A finales de 2017 Venezuela podría llegar a enfrentar el inicio de un juicio internacional por la reclamación del territorio Esequibo, escenario perjudicial pues los procesos judiciales ya han desfavorecido al país en tres ocasiones anteriores
Mónica Duarte
En medio de la etapa final de un proceso de buenos oficios internacionales, que comenzó en 1990 de la mano de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Venezuela enfrenta la posibilidad cada vez más certera de que su disputa territorial por el Esequibo llegue a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un juicio por la soberanía, paso que definiría la última instancia para resolver de forma definitiva e irrevocable el conflicto histórico.
Por ello el año 2017 se presenta como la última posibilidad que tendría el Estado venezolano de resolver la disputa a través de un buen oficiante, tal como estableció en diciembre de 2016 la declaración del portavoz del Secretario General de la ONU en el que se anuncia el Proceso de Buenos Oficios “con mandato reforzado de mediación”.
Así, el 27 de febrero de 2017 el nuevo Secretario General del organismo, António Guterres, escogió al diplomático noruego Dag Nylander como la nueva figura del caso para un período de nueve meses que culmina en noviembre de este año y que ratificó las conclusiones de su antecesor.
“Venezuela no está preparada para ir a un juicio de este tipo, podríamos perder de forma definitiva el territorio”, asegura Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri).
Los especialistas de esta organización mencionan que, aunque existe un consenso sobre la razón histórica que acompaña el reclamo venezolano, la mala preparación y defensa de los argumentos podría comprometer la decisión jurídica. “Este escenario constituye el desafío internacional más importante para la República en 2017”, agrega Ramírez.
Venezuela tiene hasta noviembre para negociar por el Esequibo ante el buen oficiante de la ONU
Desde abril de 2015 las relaciones con la República de Guyana han marcado un tono de confrontación, luego de que el país vecino modificó sus límites y la proyección de sus aguas nacionales hacia el territorio en reclamación de la Guayana Esequiba y las proyecciones de la plataforma continental del Delta del Orinoco. Ante esta situación las declaraciones de la cancillería venezolana volvieron a reactivar el tema en la agenda internacional del país e intentaron marcar presión a través del Decreto Presidencial 1.787, promulgado en mayo de 2015, donde se le permitía a la Fuerza Armada tener acceso a la zona en reclamación.
“Venezuela está atrapada en un hecho del pasado, que tiene un efecto en el presente y que va a ser catastrófico en el futuro. Si perdemos el Esequibo quedamos encerrados y bloqueados, al quedarnos sin un pedazo de salida al océano Atlántico. Nosotros somos un país petrolero, exportamos petróleo e importamos comida, necesitamos de esa fachada”, manifiesta Eloy Torres, profesor de estudios internacionales y miembro del Covri.
A esta necesidad de una salida oceánica, Kenneth Ramírez añade la importancia de consolidar recursos energéticos para futuras generaciones, con el potencial petrolero y de aguas que existe en la región, y la existencia de reservas forestales que ayudarían a cumplir compromisos de cambio climático al país.
Pero ante la posibilidad de juicio, el Estado venezolano tiene tres opciones de actuación a las que puede recurrir como forma de defender sus intereses nacionales, explica Víctor Rodríguez Cedeño quien fue embajador por Venezuela ante la ONU. La primera sería que el Estado no comparezca ante la Corte, al no haber firmado el “protocolo facultativo de jurisdicción obligatoria” que la forzaría a comparecer. Esto, explica Rodríguez Cedeño, no necesariamente afectaría a Venezuela ni impondría una decisión contraria a sus beneficios.
“tenemos que estar preparados porque a términos de año, Guyana nos va a demandar”
La segunda opción sería acudir a la CIJ para rechazar la competencia y no reconocer la mediación de esta instancia; en este caso también existe una antecedente internacional, cuando en1947 en el caso Albania contra Reino Unido la Corte decidió no actuar al no tener el reconocimiento de ambas partes implicadas.
Y la tercera opción es que Venezuela acuda al juicio para decir que Guyana no ha cumplido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que constituye “el documento más importante para Venezuela en este momento”, al dar concesiones de explotación energéticas, para, además, resaltar la negativa sistemática que ha tenido el país caribeño a negociar en los 27 años de buenos oficios. Pero el embajador Rodríguez Cedeño agrega de forma enfática que “tenemos que estar preparados porque a términos de año, Guyana nos va a demandar”.
Fracaso por inacción
“Venezuela no está preparada para la Corte, es totalmente inconveniente porque en estas condiciones no va a ganar. Vamos a ir a allá a salvar lo que se pueda”, asegura el internacionalista Rajiv Morillo.
Además de asomar estrategias, los internacionalistas se unen en la preocupación por el acercamiento de una “nueva y delicada etapa” que podría significar la pérdida definitiva del territorio.
“Si perdemos el Esequibo quedamos encerrados y bloqueados”
“Ir a la corte significa aceptar la tesis guyanesa que ellos defienden desde 1982 como el mecanismo óptimo para la resolución del diferendo. Este es un proceso sumamente complejo que no puede tomarse a la ligera pues las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son definitivas inapelables y vinculantes”, afirma Morillo. “Ni en los actuales momentos ni en corto plazo Venezuela está en condiciones de acudir a tal instancia”, añade.
Sin embargo, una cuarta opción se podría perfilar como la alternativa ofensiva de Venezuela: demandar a Guyana antes de que esta lo haga al finalizar el período de mediación de 2017. “Esto pondría a Guyana de nuevo a la defensiva y le permitiría Venezuela fijar una posición activa ante el conflicto”, afirma Rodríguez Cedeño.
Pero la preparación para enfrentar un juicio internacional es un proceso largo y complejo, que puede llevar de tres a cinco años para ir a la Corte. “Debimos estar pensando en esto desde 2013, porque en ocho meses no podemos estar listos y Guayana desde 1982 ya está preparada, tienen documentación y alegatos necesarios. Nosotros tenemos los documentos que demuestran los vicios del Laudo de 1899 pero no están preparados ni sistematizados, no hemos hecho lobby internacional ni hemos contratado abogados internacionales para defendernos”, explica Morillo.
Con él coincide el diputado Williams Dávila, miembro Comisión de Política Exterior y presidente de la Comisión Internacional del Parlasur, quien asegura que en 2014 en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se planteó una preparación ante una posible demanda internacional que fue desoída. “No veo una actitud coherente del Gobierno ni que se esté alimentando el expediente venezolano”, comenta Dávila.
“Ni en los actuales momentos ni en corto plazo Venezuela está en condiciones de acudir a tal instancia”
Los especialistas además aseguran que la falta de prioridad política del tema pareciera sentar un precedente en el cual ir a la CIJ no sería una decisión propia sino una “derivación producto de la inacción”. Además, explican los voceros del Covri, Venezuela no tiene la fuerza militar para entrar en el territorio en reclamación y ejercer la protección de la zona.
Declaraciones con peso jurídico
Otro de los factores que preocupan y peligran la posible soberanía de Venezuela sobre el Esequibo son las declaraciones que han hecho los representantes del Estado sobre el desarrollo de Guyana en la zona en reclamación. “Las declaraciones pesan”, así explica Eloy Torres la gravedad de los errores discursivos de Venezuela que Guayana podría usar como argumentos de entrega territorial, al aplicar el principio de interpretación de los actos y declaraciones unilaterales de los Estados en derecho internacional.
Ya en 2004, el entonces presidente Hugo Chávez anunció desde Georgetown, la capital de Guyana, el visto bueno a desarrollos económicos en el Esequibo que favorecieran a la población local.
Estas declaraciones rompían una tradición de presión hacia el propio Gobierno guyanés y que derivaron en un mutismo posterior, explica el internacionalista y politólogo Rafael Sureda Delgado. Sin embargo, “ninguna declaración irresponsable es suficiente para decir que Venezuela reconoce el Laudo Arbitral de 1899 o que renuncia al territorio”, sentencia Sureda.
El Presidente guyanés ha mencionado a Venezuela como un “país agresor” por dos años consecutivos en la ONU
Pero el peso de las manifestaciones se puede medir además por la decisión de la ONU al abordar la disputa por el Esequibo como un tema prioritario luego de que el Presidente guyanés, David Granger, haya mencionado a Venezuela como un “país agresor” por dos años consecutivos en sus discursos ante la Asamblea General del organismo. Estas palabras sumadas a la inacción política venezolana podrían sentar precedentes.
Un mediador Protocolar
Dag Nylander, diplomático de Noruega, llega al diferendo entre Venezuela y Guyana nombrado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, luego del éxito del noruego como el representante de los estados garante del proceso de paz de Colombia. Allí, conoció al embajador Roy Chaderton y estableció cercanía con los procesos latinoamericanos, sin embargo, este sería su primer caso territorial.
Los representantes del Covri afirman que su nombramiento en primera instancia es positivo pues no es un mediador vinculado con la Comunidad del Caribe (Caricom) ni con la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones), instancias allegadas a Guyana.
Además, Noruega ha sido “un país con un rol histórico en la construcción de paz”, asegura Ramírez. Empero, este país ha hecho grandes inversiones históricas en Guyana, financiando con 250 millones de dólares un programa para la protección ambiental que la excolonia británica no ha cumplido.
“un simple acto protocolar de la ONU para llevarnos en 2018 a la CIJ, donde Guyana ha hecho constante lobby”
Sin embargo, el tiempo límite de Nylander “pone mucha presión a que el tema se resuelva”, asevera Jorge Luis Fuguett , director de la ONG Mi mapa de Venezuela incluye el Esequibo.
El activista agrega que este término da una limitada posibilidad de destrabar el conflicto con un bajo nivel de compromiso y que pareciera ser “un simple acto protocolar de la ONU para llevarnos en 2018 a la CIJ, donde Guyana ha hecho constante lobby”.
Esta mediación se inscribe además en un contexto jurídico diferente a los años anteriores, pues la nueva Secretaria General de la ONU busca potenciar su función en la prevención de conflictos internacionales, explican los miembros de Covri. Esa nueva doctrina se respalda en los propios historiales de mediador territorial en negociaciones rápidas que tuvo Guterrez con la transferencia de Macao a China en la década de 1990.
¿Puede Guyana explotar recursos energéticos del Esequibo?
La respuesta jurídica no es tan simple ni tan categórica como la que expresan los férreos defensores del Esequibo venezolano al asegurar que es una violación internacional la incursión energética de Guyana. Las opiniones divergen, lo que unos analistas reclaman como una violación del Acuerdo de Ginebra, otros lo denominan un derecho nacional que no está prohibido por los tratados pero que perjudica a Venezuela.
Sin embargo, estas divergencias no cambian el hecho que desde el año 2012 la excolonia británica ha otorgado contratos energéticos a compañías trasnacionales para la exploración y explotación de recursos mineros y petroleros en el territorio en reclamación y en la proyección de las aguas territoriales de este espacio. El último reporte de estos trabajos informa que se han encontrado reservas petrolíferas de hasta 1,4 millardos de barriles de petróleo.
Pero estas actividades tampoco le garantizan a Guyana un derecho adicional sobre el territorio. El artículo V del Acuerdo de Ginebra establece que nada de lo que haga o deje de hacer Guyana o Venezuela en esa zona, ni da ni quita derechos, a menos de que lo que se haga sea aceptado y firmado por escrito. Aunque en este mismo principio se basa Guyana para afirmar que no está prohibida su incursión política y económica dentro de la región.
El internacionalista Rafael Sureda asegura que esta República es en realidad quien detenta de forma práctica del territorio luego de que el Laudo arbitral de París de 1899 se lo otorgara, “de forma que puede ejercer actividades naturales sobre la región”.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: monicaduarte@larazon.net
