Lo más probable es que en enero de 2017 estallen nuevamente los conflictos, pero sin referendo revocatorio, porque este quedó muy malogrado
Jesús Silva R
2016 será recordado como el año de la guerra constitucional en Venezuela. Todo comenzó cuando la oposición venezolana ganó las elecciones parlamentarias y asumió las riendas de la Asamblea Nacional en enero para ejercer un mandato de cinco años; dicha victoria ocurrió como consecuencia directa de una grave crisis económica que sigue vigente en el país y que amenaza con favorecer nuevamente a las fuerzas del antichavismo en el plano electoral.
A partir de que la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional, estalla una confrontación institucional en la cual el Poder Legislativo ha pretendido destituir al Presidente de la República y a los máximos representantes de los demás poderes públicos del Estado tales como el Judicial, Electoral y Ciudadano, sin embargo la Constitución no le da autoridad al Parlamento para implementar esas acciones
Es así que entre las muchas acciones fraudulentas intentadas por la oposición desde el Parlamento, se destacó una reciente simulación de juicio político contra el Presidente Nicolás Maduro, a pesar de que este procedimiento tampoco existe dentro de la Carta Magna y por lo tanto el Poder Legislativo no podrá aplicar ninguna sanción, mucho menos una destitución.
Las circunstancias indican que esta torpe maniobra (todavía latente) del parlamento opositor pretende hacer creer a la comunidad internacional que en Venezuela pueden ocurrir los mismos efectos de aquel “impeachment” en Brasil que culminó con la controversial destitución de la presidenta Dilma Rousseff en manos del Congreso.
Semanas atrás advertí que en la práctica la Asamblea Nacional se autodisolvió debido a su desacato contra una sentencia cautelar del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe incorporar como diputados a tres personas que no lo son dado que existe un juicio pendiente sobre fraude electoral en la región de Amazonas.
Ante la presencia de estos impostores en la institución legislativa, nace la nulidad absoluta de sus discusiones y decisiones, tal como lo ha establecido recientemente mediante sentencia específica el propio máximo tribunal venezolano.
No obstante, una aparente desincorporación de estos falsos legisladores hace días permite creer que la directiva parlamentaria desea retomar la legalidad.
En varios medios he fijado el criterio de que no habiendo actualmente un parlamento facultado para legislar válidamente, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien subsana este vacío llamado omisión legislativa prevista en el artículo constitucional 336 numeral 7.
Ahora bien, es menester subrayar la situación de inconstitucionalidad a que la propia Asamblea Nacional ha provocado contra sí misma al ensayar acciones no previstas en la Carta Magna venezolana, esto acontece con empeño de perpetrar un golpe parlamentario.
Semanas atrás el Parlamento venezolano ha amenazado con aplicar el artículo 233 constitucional a fin de declarar que el Presidente ha abandonado el cargo, aprovechando que el Poder Legislativo tiene formalmente esta facultad.
Obviamente con esto se buscaría activar la falta absoluta del Presidente y un llamado a elecciones presidenciales en 30 días.
Sin embargo, la lógica indica que mal puede ser válida tal declaración de “abandono del cargo” porque se basa en un hecho falso y la Sala Constitucional del supremo tribunal venezolano con certeza anulará inmediatamente tal declaración en aras de impedir un fraude contra la Constitución, pues resulta público y notorio que el presidente Maduro se mantiene activo ejerciendo todas las funciones inherentes a su cargo.
Como episodio de tregua en este escenario impredecible de enfrentamiento, actualmente se desarrolla una mesa de diálogo entre Gobierno y oposición con el acompañamiento de la Santa Sede y Unasur, de allí se espera que surjan acuerdos amistosos entre las partes para alcanzar soluciones constitucionales y democráticas al agudo conflicto político planteado en este país.
Aunque lo más probable es que en enero de 2017 estallen nuevamente los conflictos, pero sin referendo revocatorio, porque este quedó muy malogrado en 2016.
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