Si el Gobierno no puede con el narcotráfico ni con las bandas delictivas, cómo va a poder enfrentar ejércitos equipados y con experiencia de guerra
Luis Fuenmayor Toro
Cada vez que se encuentra en problemas, el Gobierno chaveco inventa la existencia de un plan de invasión imperial, de un magnicidio y de un golpe de Estado, al cual además califica de continuado, lo que significa que se está perpetrando desde después de 2002, cuando se dio el único intento verdadero de golpe por segmentos opositores y parte de la cúpula militar gobernante. La creación de este escenario falso y embaucador es utilizada para iniciar una acción represiva contra la oposición mejor organizada y más radical, por lo menos en sus discursos y propuestas, el partido Voluntad Popular en el caso actual. Se quiere además infundir miedo en la ciudadanía, en el pueblo hambriento, en la gente asediada por múltiples formas de delincuencia, en el ciudadano común molesto y con ganas de salir a protestar, para evitar que se pronuncien en las calles, pues esto dejaría al régimen en evidencia y tendría que asumir formas represivas inaceptables por la fuerza armada venezolana y el campo internacional.
Adicional a lo anterior, se persigue reunificar al PSUV o detener la diáspora de sus militantes y de los simpatizantes del Gobierno que, ante una realidad más que evidente de desastre de todo tipo, han reaccionado y abandonado el apoyo que venían dando a los dirigentes nacionales y locales del proceso dizque revolucionario. Esta reacción se da primero en los sectores populares, afectados profundamente por la crisis y el desgobierno, y luego en los grupos medios y profesionales, más ideológicamente sometidos, o “enchufados” en el Gobierno y viviendo del sueldito o disfrutando de privilegios. El escenario anterior es rematado con acciones concretas: maniobras militares como las realizadas hace pocos días, también hechas en mayo 2016, febrero 2015 y noviembre 2013, para mencionar algunas, acompañadas de un discurso pseudo patriótico, que involucra al pueblo en una supuesta guerra popular prolongada contra el invasor, como afirmara el Ministro de la Defensa hace poco, quien olvida que eso requiere de una unidad nacional inexistente.
Al lado de estas pantomimas, la realidad inclemente nos revela otra cosa en relación a la seguridad nacional y al control del territorio por parte del actual Gobierno. El párroco Fray Nelson Sandoval de la iglesia Corazón de Jesús de la Misión El Tukuko, Sierra de Perijá (frontera con Colombia), denuncio hace unos días que viajando a las 9 y media de la noche desde Machique hacia la misión, en territorio venezolano, fue seguido y luego detenido por un grupo bien armado del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), que se encontraba de “en comisión” en nuestro territorio, según le dijeron los propios guerrilleros que se desplazaban en motocicletas. Lo mismo les viene ocurriendo a miembros de las comunidades yucpas de la región, que son detenidos y sus vehículos revisados por estas alcabalas extranjeras en nuestro país. Y esto ocurre mientras nuestro Ministro de la Defensa se distrae en unos ejercicios militares, realizados en presencia del agregado militar de Colombia, país que sí está interesado en ponerle la mano a territorio venezolano.
No sé si este tipo de actitudes es ingenuidad o traición a la patria, pero lo cierto es que la denuncia demuestra que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no custodia nuestras fronteras, por lo que grupos armados, en esta ocasión irregulares, pero pudieran ser fuerzas militares formales colombianas o de otro invasor, se infiltran en nuestro territorio. Cualquiera se preguntaría cómo puede el Gobierno hablar de defender la patria de invasiones imperiales, si no es capaz de protegerla de una célula guerrillera del ELN. En lugar de andar jugando a la guerra y haciendo demagogia se deberían ocupar de amenazas reales. Lo mismo ocurre en el resto de la frontera con Colombia, con Brasil y con Guyana, cuyos efectos nocivos son claros en la minería ilegal, en la destrucción de nuestras selvas y bosques, en el contrabando de combustibles, minerales y metales preciosos y en los secuestros y delincuencia general fronteriza.
Pero ya no en sitios tan apartados como Perijá, sino en la propia capital de la República, en la urbanización Montalbán, en las inmediaciones del Padre Machado y de la Universidad Católica Andrés Bello, es decir en plena ciudad, la delincuencia secuestra a 18 niños deportistas y tres adultos hace pocos días y los lleva a una zona boscosa, demostrando la ausencia de control territorial del Gobierno en nuestras barriadas pobres y de capas medias. Cientos de sucesos demuestran que las bandas delictivas en Aragua, Miranda, Caracas, Guárico, controlan las barriadas populares, en las que imponen su ley. Pero hay más, el gobernador de Sucre, profesor Luis Acuña, exministro, acaba de declarar que toda la parte norte de su estado está controlada por el narcotráfico “por la falta de vigilancia de la zona”, lo que incide en la inseguridad. Mientras tanto, el Gobierno preparándose para una guerra que si se da jamás ganará, pues si no puede con el narcotráfico ni con las bandas delictivas cómo va a poder enfrentar ejércitos equipados y con experiencia de guerra.
Ni qué hablar de los asaltos del transporte interurbano. Más de 30 pasajeros fueron despojados hasta de sus ropas en un asalto reciente, con armas de fuego y gran violencia, ocurrido en una unidad luego de salir del terminal en Guarenas hacia Caracas. Los maleantes intentaron incluso violar a una pasajera. Otro suceso similar, donde desnudaron a los pasajeros, ocurrió en la ruta Guarenas-Guatire unos días antes. No ocurrieron estos hechos en vías lejanas sino en las de la gran zona metropolitana. No controlan grandes áreas de estados y ciudades, ni las carreteras, ni las fronteras, ni minas y cárceles, y van a proteger al país de una invasión… Por ello es que el pueblo los rechaza.
