Nadie puede violar derechos por lo que supone puede ocurrir y menos el funcionario que está para garantizar el ejercicio de los mismos
Luis Fuenmayor Toro
Hace mucho tiempo aprendí que a la gente se la conocía por lo que hacía y no por lo que decía. Que había que llevarse por los hechos reales y no por las palabras ni las suposiciones. Que la práctica social era el único criterio de verdad. Recuerdo a Juan Bautista Fuenmayor, el Tío Juan, explicándonos esto último en sus clases de filosofía, economía política y política, cursos que organizamos y que estuvieron revestidos de casi la misma formalidad de los que dictaba en la universidad, exámenes de suficiencia incluidos. Más adelante me atreví, bajo su guía, a dictar el curso de economía política a compañeros profesores de la UCV, algunos tan o más jóvenes, otros mayores. Entre éstos, la profesora Olga Larralde de García Arocha, docente ya consagrada de la cátedra de Fisiología de la Escuela Luis Razetti y una bellísima persona muy interesada y aventajada como alumna.
El aprendizaje e internalización de esos conceptos me han ayudado mucho, a lo largo del tiempo, en el enfrentamiento de subjetividades, prejuicios y “a priori”, que en forma lamentable están muy presentes en casi todo el mundo, dificultando el análisis de realidades sociopolíticas más que evidentes. A veces me parece incomprensible que docentes investigadores universitarios, gente formada y entrenada para el estudio y la elaboración de conclusiones científicas, personas acostumbradas a poner en dudas los paradigmas existentes, adopten la mayoría de las veces conductas propias de fanáticos y religiosos y sea imposible hacerlos razonar o siquiera que escuchen los argumentos y juicios en diferentes materias. Tener la mente abierta parece ser muy difícil, a menos que sea para oír lo mismo que pensamos.
Si esto ocurre en gente supuestamente pensante, en la cima de la inteligencia nacional, teóricamente residente en las universidades, que no podrá ocurrir en la sima de los menos afortunados desde el punto de vista educativo y cultural, víctimas de cualquier tipo de credos y fantasías y plagados además de todo tipo de necesidades. Este último factor, además de constituir una de las bases de su vulnerabilidad, también establece paradójicamente el sustento de su liberación. Las necesidades humanas básicas, al no poderse satisfacer ni medianamente, hacen aparecer dudas, objeciones y cuestionamientos, hacia quienes dirigen la sociedad y son por tanto los responsables. No importa cuánto se engañe, cuánto se mienta, cuantas promesas demagógicas se inventen, la cotidianidad acaba por imponerse y lo hace más fácilmente en quienes no tienen la formación necesaria para ser ideologizados.
El profesor Guevara de la Universidad de Carabobo, apresado por sus nexos de amistad con el general Baduel, no puede ser juzgado por un tribunal militar, pues la Constitución lo prohíbe al ser un civil. Eso es más que claro, pero, los seguidores fanatizados del Gobierno emiten juicios justificativos de esta aberrante realidad. Racionalizan, no razonan. Hacen lo mismo en el caso del diferimiento de las elecciones de gobernadores, que por la Constitución no está sujeto a si llueve o tiembla, tienen que realizarse en la fecha debida. Se les recuerda que en el pasado se efectuaron, en un mismo año, el referendo revocatorio presidencial y las elecciones regionales, y continúan con su misma letanía, de la misma forma en que el paciente psiquiátrico del cuento afirmaba que era Napoleón.
Un dirigente del Gobierno afirma que la MUD cometió un delito de “lesa patria”, por haber falsificado cientos de miles de firmas en la solicitud del referendo revocatorio. Acusa a la MUD de cometer un delito e imagino espera una sentencia que ponga a la MUD detrás de las rejas. Engaña y manipula con esta actitud, pues él sí sabe que las responsabilidades penales son individuales y no de las instituciones. No podemos poner presa a PDVSA por los delitos que se imputan a Rafael Ramírez, ni al Ministerio de alimentación por los de Osorio, ni tampoco a la Sala Penal del TSJ por las transgresiones de Aponte Aponte u otros más recientes. Si alguien hizo fraude tiene que ser enjuiciado con nombre y apellido. Pero ninguno de estos argumentos sirve, los ideologizados y fanatizados, no importa su educación ni nivel intelectual, repetirán la cantaleta gubernamental.
Chávez ordena la creación de empresas mixtas en la Faja del Orinoco entre PDVSA y compañías extranjeras, a las que asigna el 40% de las acciones. Éstos títulos incluyen los depósitos de crudo a explotar en el subsuelo, un activo propiedad de los venezolanos desde Bolívar. Pero la propaganda oficial presenta esta entrega como el rescate de la soberanía petrolera. Los ideologizados, fanatizados e idiotizados, gritan que así es que se gobierna. Algunos aducen que lo que hay es que sacar cuentas para ver si es ventajoso para el país. Otros niegan la entrega de la propiedad del crudo del subsuelo. Si PDVSA vendiera el 100% del crudo extraído, su ganancia sería total, si comparte la venta, sólo recibiría el 60%. ¿Qué es lo más conveniente? Si se agotara todo el campo cedido, la empresa extranjera habrá disfrutado del 40% del crudo del subsuelo. ¿Era o no propietaria de éste? Voltean la cara, dicen alguna otra sandez o afirman que con AD y COPEI era peor, y ya.
No puede la MUD manifestar en el Municipio Libertador, lo que viola el derecho constitucional a la manifestación. El Alcalde afirma: “que son golpistas, van a generar desórdenes, van a saquear, a provocar” y otras simplezas. Nadie puede violar derechos por lo que supone puede ocurrir y menos el funcionario que está para garantizar el ejercicio de los mismos. ¿Cómo hubieran actuado quienes hoy gobiernan, si CAP hubiera suspendido los comicios presidenciales porque hubo un golpe el 4 de febrero 1992? Betancourt y Leoni enfrentaron una subversión armada y no postergaron nunca las elecciones. Chávez no suspendió el referendo aprobatorio constitucional por la Vaguada de Vargas. Tampoco las elecciones luego de su derrota con la modificación de la Constitución.
Los argumentos sobran y los hay también para calificar las acciones de la MUD como improcedentes, inadecuadas o ilegales. Lo que falta son cerebros desprejuiciados que piensen.
