El acoso al que se ven sometidos los periodistas es parte significativa de la crisis y el conflicto político en desarrollo
Oscar Battaglini
Lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela en el ámbito del derecho de expresión e información bajo el régimen chávezmadurista, es una consecuencia directa del carácter antidemocrático (autoritario) y totalitario de ese régimen político. Pero esta doble condición no se manifiesta sólo en la negación que se hace de los mencionados derechos, sino que se expresa igualmente y con una gran fuerza y agresividad, en toda la práctica política que aquel es capaz de desarrollar en el ejercicio del poder. Eso es lo que explica: 1.- El fanatismo sectario y prepotente con el que se conduce en tal ejercicio la burocracia chavista; 2.- La violación sistemática y descarada de la Constitución de la República, hecho que tiene en el desconocimiento autoritario de la Asamblea Nacional, electa por la inmensa mayoría del pueblo venezolano, su mayor exponente, y que le permite entre otras cosas al Gobierno ilegítimo de Maduro, gobernar sin control alguno; 3.- La privanza que se le ha dado al elemento militar para que intervenga con el mayor descaro y como si se tratara de un actor político deliberante en la vida política del país; 4.- La proclama en la que de manera reiterada se da cuenta de la existencia de hecho de un gobierno paralelo civil-militar que en cualquier momento pudiera pasar a ejercer la jefatura política de la República. Cuando se escucha en boca de Maduro un discurso en el que se dicen esas cosas, uno no puede menos que imaginar lo que pasaría si un lenguaje semejante a ese fuese utilizado por algún factor político de oposición para referirse a la situación política nacional; 5.- La creación de “colectivos” armados para ser utilizados —cuestión que ya se ha venido haciendo— como instrumentos de choque, al más rancio estilo fascista, contra la oposición y la protesta popular en general; 6.- El control autocrático que, con la sola excepción de la Asamblea Nacional, se ejerce sobre todos los demás poderes públicos, lo que hace que esos poderes, antes que ocuparse de las funciones que tienen asignadas constitucionalmente, lo que están es dedicados a vigilar y castigar a los adversarios políticos del Gobierno, lo que por lo general, se hace sin causa justificada. A eso se deben: 6.1.- Los más de 100 presos políticos recluidos en las ergástulas del oprobioso régimen que hoy sojuzga a la nación venezolana, y que —vale decir— son casi todos “presos de conciencia”; 6.2.- Las sentencias (más de 40) mediante las cuales el TSJ ha anulado las leyes y resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional con el interés de contribuir a solventar la pavorosa crisis por la que actualmente atraviesa la sociedad venezolana; 6.3.- El boicot practicado por el régimen madurista con la complicidad manifiesta del Poder Judicial y el CNE en contra de la realización del referendo revocatorio presidencial; 6.4.- La postergación autoritaria de las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes. Con esta medida, y la suspensión del referendo revocatorio, el Gobierno deja ver el propósito perverso de proscribir el derecho del voto libre en Venezuela.
Se trata, como puede verse, de un conjunto de medidas que en el fondo lo que persiguen es —por otro lado— comenzar a cerrar el círculo que termine de establecer en nuestro país una situación política caracterizada por la dominación o regimentación totalitaria (fascista) del conjunto de las relaciones dela sociedad venezolana. Todo ello como parte y preludio de la instauración en su seno de un Estado policíaco en el que las personas con talento y capacidades probadas, sean sustituidos por fanáticos incondicionales al servicio sectario de ese Estado, y donde la lealtad servil al líder, y al orden así constituido, se convierta en el único medio de reconocimiento social. No por casualidad ese fue el requisito básico mediante el que la burocracia cubana y el propio Chávez escogieron a Maduro para que lo sucediera en el poder cuando se tuvo la certeza de la inminencia de su muerte. Esa es también la razón por la que Maduro vive diciendo que él ha sido leal a Chávez, al tiempo que le exige lo mismo a su entorno palaciego.
Es quizás en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión y de la comunicación social en general, donde la perturbación autoritaria y totalitaria introducida por la anomia chavista en nuestra sociedad, se muestra con mayor énfasis y brutalidad. Veamos algunos ejemplos que ilustran muy bien esa situación:
1.- El control monopólico que el Gobierno ha venido estableciendo sobre los distintos medios de comunicación (radioeléctricos e impresos), los cuales han sido convertidos en vehículos para el adoctrinamiento y la inculcación de un pensamiento único, el de la “revolución bonita”.
2.- El intento de proscribir, en consecuencia, el pensamiento crítico, pretensión que ha llegado al extremo de haber hecho colocar en las oficinas públicas, por órdenes de Diosdado Cabello, una leyenda en la que se prohíbe, de la manera más burda y ridícula, criticar a Chávez y a su legatario Maduro.
3.- El feroz hostigamiento que permanentemente se ejecuta en contra de los pocos medios de comunicación social —como en el caso de este semanario— que se mantienen fuera del alcance y control totalitario del Gobierno. Lo que se busca con esto es amedrentarlos para que se autocensuren o, en el peor de los casos, quebrarlos, y de ese modo obligar a sus dueños a vendérselos al Gobierno, a aliados de este, como ya pasó ,entre otros, con “Últimas Noticias” y “El Universal”.
4.- El retardo interminable al que son sometidos los medios radioeléctricos para que les sea renovada la licencia que les permita realizar sus actividades dentro de la ley y dentro del marco de la debida seguridad jurídica. A todas luces se trata de un chantaje con el que se persigue recordarle a los medios que se muestren remisos lo que fue la experiencia que se viviera con Radio Caracas TV, canal de televisión al que el Gobierno de Chávez le dictó una medida de cierre definitivo.
5.- La eliminación de la señal de la cadena internacional CNN, alegando falsamente para ello el Gobierno razones de Estado o de seguridad nacional.
6.- Las constantes y abusivas cadenas de radio y televisión con la finalidad de hacerle ver al pueblo aquello que no está pasando en la realidad.
Cuando se tiene en cuenta esa secuencia de agresiones a la libertad de expresión y de información en Venezuela, practicada por el régimen chavista a lo largo de su existencia, no puede menos que resultar risible la posición del ministro de Información del Gobierno, Ernesto Villegas, quien recientemente declaró que en Venezuela existía más libertad de expresión y de información que en los Estados Unidos. A este respecto —y a reserva de volver sobre el tema— queremos expresar brevemente lo siguiente: en los Estados Unidos los medios de comunicación se rigen estrictamente por el principio de autocontrol, lo que significa que practican plenamente la libertad de información y de crítica, pero sin descalificar ni ofender, cuestión que los pone a cubierto de demandas y enjuiciamiento criminal.
Eso es lo que permite entender, por ejemplo, el papel desempeñado por el “Washington Post” en la destitución de Nixon por el caso Watergate, sin que ello implicara ningún prejuicio para los medios de prensa. Una situación parecida a esta es la que actualmente existe entre algunos de los más importantes medios de los Estados Unidos y Donald Trump, quien desde la reciente campaña electoral y ahora como presidente, ha mantenido un fuerte enfrentamiento con esos medios, debido a las críticas que estos vienen haciendo en su contra. Aunque Trump ha llegado al extremo de impedirle la entrada a una rueda de prensa en la Casa Blanca al “Washington Post”, al “New York Times” y a CNN, esto no significa que esté en capacidad de inferirle daños de mayor envergadura o de otra índole, para ello se requeriría de una orden judicial que a Donald Tump no le será fácil de promover y conseguir, sobre todo después de lo ocurrido con el decreto que prohibía la entrada a los Estados Unidos de personas de 7 países de religión musulmana. Contrariamente, lo que sí pudiera pasar es que, como decimos en Venezuela, es que se le enrede más el papagallo, dado que en ese país sí funciona cabalmente la independencia y separación de poderes, cosa que aquí en Venezuela no existe en la actualidad. De modo que el ministro Villegas no tiene ninguna posibilidad de demostrar lo afirmado por él en sus malhadadas declaraciones, y mucho menos de salir ganancioso del cotejo que nos propone.
La violación sistemática del derecho de expresión que se vive en Venezuela, y el acoso al que se ven sometidos los medios de comunicación social independientes, son parte significativa de la crisis y el conflicto político en desarrollo, situación que no cesará hasta tanto no se produzca la separación o la salida definitiva del poder de la camarilla civil-militar que lo detenta. De ahí la importancia estratégica que tienen las elecciones pendientes, para que sea el pueblo con su voto el que le ponga término a la pesadilla en la que estamos inmersos todos los venezolanos.
