasos efectivos en la dirección aquí señalada, pero por lo que ya sabemos –por la experiencia de los 18 años del chavismo en el poder- es muy difícil pensar que este vaya a actuar de acuerdo a tales señalamientos.
Lo previsible en todo caso es que el Gobierno se reafirme –por un lado- en el desarrollo de su política autoritaria (represiva y antidemocrática) contraria por su contenido a hacer cualquier tipo de concesiones a su contraparte; y por el otro, en su posición de continuar haciendo expresión de una política de diálogo perversamente farsesca, que lo que persigue en realidad es ganar tiempo en espera de un milagro que lo salve de la debacle (aumento de los precios del petróleo) a la que ha sido condenado fatalmente por la indeclinable y soberana voluntad del pueblo venezolano.
De todas maneras, es necesario convenir en que cualquier planteamiento acerca del diálogo entre las partes en conflicto, es una buena idea.
De ahí que la oposición debería proponerse tomarle la palabra al madurismo gubernamental y exigirle que contribuya creando las condiciones mínimas que lo hagan posible para bien de la nación venezolanas.
Este es un planteamiento que debe pasar en lo inmediato, a formar parte de las propuestas que la oposición viene impulsando en el Parlamento y en las manifestaciones de calle.
Además de que eso serviría para desenmascarar la falsa política de diálogo que el Gobierno viene exprimiendo en su propaganda. Esta es una buena manera de evitar que el chávezmadurismo siga manipulando con el tema del diálogo político planteado.
