Roberto Briceño León: “Los pobres padecen más la violencia”

Este último año observamos un empobrecimiento generalizado y un aumento de la irritabilidad asociado a esta caída de los ingresos. Aparecieron los delitos y la violencia vinculada al hambre. Antes los robos estaban vinculados con artículos de consumo suntuario, ahora un delincuente que roba por dos pollos o dos kilos de arroz está mostrando otro rostro de la situación. Estos son los llamados hurtos famélicos.

Pero además los homicidios no han dejado de aumentar. Los datos de 2016 dicen que tuvimos 28.479 personas fallecidas como muertes violentas, para una tasa de 91,8 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra engloba tres categorías: primero los homicidios que son reconocidos por la estadística oficial, en los que ha habido una acusación y abierto un expediente, que suman unos 18.330 casos; hay otros individuos que fallecen de una herida de bala pero que no son considerados como homicidios y quedan en una categoría que se llama “averiguaciones de muerte”, que para 2016 calculamos 4.968 casos que están en esta categoría de muertes violentas por armas de fuego o armas cortas; y en tercer lugar está la categoría de resistencia a la autoridad, que son los casos en los que la persona fallece por acción de la policía o de cuerpos militares. Allí hay 5.281 casos.

«vivimos en una sociedad en la que la violencia no está exenta del impacto de la crisis económica»

Hay que entender que vivimos en una sociedad en la que la violencia no está exenta del impacto de la crisis y de las dificultades económicas, de la crisis de la democracia y el modelo político. Al final uno convive con las decisiones de políticas públicas como los mecanismos de distribución de alimentos, y si estos se vuelven violentos así será la respuesta de la ciudadanía.

La aparición del delito por hambre no solo incluye a quienes roban alimentos por desesperación, sino también al vinculado a las mafias que empiezan a controlar la distribución, la designación de puestos en las colas y los saqueos que se han repetido este año. Algunos más notorios como los ocurridos en Cumaná en junio, en San Cristóbal en julio y en Ciudad Bolívar en diciembre. Si bien dentro de los saqueos hay delito organizado y hay delincuencia, también hay una necesidad y una carencia, eso no tiene otra explicación que la desesperación de la gente, el hambre y el sentimiento de injusticia ante largas colas que tienen que hacer para poder comprar algo o nada.

Un delito no violento como el hurto, que se encontraba estancado o incluso en declive, ha venido en aumento. La única explicación que tiene ese incremento en los hurtos es la expresión de este nuevo delito amateur en las personas que no son delincuentes. Esto provoca una generalización del delito que es muy peligrosa, porque esos delincuentes no profesionales pueden, de reiterarse en esta actividad, asumir lo que en criminología se admite como la identidad del delincuente. En el momento que se reconocen a sí mismos y se aceptan como delincuentes pueden pasar a ser criminales profesionales e ingresar a cometer delitos de mayor envergadura.

Si bien se han mantenido las muertes, los robos, hurtos y secuestros, tres rasgos marcaron al delito en el 2016. En primer lugar el delito se hizo más violento. Eso puede encontrarse en el uso de armamento de alto calibre, la utilización de granadas, de armas de guerra más poderosas y letales que permiten más presencia del delito. Pero también la respuesta policial y militar se hizo más violenta, a través de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) o de ejecuciones extrajudiciales de la policía que luego dicen que son de la OLP. En tercer lugar encontramos un rasgo muy importante en el incremento del delito amateur, personas que no son delincuentes profesionales y que cometen delitos, que roban y que delinquen de diferentes maneras.

Han existido cuatro tipos de respuesta ciudadana a la violencia en 2016. Primero se generalizó el miedo y la pérdida de libertad por parte de la población. Esto se ve en el hecho de que las ciudades se vacían, las personas se regresan temprano a las casas, los comercios cierran antes y las universidades y los centros de estudio dejan de dar clases en las noches, es decir, hay un proceso de inhibición y retraimiento de la población y de pérdida de libertades.

«Las personas se mudan del barrio en el cual viven porque tienen temor a ser víctimas»

También notamos un importante impacto en el desplazamiento de la población, un fenómeno que era desconocido en el país. Las personas se mudan del barrio en el cual viven porque tienen temor a ser víctimas, se mueven de ciudad y los que tienen un poco más de recursos o de coraje se mueven de país. En este sentido, una parte importante de la emigración venezolana, que ya no es solo profesional sino obrera, tiene que ver con las condiciones de violencia. Los observatorios regionales han registrado cambios notables en los estudiantes inscritos en las escuelas, que es el indicador que podemos tener de población desplazada.

Luego, la justicia por mano propia se ha acelerado y se ha acrecentado. Observamos un incremento significativo en los linchamientos y los rasgos que estos tenían han cambiado. Históricamente, los estudios que por más de 10 años habíamos hecho de los casos de linchamientos presentaban como víctimas a individuos que habían cometido crímenes horribles, violaciones, asesinatos de niños. Pero lo que hemos encontrado este año es que las personas que han sido linchadas son delincuentes amateurs que cometen delitos comunes, que hurtan, e incluso personas inocentes. Los registros que tenemos nos indican que en el país, en el año 2016, se presentaron un promedio entre 1 y 3 linchamientos cada semana.

Y en cuarto lugar notamos el crecimiento de las muertes por encargo o el sicariato. Algunas personas toman la justicia en sus propias manos y linchan y otros deciden encargarlo, bien sea para amenazar, para entrar en negociaciones o por una venganza. Los factores de la economía de ilegalidad e informalidad impiden recurrir a los tribunales e impiden pensar que una persona que tiene una deuda la va a poder cobrar por mecanismos legales, entonces lo resuelven por la peor vía. Nuestros estimados para 2016 es que se tienen entre 1 y 4 asesinatos por encargo cada semana.

No podemos determinarlo con certeza, porque buena parte de ese desplazamiento se combina con motivaciones económicas, entonces no es fácil establecer un número. Lo que notamos es a través de las entrevistas con las personas que dicen que han sacado a sus hijos de lugares peligrosos, incluso de personas que abandonan sus casas en condiciones muy dramáticas por temor a ser víctimas. Con sólo haber visto un asesinato se convierte en alguien peligroso por lo que tiene que moverse. No tenemos la cantidad de Colombia, donde llegó a haber millones de desplazados, pero está iniciando un proceso importante que ya se viene consolidando.

Hay comunidades en las que hemos logrado detectar entre 10% y 12% de familias que han tenido que mudarse, muchas de ellas vinculadas a lo que se conoce como las zonas de paz o zonas de violencia muy alta. En algunos casos se mudan por unos meses, en otros no tienen como mantenerse viviendo en otro lugar y se ven obligados a regresar, pero lo notamos como un fenómeno que era muy esporádico y que ahora es muy recurrente en todos los estudios e investigaciones.

Siguen estando las dos. Obviamente, el riesgo de no comer hoy o la urgencia de la comida de esta semana es mucho más clara y más evidente que los riesgos de ser víctima de un delito cualquiera. En ese sentido la gente puede tender a darle prioridad en su acción a los alimentos pero yo creo que la violencia y los homicidios se mantienen como una preocupación muy grande por parte de la población y se manifiesta diariamente. Lo que pasa es que la gente puede intentar evitar el riesgo de la violencia no saliendo de noche pero no puedes evitar tener hambre, entonces hay tensiones difíciles que inclusive generan una mayor violencia. La inseguridad en Venezuela está relacionada tanto con la situación económica de inflación y escasez como las relaciones políticas en general, todo el sistema de justicia penal, el TSJ, la separación de poderes; porque al final esas son las reglas del juego y si la sociedad te dice que las reglas del juego no son importantes aumenta la impunidad y el delito se hace más descarado.

Las cifras indican que más del 80%, pudiéramos decir que el 84% de las víctimas de homicidios, son hombres pobres menores de 19 años. En el caso de los secuestros prácticamente la mitad los padecen personas pobres. Vemos cómo un delito que parecía ser de clases más ricas afecta también a los más necesitados. Esto es porque en las zonsa de barrios hay desprotección de las autoridades y desprotección policial, no existen los mecanismos del estado de derecho, es muy extraño que se llame a la policía y esta llegue. En esas condiciones los barrios son más vulnerables. Nosotros queremos insistir en que esto no es que los pobres sean más delincuentes, sino que los pobres padecen más la violencia.

«en las zonas de barrios hay desprotección policial»

Sí están, existe una concentración de las dos cosas. Solamente que los victimarios son muy pocos. Uno puede decir que en un barrio un 1 % o 2 % son delincuentes, mientras el otro 98 % son gente honesta, trabajadora, que padece y sufre a este 2 %. Aunque muchas veces esos delincuentes no roban en su barrio sino que lo hacen en el de al lado, las personas de su propio sector no identifican a ese 2 % que vive en el barrio.

Pero también ocurre una condición muy perversa que se da en el país, y es que los delincuentes de la zona protegen a ese barrio del 2 % del barrio de al lado que lo va a venir a robar y asaltar, entonces las bandas se convierten en la única defensa que tiene el sector ante la carencia del Estado y de la protección policial, como un círculo vicioso.

«Dejaron de esconderse y huir y empezaron a hacer ataques a las sedes policiales»

Básicamente lo que uno encuentra es que tienen más recursos porque están obteniendo mayor cantidad de dinero a partir de la extorsión. Estas bandas se movieron del delito depredador a la extorsión o vacuna, como la conocemos aquí, y el secuestro. Además tienen mayor armamento, mayor capacidad de fuego, armas largas y granadas.

Notamos que por estos dos componentes han logrado tener mayor personal e incrementado el número de activos al servicio de estas súper estructuras criminales. Todo esto implica que tienen que tener una organización de mucho más nivel, porque algunas de estas bandas tienen más de 100 personas, eso significa que tienes que tener una organización de contabilidad y finanzas importante, ver dónde pones el dinero.

Un cambio muy marcado que tuvieron en 2016 es que pasaron a la ofensiva. Dejaron de esconderse y huir y empezaron a hacer ataques a las sedes policiales y asesinatos a funcionarios. Otro elemento es que han empezado a tener vínculos entre ellos, vínculos con las cárceles y con otras bandas.

Gran parte de lo que es el incremento de las megabandas se relaciona con la incorporación de ex policías y ex militares a esos grupos. Ellos requieren de un nivel de organización, de complejidad, incluso, en algunos casos, de lógicas de guerra para enfrentarse y dominar territorios que no la tiene el delincuente común. Uno de los cambios importantes en el victimario es por un lado este profesional, este policía que se mete al delito, y por otro lado es el nuevo delincuente amateur, que aparece y al que terminan linchando precisamente por su inexperiencia.

Existen dos fenómenos paralelos, el delito profesional que incrementó y se hace más fuerte con las mega bandas y el delito por hambre, que también comenzó a verse de forma dramática. Son dos manifestaciones que se presentaron de forma importante en 2016 pero ambas hacen uso de herramientas violentas e intimidatorias para ejecutar el crimen.

Podemos decir que hemos tenido una política de seguridad esquizoide. En un lado dicen que no se pueden utilizar los policías y por otro lado los sacan a matar. Por un lado dicen que las políticas tienen que ser civiles y por otro lado los que controlan todo son los militares. Se ha tenido una confusión continua y una contradicción en políticas equivocadas en su concepción y equivocadas en su aplicación. Eso es lo que lleva a que tengamos 22 planes de seguridad y sigan subiendo los secuestros, los robos y los homicidios, que nada dé resultados.

Pero además, técnicamente no se hacen evaluaciones, se cambia de un plan para otro y nunca se sabe por qué ni cuál fue el balance del anterior. Al final estos programas nunca han estado diseñados para garantizar la seguridad de la población ni contener el delito, sino para ganar unas elecciones o para generar un impacto político transitorio, momentáneo e inmediatista.

«La OLP es una concepción de guerra cuando la seguridad ciudadana es política de paz»

No se trata de un problema en la ejecución de las políticas como la OLP, el problema es que la OLP en sí misma es una solución equivocada, es una concepción de guerra cuando la seguridad ciudadana es una política de paz. Entonces las acciones que se emprenden desde una política militar, con una concepción de fuerza de movimiento, de capacidad de fuego (muy propias de las actividades militares) hacia una política de seguridad ciudadana, no funciona. Lo que se tiene es un incremento notable de las muertes por parte de la policía, y una respuesta cada vez más violenta por parte de los delincuentes hacia la policía y hacia la ciudadanía.

En general a la gente le gusta las políticas de mano dura y de una manera muy simplista sienten que están haciendo algo. Pero cuando esa política de mano dura toca a su barrio la cosa se siente diferente, lo que se encontró el año pasado fue un rechazo más abierto de las personas que están afectadas directamente o alrededor. Cuando las bandas vuelven luego de una OLP las condiciones empeoran, eso lo siente la gente.

Los resultados que hemos podido observar en el país implican también una relación entre el tiempo de inicio de las OLP y el incremento de las muertes de los policías. Estamos en una situación donde no hay realmente una respuesta, donde hay un efecto populista de querer mostrar que se está haciendo algo ante el desespero de la población pero donde los resultados no se ven y donde es posible decir que el remedio es peor que la enfermedad. Nosotros tememos que este tipo de políticas fuertes y violentas no pacifican la sociedad sino al contrario, la hacen más violenta.

Los números indican que por cada 100 asesinatos hay solo 8 detenciones. Esto nos muestra unas cifras muy altas de indefensión y de deterioro en el sistema penal y judicial. En el 91 % no hay ni acusación, ni juicio ni castigo. Existe una desconfianza generalizada en el sistema judicial que es un poder partidizado, en una policía que cada vez está más involucrada en el crimen y no respeta la ley. Esto se evidencia en la justicia por mano propia.

Al mismo tiempo encontramos que hay cada vez más pruebas de funcionarios policiales y militares que padecen la violencia. Para el año que cerramos murieron en Caracas un promedio de 2,5 policías asesinados cada la semana. Más de 130 en total. Hay importantes señales de las dificultades en las operaciones de las policías, lo que ha potenciado las renuncias y la reducción del personal de seguridad. Esto sumado a que las policías deben designar buena parte de su pie de fuerza a cuidar detenidos, en lugar de cuidar a los ciudadanos en la calle para que no sean víctimas.