Mónica Duarte
“Se necesita un espacio para la interlocución política, no una nueva Constitución”, asegura el profesor universitario Javier Biardeau
Mónica Duarte
Para analizar la conflictividad social venezolana el sociólogo Javier Biardeau comienza en el año 2013, con un primer resultado electoral para Nicolás Maduro que ya comprometía la legitimidad de Gobierno y fortalecía la percepción opositora de debilidad e incapacidad de gestionar el país.
Ya para el 2014 los antagonismos políticos, explica, no se dirimían por canales institucionales sino por la vía de la calle y de la protesta, factores que fueron escalando la polarización hasta llegar al punto de quiebre del 2017 que “no es más que el efecto acumulativo de la agudización extrema del conflicto de poderes que lleva años”.
De la polarización a la interpretación de la Constitución como un instrumento programático Biardeu, profesor Sociología de la Universidad Central Venezuela y promotor del pensamiento crítico socialista, pasa a calificar el panorama nacional como una “tormenta perfecta y catastrófica” que agrava la ingobernabilidad en sus tres dimensiones fundamentales: una crisis de estabilidad política, una crisis de legitimidad democrática y otra de eficacia de la acción de Gobierno.
«Hay una guerra abierta de desgaste que tiene costos sociales, económicos y humanos gravísimos para la historia del país»
“Con muchos elementos antagónicos que tensan sobremanera el pacto político fundamental que es la Constitución, los actores interpretan de manera distinta los contenidos y alcances de los principios constitucionales. Cada uno acusa al otro de fragilizar, precarizar, desconocer y desaplicar la propia Constitución. La ven como si fuera una Constitución programática de un proyecto ideológico o como un instrumento para atacar sistemáticamente. Ese uso político instrumental es fundamental hoy para definir la voluntad de defender la Constitución como el pacto fundamental de un Estado”.
Para Biardeau este conflicto podría llevar al país entre una pendiente autoritaria, por parte del Gobierno, y una salida no pacífica ni democrática, por parte de la oposición. Asoma la posibilidad de un hecho desencadenante de violencia masiva que pueda generar salidas caóticas con una guerra no convencional y con una fractura militar.
Ante esto, sus escenarios de solución pasan, necesariamente, por un nuevo diálogo donde se extraiga el liderazgo político fanatizado y se siente un “conclave”, donde ve como el único actor posible para pacificar y apaciguar a Venezuela al Papa.
¿Estamos en el punto máximo de la ruptura institucional?
– El año 2017 es el punto álgido porque todo el 2016 fue la posibilidad, desde la percepción opositora, de activar todas las estrategias disponibles para presionar por el derrumbamiento de una gobernabilidad precaria. Esa es la narrativa del sector opositor: una oportunidad de oro, porque Maduro enfrenta una crisis económica, un progresivo aislamiento internacional y una crisis social que socavaba sus bases de apoyo y el respaldo popular del proyecto bolivariano. En ese cuadro, el año 2017 no es más que el efecto acumulativo del resultado de la agudización extrema del conflicto de poderes del año 2016. Todo el 2016 se resume para mí en un conflicto entre poderes tratando de ser canalizado, sin mucho éxito, por el Tribunal Supremo de Justicia, y finalmente agravando la polarización.
Después de más 50 días de protestas en 2017 ¿Qué ha cambiado en Venezuela?
– Se ha agravado la crisis. Nosotros vivimos una pendiente de crisis sucesivas, combinadas entre sí, que son tan graves que los actores comenzaron a hablar de golpe de Estado. Tanto el Gobierno acusa a la oposición de estar cometiendo un golpe de Estado continuado, como la oposición acusa al Gobierno de golpista a partir de las sentencias del TSJ contra la Asamblea NAcional y de la suspensión de la iniciativa del referéndum revocatorio del 2016 en la que, hay que decirlo, el modo en que se suspendió esa iniciativa fue bastante sui generis, si lo analizamos desde la perspectiva de quien debió haber tomado la decisión sobre eso fue el Consejo Nacional Electoral y fueron tribunales regionales los que ilegalizaron eso. Todo esto generó un agravamiento de la polarización y el Gobierno cerró el año 2016 con un relato de victoria pírrica cuando señaló que la estrategia opositora liderizada por Henry Ramos había fracasado pero sin mostrar logros en la recuperación de la gobernabilidad. Por eso el año 2017 es el año de la expresión del entrampamiento institucional, es decir, cuando el conflicto de poderes deriva en un bloque institucional del Estado venezolano.
«El año 2017 es el año de la expresión del entrampamiento institucional»
Salida Negociada
¿Este conflicto tiene soluciones o estamos ante un quiebre definitivo?
– Yo no me inclino ni por un quiebre definitivo ni por una recuperación definitiva ni de una salida inmediata del Gobierno de Maduro. Lo que sí me parece que ya hay es una guerra abierta de desgaste que tiene costos sociales, económicos y humanos gravísimos para la historia del país. Estamos viviendo una situación dramática, es una tragedia nacional, porque el número de muertos derivados del conflicto es demasiado importante. Un muerto ya es una tragedia pero la indolencia frente a los costos humanos que está teniendo sostener posiciones intransigentes en la guerra de desgaste está llevando al país a una zona de riesgo de caída a una situación irreversible y dramática. Y desde el punto de vista político lo deseable y lo imperativo es una solución política negociada. Venezuela requiere una solución política negociada, pacífica, que genere una exigencia de justicia recíproca de los actores y que pueda encausarse por canales institucionales.
¿Y qué hace falta para llegar a ese punto de salida negociada?
– Voluntad política sobre acuerdos mínimos, empezando por el primer acuerdo que es el acatamiento del orden constitucional y unas elecciones trasparentes. Lo que está en riesgo es el pacto de convivencia que existe entre los venezolanos, que regula la existencia y la dinámica política. La arquitectura constitucional se está resquebrajando y la paz como objetivo requiere una defensa principista del ordenamiento constitucional y de la vigencia la constitución para todos los actores.
«El propio Gobierno ha dicho que no necesita una nueva Constitución»
Pero frente a esto el Gobierno lo que ha planteado es una nueva Constitución, la posibilidad de cambiar ese pacto ¿Esta es una solución acertada? ¿El país necesita una nueva Constitución?
– El propio Gobierno ha dicho que no necesita una nueva constitución, que necesita un espacio para la interlocución política, para el diálogo. El Gobierno ha planteado que se han derrumbado todas las instancias del diálogo y que la constituyente es el único espacio posible del diálogo. Yo estoy de acuerdo con el llamado a la paz, tiene que construirse una instancia para ello, llámese como se llame, lo que no estoy de acuerdo es que sea la única, puede haber otras que traten de abonar en el camino a la pacificación del país.
Entonces ¿qué saldría de esta Constituyente?
– No sale nada bueno si es una Constituyente unilateral. Si la manera de convocar, de integrar, de funcionar, de ratificar las decisiones ahí tomadas, se hace solamente desde la visión, concepción y perspectiva de uno de los actores, el conflicto político venezolano se sigue reforzando. La gran tarea que tiene el Gobierno encima con la Constituyente es implicar en su propuesta, atraer y entusiasmar a sectores significativos de oposición.
Y, desde mi punto de vista, la gran tarea que tiene la oposición desde mi punto de vista es dirimir internamente su propia controversia alrededor de la aceptación o no del cronograma sobre las elecciones presidenciales, porque la oposición ha colocado sobre la mesa las elecciones anticipadas para el año 2017, y desde el punto de vista normativo esa solicitud está fuera de orden. Pero además creo que se ha dinamitado la confianza necesaria para generar un clima electoral que de garantía de que los resultados van a ser aceptados por todos los actores.
Hasta que eso no se resuelva la situación va a ser dramática. Por eso las dos medidas imperativas son una mesa de diálogo creíble para ambas partes, que obviamente requiere el arbitraje de figuras internacionales que garanticen la verificación y cumplimiento de los acuerdos. Y, en segundo lugar, un cronograma electoral cierto, que dé certeza que el país no está renunciando a resolver sus controversias por vías electorales.
Constituyente carece de legitimidad
El Gobierno ya ha llamado a elecciones para una Asamblea Constituyente ¿realizándose como está convocada sería una Asamblea Constituyente originaria y legítima?
– Yo soy partidario de una aplicación rigurosa de una convocatoria democrática a la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta el acto mismo de integración de la Asamblea voy a defender la necesidad de un referendo popular para convocar la ANC.
La legitimidad democrática de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se la da el hecho mismo que el pueblo decida que esa es una opción necesaria para el país, eso le da un agregado de legitimidad de origen para reclamar su carácter plenipotenciario, originario y supraconstitucional, que el propio pueblo haya sido el que haya activado la ANC. Eso lo reconoció Chávez en el año 1999 y no se está haciendo adecuadamente en el presente.
Otro punto, es que los miembros de la Comisión Presidencial Constituyente no han sido claros sobre los propósitos que están establecidos en la Constitución para una ANC, que son transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva Constitución. Obviamente ellos han hablado de un programa, que yo puedo compartir, sobre la constitucionalización de las misiones, pero no es ninguna garantía que apareciendo eso en la Constitución implique su vigencia y su aplicación, ya existen artículos en la Constitución del 99 que no se aplican, garantías que se violan, procedimientos que no se acatan. Y si esta Constitución nace herida ya va a ser una Constitución débil.
¿Pero sería legítima?
– Obviamente carecería de suficiente legitimidad para todos los actores por el carácter controversial en su base democrática. El Gobierno puede atribuirse todas las cualidades y características de la Constituyente pero con una legitimidad precaria, sin la implicación, sin el reconocimiento y sin la convalidación de sectores significativos de la oposición en la ANC estaríamos en un punto muerto.
¿Qué vendría después de la Asamblea Constituyente si esta instancia no sirve para dirimir el conflicto en el que estamos?
– Yo prefería imaginarme qué vendría después de una mesa de diálogo que dé certidumbre a la población. No me quiero imaginar el otro escenario porque ya es suficientemente grave lo que está pasando para pintar la figura y la forma de situaciones más dramáticas.
Creo que hay que posicionar expectativas en la opinión pública de solución al conflicto y no de agravamiento, este es un momento para pensar en el país, para pensar en el pacto de convivencia que permita que dos actores puedan conversar y dirimir sus controversias a través de instituciones, del derecho, de la política, y no a través de la amenaza, de la coerción, del chantaje, de la prisión o de tribunales de dudosa legalidad. Yo no quiero que el país siga cayendo por una pendiente autoritaria ni quiero que el país caiga por un escenario en el cual la oposición plantee una salida no constitucional, una salida no pacífica, no democrática, no electoral. No tenemos que pasar por un conflicto civil, no vale la pena pasar por allí para después reconocer que tenemos que sentarnos a dialogar, a negociar y llegar a acuerdos mínimos, eso lo podemos hacer hoy. Y como podemos, debemos hacerlo para evitar más sufrimientos.
Tiene que haber en la sociedad venezolana una consciencia nacional de “basta ya” de enfrentamientos para que la violencia no se apodere de todos los espacios de la sociedad. Y, lamentablemente, en Venezuela la política ha degenerado tanto que somos muy superficiales, muy altaneros y muy irresponsables en el debate político, defendemos nuestro punto de vista con altanería sin reconocer ni revalorizar la posición del otro.
«Un muerto ya es una tragedia pero la indolencia frente a los costos humanos que está teniendo sostener posiciones intransigentes en la guerra de desgaste está llevando al país a una situación irreversible y dramática»
Diferencias internas
Luego de los pronunciamientos de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y de dos magistrados en contra de la Constituyente, ¿cómo se ve el chavismo internamente hoy?
– Ambos actores tienen diferencia en sus planteamientos. Yo creo que en el chavismo hay una gran responsabilidad por no desdibujar la promesa de Chávez de una revolución democrática, constitucional, pacífica, que aplique exhaustivamente lo dispuesto en la Constitución de 1999, que introduzca incluso mejoras por los mecanismos de reforma contemplados en la Constitución, pero basando esas mejoras en una legitimidad democrática incuestionable. Si es así, el chavismo va a ser un actor con mucho futuro político, siempre que esté apegado a la legitimidad democrática en sus decisiones.
En el chavismo, es un hecho comunicacional, público y notorio que hay diferencias, algunas de grupos que no tienen el peso político para el peso mediático que tiene sus opiniones, no hay una correlación, pero yo insistiría en la idea de que cualquier diferencia política en este momento debe ser valorizada y no descalificada, no son traidores, no hay que tratarlos como desertores.
El tratamiento inadecuado de las diferencias políticas en el seno del chavismo le ha hecho mucho daño, esa responsabilidad reside en el alto Gobierno y en el alto mando del partido. El Gobierno está fallando en la tramitación democrática de esas diferencias políticas en el seno de su propio campo, lo cual lo pone a uno a dudar de si será capaz de tratar democráticamente las diferencias políticas con sus opositores.
«El tratamiento inadecuado de las diferencias políticas en el seno del chavismo le ha hecho mucho daño»
¿Y cómo maneja la oposición sus diferencias?
– Yo creo que la oposición a esta fecha tiene el grave dilema de deslindarse o no de las acciones violentas con efectos graves y desastrosos y que algunos califican, más allá de vandalismo, en terrorismo. Veo que la oposición ha perdido el control de manifestaciones de protesta y algunos actores de oposición refuerzan acciones que desde mi punto de vista deben ser repudiadas por todos los actores, incluso por la comunidad internacional. También creo que los excesos de la represión del Gobierno, que son visibles, deben ser repudiados, corregidos y regulados institucionalmente porque el país se nos puede ir de las manos.
¿Eso es lo que está pasando?
– A cámara lenta sí. Si aquí un hecho con víctimas de carácter masivo, francotiradores, atentados a líderes políticos, como ha sucedido en otros países, se podrían traer lo que se conoce como efectos desencadenantes de un ciclo explosivo de acumulación de violencia.
Estamos a las puertas de evitar o no esa situación, estamos en el momento propicio para evitar que un sistema inestable se vuelva un sistema caótico. Una pequeña perturbación en un sistema que en este momento está funcionando de manera desorganizada puede generar salidas caóticas, puede generar la irreversibilidad del tiempo político. Y ¿quién recoge el agua derramada de un hecho desencadenante de violencia masiva? Venezuela no se merece eso.
Liderazgo irresponsable
¿Estarían los líderes del Gobierno y la oposición en capacidad de resolver el conflicto político?
– Los líderes son irresponsables. El liderazgo político de ambos lados está pensado más en lograr conquistar el poder a corto plazo que en lograr construir un pacto de convivencia entre los venezolanos.
¿Harían falta nuevos líderes políticos?
– O haría falta que estos líderes corrijan sus actitudes y escuchen a todo el país que clama por soluciones distintas a las que se han intentado hasta este momento. Por ejemplo, las consultas populares, los referéndums, los plebiscitos, conviene todo lo que tenga que ver con que los sectores que no se han expresado hasta ahora se puedan expresar y que esos espacios sean legales y legítimos.
