En menos de un año el despido masivo de los empleados del medio ha llevado el caso a instancias gubernamentales que no han hecho cumplir la Ley, ni las liquidaciones ni las reincorporaciones a los puestos de trabajo se han hecho efectivas
Mónica Duarte
Más de 40 despidos injustificados acumula el Diario VEA en los últimos ocho meses entre periodistas, reporteros gráficos, vigilantes, mensajeros y personal de mantenimiento que han sido botados o forzados a renunciar.
De estos, 12 casos ya se encuentran presentados ante la inspectoría del trabajo, que ha realizado tres visitas a la empresa para ordenar el reenganche de los trabajadores que aún esperan que se acate la medida.
El Diario VEA, autodefinido como un “medio de comunicación ideológico a favor del proceso revolucionario”, adeuda además el pago de las liquidaciones y salarios caídos a todos sus ex trabajadores, quienes exigen respuesta luego de haber agotado todos los procedimientos administrativos para reingresar a la empresa y recuperar sus empleos.
VEA adeuda el pago de las liquidaciones y salarios caídos a todos sus ex empleados
La situación comenzó en junio de 2016 con cinco despidos silenciosos que se sumaron a la salida de otros 20 trabajadores que ya habían dejado de la empresa en el último año. Pero el número siguió en aumento y en menos de tres meses otros 35 empleados fueron obligados a dejar sus cargos en el periódico sin alegar ninguna de las causas justificadas que contempla el artículo 80 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) para el retiro de personal.
Tras la situación, un grupo de los trabajadores, que ya equivale al 30% de la nómina del diario, denuncia que tanto las autoridades laborales como los patronos privados de la empresa editorial no han cumplido su deber y han violentado el derecho al trabajo irrespetando el decreto presidencial de inamovilidad laboral vigente hasta 2018 y la Ley del trabajo.
David Rodríguez, abogado laboral que maneja el caso, asegura que los plazos para acatar el “reenganche” ya se han superado pero parece haber complicidad en el caso para que no hacer cumplir la Ley.
“No puede ser que el Ministerio del Trabajo vaya a la sede de la empresa y no haga que el patrono acate el reenganche. El llamado de atención aquí es a las autoridades del diario, a los gerentes, a que cumplan la medida y a los funcionarios públicos a que velen para que esto se efectúe como debe ser, no estamos exigiendo nada más allá de lo normal, solamente que se cumpla la normativa laboral y la Constitución”.
han justificado el incumplimiento de los pagos en una supuesta quiebra
Los afectados aseguran que las autoridades del periódico han justificado el incumplimiento de los pagos de las prestaciones sociales en una supuesta quiebra en la que se encuentra la empresa, pero que sí se mantienen al día con los salarios y utilidades de los trabajadores activos e incluso han contratado personal nuevo para ocupar los diferentes puestos que han quedado vacantes luego del despido masivo.
“Usan el engaño y la mentira como herramienta, entonces te dicen que van a cumplir dentro de una semana o dentro de 5 días pero no lo hacen, y ya yo llevo 8 meses esperando”, explica Adolfo Guerrero personal obrero del periódico y hermano de Tania Guerrero de García, antigua presidenta del diario.
Pedro Echenique, otro de los perjudicados afirma que lleva cuatro meses sin conseguir un nuevo empleo y sin poder volver a su trabajo anterior. “Nos hicieron un daño mayor al botarnos en este momento de crisis en el que es difícil mantenerse. Y aparte de que nos han vulnerado nuestros derechos como trabajadores se han burlado de nosotros, porque los inspectores van a la empresa y actúan con pleitesía cuando eso es un acto forzoso de ejecución en el que se pudiese llamar al ministerio público. Van y solo levantan un acta de las respuesta que da la empresa pero no hacen cumplir la medida”, comenta.
Otro de los casos relevantes del grupo de afectados es el de José Adolfo Pullas, un reportero gráfico de 70 años que fue obligado a firmar su carta de renuncia mientras cumplía un reposo médico. Pullas es uno de los seis casos que ya suman dos ejecuciones por la inspectoría del trabajo pero que aún espera su vuelta al periódico.
“Queremos que la inspectoría haga sus funciones como debe ser en el tiempo más breve posible por la urgencia que tenemos. Solicitamos a la defensoría del pueblo que nombre una comisión para mediar esta situación y que la fiscalía tome conciencia para abrir un proceso de investigación sobre el Diario VEA y el manejo de la empresa”, denuncia Héctor Bianchi, quien trabajaba como asesor jurídico del periódico hasta su despido hace siete meses.
Editores sin rostro
Las irregularidades con el Diario VEA comenzaron hace tres años, cuando una sorpresiva venta del medio dejó a los empleados sin conocer quién era el nuevo dueño y patrono de la empresa en la que laboraban.
Los ex empleados aseguran que en los últimos años han visto desfilar en las oficinas del medio funcionarios públicos de alto nivel, como el Ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas y el diputado del PSuv Víctor Clark, pero sin saber con exactitud cuál es su vinculación con la directiva.
«Lo que nos está pasando sabemos que es una orden de limpiar el diario»
“Lo que nos está pasando sabemos que es una orden posiblemente de ellos mismos de limpiar el diario para poder hacer con él cualquier otra cosa, porque el diario se presta a negociaciones con el gobierno con una campaña ficticia de publicidad, diciendo que producen 40.000 ejemplares y en realidad están haciendo actualmente 4.500, ellos se lo atribuyen a la falta de papel pero eso es falso porque se han tenido condiciones para adquirir el papel”, afirma Bianchi.
Dentro del periódico el director general, Gilberto Landaeta Gordon, es la cara conocida por los trabajadores como la cabeza directiva, sin embargo, las críticas sobre su gerencia en la empresa editorial han hecho dudar de su idoneidad para el cargo. Landaeta se desempeñó anteriormente como fiscal octavo del Ministerio Público, donde se encargó del caso del asesinado del fiscal Danilo Anderson hasta ser destituido en 2006, y llegó a ser candidato a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en 2014.
“No tiene los conocimientos para manejar una institución como esa. Lo único que está estableciendo él allí es un desmembramiento del diario. Hay conocimiento de que al diario se les está quitando sus máquinas, las han cercenado en varias secciones y han pasado a otro diario, que tenemos la presunción de que es Últimas Noticias porque están haciendo negociación con ellos. Aquí hay una maraña muy delicada, si estuviésemos en un Estado de derecho real se abriría un procedimiento judicial del Diario VEA y todos los que están detrás porque no es posible que después de 3 años no sepamos quienes son los dueños”, comenta Bianchi, ex asesor jurídico del periódico.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: monicaduarte@larazon.net
