“El gran problema está en que las élites políticas y económicas son rentistas y los socialistas resultaron ser más rentistas que los anteriores”, destaca Luzardo
Andreína García Reina
El Arco Minero es uno de los temas que se ha mantenido sobre el tapete de la opinión pública en el último año. El repudio al proyecto de explotación minera más ambicioso del país ha sido un punto de acuerdo entre la oposición y un grupo de chavistas descontentos con la gestión del presidente Nicolás Maduro. Así lo señala el doctor Alexander Luzardo, exsenador y autor de las normas ambientales de la Carta Magna venezolana.
A su juicio, la explotación minera de esta zona del país no afectaría solo 12 %, como se ha venido diciendo desde hace meses, sino que el impacto recaería sobre cerca del 40 % del territorio nacional y condenaría a las generaciones futuras porque contaminaría la “fábrica de agua” y electricidad del país.
Es por esa razón que junto a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Luzardo, doctor en Derecho Político Ambiental, ha desarrollado el proyecto de ley de creación y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana, que se espera sea discutido en el parlamento en los próximos días.
¿De qué manera el hecho de mantener la discusión sobre el Arco Minero en el centro de la opinión pública puede evitar que comience a explotarse?
Sin duda el tema del decreto del Arco Minero, emitido por el presidente de la República el 24 de febrero de 2016, fue el tema que mayor tiempo en la opinión pública, además del debate y el conflicto propiamente político. Varias comisiones del Parlamento trabajaron sobre él: la comisión de Petróleo, la comisión de Ambiente, la comisión de Pueblos Indígenas y una comisión especial mixta, que incluye diputados de las otras comisiones y que preside el diputado Américo De Grazia. Todas las discusiones que se han producido este año generaron un informe y un acuerdo. Tuve la oportunidad de asistir y colaborar con esta comisión en la elaboración de un proyecto de ley orgánica de creación y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y potencial hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía. El texto abarca agua, biodioversidad, energía y también el hábitat y la tierra de los pueblos indígenas.
¿El proyecto lo que hace es elevar esa protección a la categoría de una ley orgánica?
Exacto. Le da rango legal, con base en lo establecido en la Constitución. Desarrolla lo establecido en el artículo 127, 128, 129, que es el bloque ambiental constitucional. El Arco Minero es un área de especial importancia ecológica, porque es una megareserva nacional y mundial de agua, no es solo local. El mal llamado Arco Minero contaminaría y afectaría todo el ciclo hidrológico, los bosques y la biodiversidad.
¿Pero la contaminación de las aguas de esa zona ya no ocurre con la actividad minera que allí se desarrolla sobre todo ilegalmente?
Siempre lo dije, desde el año 90, no solamente la minería ilegal, sino la legal y la legalizada. Me refiero a la minería estatal o a la minería trasnacional o a cualquier tipo de minería. En un ecosistema frágil, la minería no es compatible. Este es un ecosistema frágil cuyo uso está determinado. También el artículo 327 de la Constitución, que estima claramente que la política de desarrollo debe proteger los parques nacionales, el hábitat indígena y demás áreas bajo régimen de protección. De ello depende la vida de Venezuela y de la próximas generaciones, pero no solo eso sino que también de estas áreas depende la especie humana, el equilibrio ecológico, constituido por las diferentes especies que conforman el espacio geográfico. Además el Proyecto de Ley retoma los últimos parques nacionales creados en el año 1991 y 1992, porque el país se estancó en materia ambiental después de ese momento, pero ahora dándole rango legal en base a lo que ya la Constitución ordena para desarrollar una normativa que responda a los convenios internacionales.
¿De qué manera puede este Proyecto de Ley, de llegar a ser una Ley Orgánica, detener la explotación del Arco Minero? Ya se han hecho convenios y se han firmado acuerdos económicos con una empresa china y una canadiense. Además el Ejecutivo planea recibir un ingreso importante por esa vía, que en este momento serviría para palear la crisis
Esta es una historia que cada cierto tiempo se repite, que es revivir el mito de El Dorado. Si uno ve en la prensa de los 90 y de los 80, había siempre prédicas de que Venezuela tenía las reservas más grandes del mundo en oro. Incluso algunos ministros son adivinos, porque ya están diciendo sin la certificación que vamos a ocupar el primero o el segundo lugar del mundo en producción de oro. Es simplemente alimentar ese mito, de siempre tener lo más grande. Eso forma parte como de una idiosincrasia política. Eso es una estafa pública porque Venezuela nunca ha sido un gran productor de oro. Apenas es un 0,4 % de nuestros ingresos. Es una estafa a la consciencia pública porque se va a destruir no solo el agua ni el 12 % del territorio nacional, sino que se afectaría casi el 40 % del país porque esa minería se extendería a todo el estado Bolívar, a Amazonas, a gran parte del Delta. El Arco Minero es la destrucción de la República.
¿El proyecto de ley implica sanciones o penalidades?
El proyecto va a más allá de una acción legislativa, o de orden judicial. Se trata de proteger a perpetuidad los bienes jurídicos ambientales y el patrimonio transgeneracional de las reservas de agua dulce, incluyendo el hábitat y tierras de los pueblos indígenas, que además de reconocerles sus territorios, se les otorga responsabilidades en la protección ambiental. Esto para que los territorios protegidos no sean utilizados por intereses estatales, regionales, locales o privados como cabezas de playa para destruir el sistema de parques nacionales y demás áreas de especial importancia ecológica. Lo que quiere decir que se le dará más protección a todas estas áreas, porque se pasa a la parte de crear áreas protegidas a través de leyes y no de decretos. Esto es un cambio importante porque, aunque ya existen algunas creadas por ley, con las zonas protectoras, la Ley de Protección de Aguas Costeras y la Ley de Bosques, en la vieja Ley de Suelos y Agua —parcialmente vigente—, se amplía y se le da competencias al Poder Legislativo. Por otra parte el proyecto de ley incluye la creación de una zona de protección costera del Orinoco de 50 km, que va desembocadura del Cuchivero hasta el Delta, a lo largo también. Se crea también la figura de la reserva de biosfera en Imataca, porque la vieja figura de reserva forestal ha cumplido una gran labor pero no garantiza completamente la protección del área. También incluye la posibilidad de marcar un nuevo parque nacional en Imataca, pero también una demarcación sustentable de las tierra de los pueblos indígenas, que de una vez reconoce, pero con una particularidad, que se le establece una obligación y un deber de proteger esos territorios. No es solo un derecho a la propiedad clásico, sino que es un derecho a la propiedad ambientalmente. No es posible que se les vaya a dar la cabecera del Orinoco para que luego ellos se conviertan en mineros. Eso sí no procede. Las reservas de agua no pueden ser afectadas porque de allí depende la vida de todos. El proyecto establece criterios de seguridad ambiental, de seguridad biológica, de seguridad social y de seguridad humana. Por eso el concepto de equilibrio ecológico, por eso es un gran corredor ecológico. Se establece también el criterio de Amazonía por la importancia que tiene para la cuenta y la importancia mundial, esto con el propósito de proteger la cuenca estratégica del Caroní, Macagua, Caruachi que son fundamentales para generar hidroelectricidad, para proteger el clima. Es una de las leyes más importante porque conjuga el derecho ambiental, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos socioeconómicos bajo los preceptos de la sustentabilidad, la seguridad del territorio nacional.
¿Esta ley limitaría la actividad industrial en la zona sur del país? ¿Qué futuro de desarrollo y mejores servicios tienen los venezolanos que viven allí?
Hay una contradicción en el viejo proyecto de Guayana, que fue concebido para desarrollar el potencial hidroeléctrico, pero antes de eso proteger aquellos espacios y decretarlos como parques nacionales y se inició con Canaima e Imataca. La vocación de esta zona es ambiental porque es la gran fábrica nacional de agua. Sin esto el país no tiene vida, por eso es estratégico preservarlo. Si se desarrolla el proyecto minero, a la escala que se está planteando, se destruye el proyecto hidroeléctrico y el equilibrio ecológico. Son proyectos incompatibles. Ya a través de los decretos de parques nacionales y reservas forestales está limitado. Hay que garantizar que la base de recursos se mantenga para que el agua sea permanente. Qué más le puedes pedir si te está dando agua, electricidad, el equilibrio ecológico, el oxígeno. Si el mundo está exigiendo la sustitución del patrón energético de los combustibles fósiles, del petróleo y el carbón, cómo es que Venezuela va en sentido inverso, planteando un modelo extractivista, minero y depredador. Hay alternativas económicas sustentables, se puede partir con una ley de ecoturismo, basada en una de producción nacional, pero no como la que se discute en la Asamblea, sino una con criterios de sustentabilidad. Tampoco como el Plan de la Patria, que es un plan de destrucción nacional.
Teniendo en cuenta el choque entre la AN y el TSJ, ¿qué probabilidades existen de que este proyecto sea sancionado como ley?
Forma parte del gran debate y de los grandes retos que el país tiene planteados. Esto en algún momento tiene que encontrar su senda, su viabilidad. Si no hay una superación de esa conflictividad, en los términos de un bloqueo institucional, el país se hace inviable. Los parlamentarios que integran la comisión mixta han asumido el reto de hacer de esto una causa nacional. La lucha contra el Arco Minero se ha convertido en una de las principales causas del país, que además no tiene bandera política, incluso la mayor parte que apoyo que integra al sector afecto al Gobierno está en contra del Arco Minero. Porque es un atentado a la República. Ya el proyecto se entregó a la directiva de la Asamblea y esperamos por la respectiva discusión. Además de eso, puede ser convertido en un proyecto de iniciativa popular, que tenga apoyo nacional y se abra un período de firmas. No hay posibilidad del Poder Legislativo en estas circunstancias si los temas no se transforman en causas sociales, no es solo la política de salones. Eso tiene un límite, hay que darle contenido social a la lucha. Y el Arco Minero es una lucha social transgeneracional.
Élites rentistas contra el ambiente
¿Venezuela está preparada o al día para asumir los acuerdos mundiales suscritos por la Convención del Cambio Climático de París?
La gestión de Maduro en el tema ambiental ha sido la peor de toda la historia. Maduro ha sido un fracaso ambiental.
Pero creó un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas…
Pero destruyó el Ministerio del Ambiente y luego creó un Ministerio de Minería Ecológica, que es un contrasentido porque la minería en su concepción es depredadora. El Ministerio de Ecosocialismo y Aguas es un fraude, un engaño al país. El Ministerio del Ambiente, creado en 1977, fue desmembrado durante el Gobierno del presidente Chávez, pero terminado de destruir con Maduro. Entonces el Arco Minero fue precedido por desmantelar progresivamente la gestión ambiental. Este socialismo es un socialismo depredador. En el Plan de la Patria las palabras que más se repiten son carbón, petróleo y minería. Venezuela, pese a su gran biodiversidad, no está en capacidad de asumir los compromisos planetarios. El gran problema está en que las élites políticas y económicas son rentistas y los socialistas resultaron ser más rentistas que los anteriores. Además basaron toda su fuerza en el desarrollo petrolero. Se va a repetir en el Orinoco la misma historia del Lago de Maracaibo, y si no tienen consciencia de esto no están en capacidad de gobernar. El cambio que venga debe estar basado en los patrones de sustentabilidad, no puede ser cualquier cambio. Y esto es un llamado a la oposición, porque no se trata de cualquier cambio. No es que sí, ahora vamos a hacer minería pero con nosotros. No. Eso queremos dejarlo muy claro. O asumen el rumbo de la sustentabilidad o el país se hace inviable con el Gobierno que sea.
