Entre hacinamiento, limitados servicios de salud para embarazadas y restricciones para recibir visitas de sus hijos y parejas viven las mujeres recluidas en centros policiales, según evaluación de la ONG Una Ventana a la Libertad
Redacción La Razón
Las presas embarazadas en los centros de detención preventiva no reciben los controles médicos regulares, ni los medicamentos necesarios para su estado de gestación. El riego asciende al tiempo que las autoridades policiales desconocen los procedimientos requeridos para atender a las detenidas en estado de gravidez que se encuentran en los calabozos de las comandancias.
Esta situación fue denunciada por la ONG Una Ventana a la Libertad en su informe «Derechos vulnerados a mujeres privadas de libertad en centros de detención preventiva«, donde se recogen las evaluaciones realizadas en un monitoreo exhaustivo de 374 presas, recluidas en 89 centros de detención preventiva de los estados Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Vargas, Zulia y la Gran Caracas.
Las condiciones de hacinamiento, limitados servicios de salud y restricciones para recibir las visitas de sus hijos y parejas fueron la constante en este diagnóstico. Las mujeres con hijos son las principales víctimas de violación de derechos al no tener garantizado su contacto familiar.
Las madres de niños menores de tres años no tienen garantizado el derecho de estar con sus hijos, pues los centros de detención preventiva no cuentan con las condiciones adecuadas para ello. Tal fue el caso una privada de libertad, quien dio a luz mientras estaba detenida en la sede de la Policía Municipal de Guacara, estado Carabobo, y su bebé fue entregado a una casa de abrigo, según cuenta en su testimonio recogido por la organización.
En los calabozos policiales los perfiles de las presas embarazadas o con hijos pequeños se repiten: son mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 26 años de edad, viven en sectores populares y sus parejas están presas o también han estado involucrados en hechos delictivos.
sólo 13,48 % de los centros de detención evaluados cuentan con áreas de visita
De acuerdo a la investigación, sólo 12 centros (13,48 %) de los 89 evaluados cuentan con áreas de visita, espacio que permite el contacto con los hijos.
Las presas también deben sortear las decisiones discrecionales de las autoridades. En la sede de Polimaturín, estado Monagas, existe un área para que las madres reciban a sus hijos, pero las autoridades del centro de reclusión le niegan el acceso bajo el argumento de que se podrán generar situaciones de autosecuestro.
La situación es igualmente compleja para madres, esposas y otras mujeres parientes de privados de libertad, quienes acuden regularmente a los centros de detención preventiva y deben superar múltiples limitaciones, con la esperanza de poder visitar a sus familiares o hacerles llegar alimentos o insumos para el aseo personal.
Denuncian convivencia entre hombres y mujeres en los mismos espacios
En los centros de detención, la exclusividad femenina no está garantizada y la convivencia entre hombres y mujeres en los mismos espacios se hace presente en las sedes de la Policía Municipal de Guaicaipuro, Polimonagas y Politáchira.
En estos centros se han denunciado casos en los que las reclusas han quedado embarazadas de otros presos o de guardias custodios. En la sede central de Politáchira esto ha sucedido con dos funcionarios que durante el 2016 fueron señalados de ser padres de tres de las internas en gestación, quienes posteriormente fueron beneficiadas con arresto domiciliario y medidas sustitutivas de libertad.
Hacinamiento femenino
Los centros de detención preventiva no tienen las condiciones necesarias para albergar detenidos por más de 48 horas, sin embargo, son usados como sitios de reclusión definitiva, lo que junto al retardo procesal, ha provocado altos niveles de hacinamiento, con las consecuencias que se derivan del mismo.
En el monitoreo de Una Ventana a la Libertad, los centros preventivos tienen capacidad para albergar a 1.985 privados de libertad, pero actualmente se encuentran recluidos 8.003 presos en esas instalaciones, lo que indica que tienen una sobrepoblación de 403 %.
En promedio, hay cuatro personas en el espacio que debería ocupar una sola. En estos centros, la población de 374 mujeres presas representa el 4,67 % del total.
hay cuatro personas en el espacio que debería ocupar una sola
Así sucede en Los Teques, estado Miranda, donde el hacinamiento en los calabozos de Poliguaicaipuro ha integrado en convivencia a más de 70 personas privadas de libertad en un mismo pasillo, entre hombres y mujeres, dos presas quedaron embarazadas de otros detenidos.
En el estado Falcón, 25 mujeres permanecen en dos celdas de 4 metros por 2, sin electricidad ni agua potable. Esta condición ha provocado brotes de escabiosis entre las presas.
Situación similar se vive en la Estación Policial La Carucieña, de Barquisimeto, estado Lara, donde de las 67 mujeres detenidas 59 han sido procesadas, sin que se haya producido el traslado a los centros carcelarios correspondientes.
Entretanto, el informe señala que en el estado Zulia la vulneración de los derechos se expresa en extorciones que reciben las madres o esposas de privados de libertad, para que realicen pagos a los líderes de los centros de detención preventiva para garantizar la vida de sus parientes presos.
“Las mujeres son las más sufridas y maltratadas en una cárcel”
“Las mujeres son las más sufridas y maltratadas en una cárcel”, afirma Nayibe López, portavoz de un colectivo de familiares de reclusos de la antigua cárcel de Uribana, a Una Ventana a la Libertad. Esta activista devenida en defensora de derechos humanos afirma que el maltrato y la discriminación a mujeres en centros penitenciarios es parte de una cultura en Venezuela.
“Las mujeres son también las más vigiladas y hay mucho maltrato y desigualdad. A las que están embarazadas las trasladan a centros de detención en otras entidades, como el INOF, alejadas de sus familiares. Los niños entran sólo cuando el Ministerio de Asuntos Penitenciarios lo permite», detalla Mirbel Ollarves, psicóloga que atiende casos en el Instituto Regional para la Mujer (Iremujer).
La especialista también explica a la ONG que las mujeres que atraviesan situaciones como detenciones en condiciones precarias de encarcelamiento padecen de excesivos niveles de estrés, hostilidad y reacciones a estímulos adversos, como pesimismo, depresión, ansiedad, baja autoestima y rasgos agresivos.
Además, a diferencia de los hombres, a las mujeres no se les permite el derecho a recibir visitas conyugales, detalla Ollarves, y en algunas comisarías el Estado no cumple con la alimentación, siendo las familias las que deben comprar y llevar las tres comidas del día.
En cuanto a los derechos consagrados en las leyes, la organización denuncia varias violaciones, como al artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario, donde se establece que las mujeres privadas de libertad tienen derecho: “A recibir atención médica especializada durante el periodo de gestación, parto y lactancia, así como a permanecer, las madres, con sus hijos o hijas hasta que alcancen los tres años de edad, si así lo decidiere, y a que los infantes reciban la atención médica necesaria
De igual forma, el artículo 81 del mismo código señala que las privadas de libertad embarazadas deben ser ubicadas «en espacios habilitados para estos fines dentro de los módulos femeninos, donde recibirán atención médica especializada y disfrutarán del reposo pre y post natal de conformidad con lo establecido en la ley”, otra disposición que no se cumple.
