El decreto del 14 de enero ha sido aprobado por el Ejecutivo unilateralmente hasta en cuatro oportunidades
Oscar Battaglini
De acuerdo a lo pautado en los artículos 337 y 338 de la Constitución vigente, el Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción y los estados de emergencia económica ante circunstancias que así lo justifiquen.
En relación a este último (Art.338) se establece igualmente que su duración “será de hasta 60 días prorrogables por un plazo igual”.
Al mismo tiempo se estipula en este artículo que los estados de excepción durarán hasta treinta días siendo prorrogables hasta por 30 días más.
Finalmente se establece en este mismo artículo, que la aprobación de la prórroga de ambos procedimientos le corresponde a la Asamblea Nacional.
Cuando se revisa el uso que ha hecho el régimen madurista de su decreto actualmente vigente, sobre el estado de excepción y de emergencia económica, se evidencia muy claramente que la verdadera intencionalidad de dicho decreto no fue la de atacar y resolver la problemática socio-económica dramáticamente que agobia la vida de los venezolanos, sino la de evitar los controles que la Constitución con carácter de exclusividad, le otorga a la Asamblea Nacional en esta materia.
La confirmación de que esto ha sido así, está en la forma torcida y violatoria de la Constitución, como el madurismo ha aprobado e implementado el mencionado decreto.
Pero no sólo es que éste no ha servido para resolver los graves problemas socio-económicos que padece el país, como por ejemplo la significativa caída de la producción agrícola e industrial; el problema de la inflación y el desabastecimiento de alimentos y medicinas, etcétera, sino también la forma en que dicho decreto ha sido aprobado y prorrogado en el tiempo.
Ese decreto que fuera aprobado el 14 de enero, ha sido aprobado por el Ejecutivo unilateralmente hasta en cuatro oportunidades sin que se haya cumplido con el mandato constitucional de que sea la Asamblea Nacional la que autorice o no su prorrogación.
En esto se ha puesto una vez más de manifiesto la tendencia arraigada e inherente del régimen chavezmadurista de actuar al margen de la ley y la Constitución de la República, lo que hace de él un régimen delictivo (forajido) completamente descalificado ante la comunidad nacional e internacional.
Pero la violación de la Constitución se ha producido también abierta y flagrantemente en el ámbito de los derechos políticos y de los derechos humanos en general.
En esa combinatoria de emergencia económica con estado de excepción, el gobierno madurista, al mismo tiempo que ha restringido garantías, derechos económicos y sociales de la ciudadanía, ha violentado los derechos políticos consagrados por la Constitución Nacional (Art. 337) como intangibles (intocables), tal es el caso del encarcelamiento de personas y dirigentes políticos de la oposición por razones ideológicas (los llamados presos de conciencia) o por ejercer el derecho de manifestación pública de manera pacífica.
Se sabe que muchos de estos presos han sido objeto de incomunicación, de torturas y de otros maltratos que han sido expresamente abolidos por las regulaciones que norman constitucionalmente los estados de excepción.
Todo indica que esta última prorroga tampoco arrojará ningún resultado que contribuya a la solución de los graves problemas socio económicos que padece a la sociedad venezolana.
En esto es obligatorio entender que con las medidas implementadas por el gobierno no será posible ni siquiera aliviar la situación planteada si al mismo tiempo no se pone en práctica un plan general de crecimiento y desarrollo sostenido de la producción global de la economía nacional, como la vía idónea para vencer las dificultades y suplir las carencias existentes.
Paralelamente al cumplimiento de ese plan debe implementarse una política de importaciones masivas con el fin de atender las necesidades más urgentes actualmente planteadas.
Hasta ahora lo único efectivo que ha hecho el gobierno para atender esta emergencia, es poner en ejecución el reparto de unas bolsas de comida entre sus adherentes, a través de los llamados CLAP, que han actuado más como un paliativo, que como una solución real del problema, y que al finalmente lo que ha servido es para que se beneficien quienes están al frente de su distribución, que han la han convertido en un suculento negocio mediante el que estos “camaradas” revenden las bolsas, cuyos precios están estipulados entre 2.500 y 5.000 Bs, en 10.000 y hasta en 15.000 mil Bs, cuando no son desviadas para ser vendidas por los bachaqueros con precios altamente especulativos.
Un hecho notorio que ocurre en distintos lugares del país, como la conocida Cesta Petare, al este de Caracas.
Es la incapacidad demostrada una vez más por el chávezmadurismo, para conducir acertadamente los asuntos económicos del país, y la obsesión contumaz por darle continuidad a un modelo económico (por llamarlo de alguna manera) supuestamente socialista, por cuanto no va más allá de una simple estatización capitalista de la economía, lo que ha determinado su comportamiento en el curso de los 18 años que el chávezmadurismo lleva en el poder.
En eso radica –sin ninguna duda- la causa básica de los males económicos y sociales que la nación venezolana ha padecido en este período de su historia.
No parece posible que el chávezmadurismo vaya a cambiar el curso de esa política en el poco tiempo que aún le queda.
Lo previsible en todo caso es que se mantenga en esa posición a pesar del agravamiento de la situación y el descontento social cada vez más en aumento.
Lo cual es indicativo de que nada bueno podemos esperar los venezolanos de la permanencia del chávezmadurismo en el poder; de ahí la necesidad imperiosa de su salida como la condición sin la cual el país no podrá retomar el camino de la recuperación y de la normalización de su funcionamiento como sociedad civilizada.
Son muchas las batallas que hay que librar para que esto se produzca. Sólo la determinación de la inmensa mayoría de los venezolanos de poner término a la aberración chavista lo hará posible en el breve plazo.