El experto cree que Venezuela pudiera comenzar a recuperarse en el año 2017, pero advierte que hay que eliminar “las trabas burocráticas”
Enrique Meléndez
El economista Jesús Casique considera que el control de precios impuesto por el Gobierno está desmontado en la práctica. La Ley de Precios Justos es letra muerta y considera que eso es evidente en los anaqueles.
El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, ha prometido que el Gobierno hará anuncios de las nuevas medidas para combatir la especulación. ¿Cuáles podrían ser esos anuncios?
El Gobierno tiene que establecer una nueva política cambiaria. Hoy en día existe el tipo de cambio a 10 bolívares, que es el Dipro; luego está el Dicom que bordea los 700 bolívares; además está el tipo de cambio de la frontera; y el innombrable… con esta distorsión cambiaria es muy difícil reactivar el aparato productivo.
Hemos propuesto en reiteradas oportunidades la unificación cambiaria, ir progresivamente desmontando el control de cambio. Si el Gobierno no tiene la intención de desmontarlo, puede de alguna manera establecer una convergencia cambiaria con un solo tipo de cambio que, obviamente, debe ser muy superior al tipo de cambio de diez y muy inferior al tipo de cambio paralelo.
Podríamos estar hablando de una convergencia cambiaria de 680 bolívares para reactivar el aparato productivo en el país, que ha tenido en una caída muy fuerte en los últimos años. Si continuamos con el esquema de cambio actual, y el Gobierno devalúa de diez a cincuenta y deja flotar el tipo de cambio Dicom a 1.650 bolívares, continuaremos con dos tipos de cambio, pero con niveles diferentes.
Si se va a efectuar la distribución de las divisas, como está rigiendo actualmente, no se van a resolver los problemas estructurales de la economía. Si continuamos con la misma distribución de divisas que actualmente rige en el país, donde el grueso de los dólares está dirigido al tipo de cambio Dipro, se trataría de una medida cambiaria totalmente aislada.
La solución es la unificación cambiaria, pero el Gobierno no tiene la propensión de eliminar el control de cambio.
Si se parte del hecho de que el dólar que rige nuestra economía es el innombrable, como usted lo define, eso significa que una parte de su actividad es ilegal…
En primer lugar, la economía no está dolarizada en su totalidad por este maremágnum y este pandemónium que abrigamos de tipos de cambio, consecuencia de que tenemos un sistema de precios destruido. De modo que además de la propuesta de la convergencia cambiaria habría que derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios para que el inversionista o el empresario tenga la opción de ir a un mercado legalizado como existía hasta hace poco en la época de Jorge Giordani.
Cuando, por cierto, este señor le endosó la causa de la inflación al mercado de capitales, a las casas de cambio en las que se vendía el famoso dólar de permuta, que venía a ser una válvula de escape para el sector privado del país. Eso quedó suspendido por órdenes de Giordani, generando unas consecuencias desastrosas traducidas en fuertes desequilibrios macroeconómicos.
Yo considero que la Ley de Ilícitos Cambiarios es un instrumento jurídico caduco. Hay que ir a una desregulación de la misma y darle flexibilidad y elasticidad al sector productivo en Venezuela, que tengan acceso al mercado secundario. Producto de la caída de las exportaciones petroleras —que este año se deben ubicar en el orden de los 27 mil millones de dólares, mientras no petroleras deben estar en el orden de los 4 mil 500 millones de dólares— no hay recursos para satisfacer la demanda de divisas en el mercado, dado que esa cantidad es insuficiente. Ese es un factor fundamental, aunado a fomentar la inversión extranjera directa, que actualmente está muy alicaída por los controles y del factor confianza. El informe del Doing Bussines del año 2017 es muy lapidario: indica que en Venezuela, para establecer una empresa, se requieren 20 procedimientos y 230 días; eso nos impide ser competitivos con el resto de la región.
El Banco Mundial estima una contracción en Venezuela para el año 2017 de 6 %; el FMI, aun cuando no ha actualizado las cifras, estima una contracción de 6,5 %. ¿Qué cifras maneja usted?
Ese es el problema del oscurantismo y la opacidad que hay en Venezuela, que llevan a cada uno de los economistas a estimar niveles distintos de inflación y niveles diferentes de contracción económica. Pero casi todos están en el mismo nivel, en lo que se refiere al entorno macroeconómico. Esa función le corresponde al Banco Central de Venezuela, que en los últimos años tomó la decisión de ocultar las cifras de agregados macroeconómicos. La última publicación que se tuvo fue hasta el tercer trimestre de 2015. La inflación del año 2016 no se conoce. El informe del presidente del BCV tampoco ha sido publicado, el Índice de Remuneración Económica también está oculto y, obviamente, esto impacta adversamente en los mercados foráneos, porque la fuente de referencia tiene que ser un banco central. Como el BCV no tiene la cifras actualizadas, resulta extremadamente difícil elaborar un presupuesto.
¿Qué le dice esa cifra de 799 % de inflación que maneja el BCV?
El BCV publica dos niveles de inflación: la relativa al Índice Nacional de Precios al Consumidor y la inflación subyacente, que son aquellos productos que no están regulados. Esto se presta para diferentes guarismos y para diferentes cálculos. Yo estimo que la inflación del año 2016 cerró en 520 %, sin tomar en cuenta la inflación subyacente, pero el caso cierto es que en la medida en que continúe la gran opacidad para las empresas, es muy difícil obtener data, elaborar un presupuesto, porque el guarismo de la inflación es fundamental para efectuar ajustes como en la Unidad Tributaria, que pasó de 177 a 300 bolívares, pero no está en correspondencia directa con la inflación del año 2016. Así que la data inflacionaria es fundamental tanto para el sector público, como para el sector privado.
Por eso los presupuestos de las regiones a mitad de año ya tienen unas brechas bien importantes, y se tiene que recurrir a créditos adicionales. Es fundamental elaborar presupuestos que estén acordes con el entorno económico de Venezuela, y eso comienza con el manejo exacto de las cifras.
En las premisas del presupuesto de 2017 no publicaron ni la del PIB ni la de la inflación. Eso significa que los venezolanos desconocemos cuál es la proyección del Gobierno central en materia de PIB y en materia de inflación para 2017, y todo va a depender del artículo 320 de la Constitución, donde se prohíbe el financiamiento del BCV a Pdvsa.
Si continúa inyectando dinero inorgánico, ese torrente monetario va a atizar la inflación en el mercado, de modo que aquí hay un desconocimiento del artículo 320 de la Constitución y del artículo 338 que indica que el Decreto de Emergencia Económica debe establecerse sólo por 60 días, con una prórroga de 60 días adicionales. Bueno, ya este Gobierno lleva siete decretos y no se ha resuelto el problema inflacionario, ni el problema de recesión económica.
Lo que tiene que hacer el Gobierno es dar un giro de 180 grados en lo que respecta a la aplicación de un programa económico para reactivar la economía. Estimo que el precio del barril debe estar rondando entre 45 o 50 dólares. Además hay que incentivar un factor fundamental que son las exportaciones no petroleras. Venezuela pudiera comenzar a recuperarse en el año 2017, pero hay que eliminar las trabas burocráticas y hay que fomentar el factor confianza.
¿Qué ha pasado con el control de precios? En los anaqueles los productos están a precios muy por encima de su regulación…
Eso demuestra que el control de precios está desmontado en la práctica. A pesar de la Ley de Precios Justos, se puede observar que los precios en los abastos han aumentado significativamente. De hecho, el nivel de existencia ha aumentado, pero con unos precios completamente diferentes a los regulados. Esto no se traduce en que todos los precios están supeditados al tipo de cambio paralelo, pero esta es la distorsión que genera una economía con cuatro tipos de cambio completamente diferentes. El Gobierno ha flexibilizado los precios, ha reconocido de una manera u otra que el control de precios es caduco, arcaico y primitivo, solo que no se da cuenta de que para poder usted bajar los niveles de escasez tiene que fomentar la productividad y no insistir en establecer un precio único para los productos, porque todas las empresas tienen estructuras de costos completamente diferentes, además del obvio factor de especulación.
Si el Gobierno central tiene la intención de atacar la especulación, tiene que fomentar la producción. En la medida en que se tenga una mayor cantidad de supermercados o una mayor cantidad de redes en el sector alimentos o de medicamentos, la competitividad va a ser mayor y no vamos a tener que lidiar con esta distorsión de precios por la que está atravesando la economía venezolana.
En consecuencia, ¿esa es la inflación subyacente?
Es obvio que ahí tenemos una combinación de ambos factores. Pero como acabo de indicar, en la medida en que continúen estos controles vamos a tener un desequilibrio muy fuerte. Yo creo que el Gobierno está reflexionando, y no sólo debe diseñar un programa de recuperación económica, sino que no debe deslindar a los empresarios que no están afectos a sus posiciones ideológicas de los que sí son afectos, pues en lo que debe pensar es en que todo el empresariado le debe agregar valor a la producción.
Obligados a publicar las cifras
¿Usted cree que ya tocamos fondo, como dicen algunos voceros oficialistas, y que a continuación viene la reactivación económica?
En economía no se toca fondo. Una economía puede tener decrecimiento en un porcentaje incalculable, como tampoco la inflación toca fondo. De modo que se trata de un análisis totalmente sesgado políticamente. En la medida en que se siga profundizando la actual política económica, la economía continuará con una fuerte contracción, pero si usted genera confianza, obviamente que la economía se reactiva.
