EXISTE UNA RELACIÓN DE PODER ENVILECIDA, signada por la subalternidad y la sumisión más absoluta
En nuestro país ha dejado de existir tanto la separación como la independencia de los poderes
Maduro ha conseguido gobernar sin control, sin fiscalización alguna de sus actuaciones
“El régimen prepara nuevas embestidas en el terreno político”
Oscar Battaglini
Con la sola excepción de la Asamblea Nacional, todos los demás poderes del Estado venezolano están bajo el dominio y control dictatorial de la camarilla civil-militar que hegemoniza actualmente el poder político en Venezuela. Lo cual significa que en nuestro país ha dejado de existir, de nuevo, tanto la separación como la independencia de los poderes públicos. Aunque en la aparente formalidad institucional aún se mantiene la vigencia de los cinco poderes dispuestos en la Constitución de 1999, en realidad el único que cuenta con autonomía y con capacidad para tomar decisiones —muchas de ellas arbitrarias e inconstitucionales— es el Poder Ejecutivo, manejado dictatorial y autoritariamente por Maduro y quienes le secundan en el ejercicio de Gobierno. Se trata de una relación de poder envilecida, signada por la subalternidad y la sumisión más absoluta a los mandatos que imparte el autócrata desde el Palacio de Miraflores. Eso es lo que le ha permitido a éste gobernar sin control, sin fiscalización alguna de sus actuaciones, y tomar un conjunto de medidas económicas y políticas que han terminado afectando todavía más la vida de los venezolanos, como la pretensión de convertir los CLAP en una suerte de fórmula mágica para encarar y resolver los gravísimos problemas representados por la salvaje inflación y el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos que padece la nación entera.
Lo mismo puede decirse de la forma disparatada e improvisada como se ha intentado la reconversión monetaria del país (el cambio del llamado cono monetario).
Otro tanto es lo que ha ocurrido: 1.- con la aprobación del presupuesto nacional del año 2017, por el Tribunal Supremo de Justicia, y con la presentación de la memoria y cuenta de la presidencia de la República ante esa misma instancia judicial; 2.- con la designación del nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV); y 3.- con el nombramiento del nuevo gobernador del estado Sucre, hechos todos llevados a cabo en abierta violación, como ya es habitual bajo el régimen chávezmadurista, de la Constitución de la República.
Conviene señalar que tal situación se hace cada vez más grave a medida que se acentúa la determinación del régimen madurista de actuar al margen de las leyes y resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional, y de las prerrogativas y obligaciones que la Constitución de la República le asigna a esta institución del Estado como ente legislativo y contralor de los poderes públicos centrales o nacionales.
Veamos de seguida la situación general de estos poderes públicos bajo el control dictatorial y hegemónico del régimen madurista:
1.- EL PODER JUDICIAL
Este Poder y, sobre todo su máxima representación, el TSJ se ha constituido bajo la dominación chávezmadurista, en una especie de bufete de abogados al servicio de ese orden de dominación social y político. Contraviniendo deliberadamente lo dispuesto en los artículos 254 y 256 de la Constitución Nacional, donde se establece expresamente la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los magistrados que lo componen. Esto ha hecho de la administración de justicia en el ámbito de la vida política de nuestro país, una actividad sesgada que sólo tiene como fin: 1.- Vigilar y castigar a los oponentes del régimen imperante; y 2.- Favorecer los intereses políticos de éste, así se tenga para ello que violar no sólo la Constitución y las leyes de la República, sino el propio código de ética de quienes tienen la obligación y la responsabilidad de ser sus más atentos custodios y de cuidar de su más cabal cumplimiento.
2.- EL PODER CIUDADANO
Como en el caso anterior, la Constitución vigente le otorga un estatus independiente a este Poder (Art. 273); al tiempo que, en este mismo artículo, queda establecido que los órganos que lo integran (Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República) gozan de autonomía y deben estar o ser presididos por personas sin militancia político-partidista, gremial, sindical o de cualquier otra índole, como queda estipulado para este tipo de funcionario público en el mencionado artículo 256 de la Constitución Nacional. Pero cuando se revisa la “hoja de servicio” de quienes hasta ahora han ejercido los cargos de defensor del Pueblo, fiscal y contralor general de la República, nos encontramos con que todos esos funcionarios han sido y son fichas del partido de Gobierno. Eso explica varias cosas importantes: En primer lugar, que ellos no han ido a esos cargos a cumplir con las obligaciones o atribuciones que les pauta la Constitución sino, con los mandatos de la camarilla civil-militar que aún controla el aparato del Estado, y que tienen la clara y aviesa intención de perpetuarse en el poder. Se pone así en evidencia el fin inmediato que el régimen madurista persigue con el control omnímodo, dictatorial que ejerce sobre los poderes públicos del país, y por el otro, la causa básica del enorme déficit que exhibe el Poder Ciudadano en materia de derechos humanos, de lucha contra la corrupción oficial, la violación sistemática de la Constitución de la República, la inseguridad personal que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el país, etc.
En segundo lugar la genuflexa obsecuencia (sumisión) con la que los órganos del Poder Ciudadano han aceptado someterse y cumplir los mandatos autoritarios y anticonstitucionales del Poder Ejecutivo chávezmadurista.
3.- EL PODER ELECTORAL
Para este Poder del Estado también rigen las formalidades constitucionales de la independencia orgánica y la autonomía funcional, etcétera. Del mismo modo, en la Constitución vigente se establece que sus integrantes no deben pertenecer a una parcialidad partidista determinada, a fin de garantizar la igualdad, la confiabilidad, la imparcialidad y transparencia en la administración de los procesos electorales (Art. 293). Pero como se sabe, todas esas disposiciones constitucionales han quedado anuladas en la práctica tanto por el secuestro de que ha sido objeto el CNE por parte del régimen chávezmadurista, como por el hecho de que la mayoría de los miembros del Directorio de ese organismo comicial son fichas reconocidas del partido de Gobierno y por ende, dispuestos a obedecer y darle cumplimiento sin falta a los mandatos provenientes del Palacio de Miraflores. Eso es lo que ha venido ocurriendo en el CNE bajo la dominación de chávezmadurista y sobre todo desde el año 2007, cuando se produce la derrota del Gobierno en el referendo consultivo convocado para reformar la Constitución con el propósito de perpetuar a Chávez y al chavismo en el poder.
Ahora, ante la desconcertante certeza de que dejaron de ser mayoría para convertirse en evidente minoría en el seno del pueblo, se oponen autoritariamente a la realización de las elecciones pautadas constitucionalmente. Para ello han puesto en práctica desde el CNE y con la complicidad de los organismos del Poder Ciudadano, una serie de maniobras con ese fin; entre ellas, el boicot practicado contra el referendo revocatorio presidencial convocado por el conjunto de la oposición venezolana como una salida constitucional, electoral y pacífica a la grave crisis política, económica, social y humanitaria por la que actualmente atraviesa la sociedad venezolana; la postergación arbitraria de las elecciones de gobernadores y alcaldes que debieron haberse realizado en el mes de diciembre del año pasado.
Todo conduce a pensar que el régimen madurista prepara nuevas embestidas en el terreno político, dirigidas a crear condiciones aún más restrictivas de la democracia con el propósito, como ya lo hemos señalado, de perpetuarse en el poder. En este sentido es bueno recordar que eso mismo fue intentado por la dictadura militar de Pérez Jiménez, con el resultado histórico de todos conocido.
