Nuestra tragedia económica responde en gran medida a la errática política neoliberal que ha implementado el régimen
José Rafael López Padrino
El modelo de capitalismo estatista iniciado por el difunto teniente coronel y continuado por el ungido Maduro ha conducido a un desplome de la economía del país, así como a un deterioro notable en la calidad de vida de los venezolanos. La “robolución bolivariana” se ha transformado en una pesadilla y en un calvario para todos, pero en especial para los más desposeídos.
Nuestra tragedia económica responde en gran medida a la errática política neoliberal que ha implementado el régimen, a través de un capitalismo de Estado compulsivo que se ha traducido en la profundización del viejo rentismo extractivista petrolero y más recientemente la imposición de un rentismo extractivista minero depredador del medio ambiente. Todos recordamos al ungido Nicolás Maduro anunciar al país la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” cuya extensión abarca casi 112 mil kilómetros cuadrados y se extiende mayoritariamente al norte del estado Bolívar, aunque también toca partes de Amazonas y Delta Amacuro. Lo atraviesan selvas como la del Imataca, La Paragua y El Caura, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Con ello se entrega aproximadamente el 12% del territorio nacional, a la gran minería transnacional para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales estratégicos. Mediante dicho decreto el régimen permite que aproximadamente 150 empresas extranjeras, nacionales y mixtas, algunas de ellas incursas en graves problemas de contaminación ambiental realicen labores de exploración y explotación en dicha zona. Empresas que operarán bajo una gama de incentivos, tales como flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la generación de mecanismos de financiamiento preferenciales, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y en sus importaciones. Igualmente dispondrán de un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Además, se contempla la militarización, y la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero. Para los trabajadores significará la pérdida de conquistas contempladas en la legislación laboral venezolana, tales como el derecho a la constitución de sindicatos, la afiliación de los trabajadores a los mismos, así como la firma de contratos colectivos.
La explotación minera en el “Arco Minero del Orinoco” significará la obtención de ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional, así como el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. La ejecución de este perverso proyecto compromete la rica biodiversidad de la zona, generándose la pérdida de grandes bosques amazónicos y de numerosas especies animales. Además, los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción de los caudales de los ríos de esa zona, los cuales constituyen la mayor fuente de agua dulce del país. Vale acotar que todas las represas hidroeléctricas del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco. Frente al engaño del ecosocialismo bolivariano sustentable, vale recordar que la minería nunca es una actividad económica sustentable y mucho menos amigable con el medio ambiente. Su acción se limita a extraer de la naturaleza el recurso mineral a ser explotado, para luego abandonar la zona con daños a los ecosistemas generalmente irreversibles.
Cabe acotar que la ejecución de este proyecto siniestro constituye una flagrante violación de la Carta Magna (capitulo VIII), en lo que respecta a los derechos consagrados de los pueblos indígenas e igualmente a la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (2001) y la Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, 2005). Además, este decreto fue discutido y rechazado por la mayoría de la Asamblea Nacional.
El régimen ondea falaces banderas antiimperialistas mientras subordina al país a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales petroleras y mineras a través de proyectos extractivistas depredadores que comprometen la soberanía e independencia del país. Son unos verdaderos farsantes y mercaderes ideológicos.
