Venezuela es gobernada hoy por un presidente que tiene más del 80% de rechazo y no es aceptado ni siquiera por sus propios copartidarios
Humberto González Briceño
Venezuela es un estado que se derrumba. Literalmente se cae a pedazos. La implosión del Gobierno y sus políticas arrastra a todo el país a un proceso acelerado de desmantelamiento del Estado y sus instituciones. Esta situación es caracterizada por políticos y analistas como un Estado fallido.
En esencia, un Estado fallido es aquel que fracasa en forma reiterada en su misión de garantizar los derechos fundamentales a sus ciudadanos. Los elementos definitorios de un Estado que no puede cumplir con su misión son: 1.- Incapacidad para proteger el derecho a la vida y la propiedad; 2.- Pérdida de legitimidad de las instituciones; 3.- Incapacidad para garantizar los servicios básicos; y 4.- Incapacidad para interactuar con otros Estados miembros de la comunidad internacional.
En Venezuela el Gobierno con todo su aparato militar y policial no garantiza la protección a la vida de los ciudadanos y sus propiedades. Los venezolanos son víctimas tanto de la violencia delincuencial como de la violencia oficial perpetrada por funcionarios policiales y militares. El régimen es impotente para combatir a los delincuentes en la calle. Las fuerzas represivas han quedado para reprimir la protesta social y realizar ejecuciones sumarias con el pretexto de combatir la criminalidad.
El derecho a la propiedad tampoco está garantizado como se ha visto recientemente, no solo con los saqueos de comercios que han contando con la mirada benévola del régimen. También el Gobierno está saqueando dinero efectivo de los ahorristas y propiedades de los ciudadanos para cubrir su déficit de flujo de caja.
La negación de cualquier salida política a la crisis, la cancelación del referéndum revocatorio y la suspensión arbitraria de las elecciones regionales ha minado la legitimidad del Gobierno y sus instituciones. Venezuela es gobernada hoy por un presidente que tiene más del 80 % de rechazo y no es aceptado ni siquiera por sus propios copartidarios. Sin embargo, a pesar de este rechazo el presidente sigue al frente del Gobierno en forma ilegítima dirigiendo personalmente acciones para secuestrar las funciones de otros poderes públicos como el Judicial y el Electoral.
Tampoco el Gobierno venezolano ha podido garantizar servicios básicos como la salud. La crisis de los hospitales y la falta de medicinas se traducen en un incremento de ciudadanos fallecidos por culpa de un Estado que no cumple con sus funciones. Ni siquiera el derecho a la comida está garantizado, lo cual se aprecia en la grave situación de escasez de alimentos que afecta a todo el país y la cual ha degenerado en saqueos.
La incapacidad de Venezuela para interactuar con otros Estados se revela en la improvisación de sus políticas con Colombia. El vacío de Estado ha llevado al régimen venezolano a pedirle al Gobierno colombiano que intervenga para que le ayude a resolver los problemas de escasez de comida y contrabando de billetes de Bs. 100 entre otros. El Gobierno ha cerrado y abierto la frontera con Colombia a capricho creando una grave situación de inestabilidad social y económica en la región.
No es casual que el centro de estudios Fund For Peace haya ubicado a Venezuela en la categoría de “High Warning” (muy preocupante) como Estado fallido. El Gobierno bolivariano ha conquistado a sangre y fuego la oprobiosa posición número 63 en la lista de estados fallidos del mundo. Ese dudoso honor solo ha sido posible en socialismo.
Solo un cambio político democrático inmediato que relegitime las instituciones y renueve el fracturado contrato social podría detener el inminente colapso del Estado venezolano.
