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La Fiscal debe hablar menos y actuar más, con verticalidad y sin hacer parte de operaciones políticas de los bandos confrontados, PSUV-MUD
Manuel Isidro Molina
La Fiscalía General de la República es una de las instituciones clave del Estado venezolano, de acuerdo con la Sección Tercera (artículos 284 al 286) del Capítulo IV Del Poder Ciudadano de la Constitución vigente (CRBV, 1999). Y como parte del “Sistema de Justicia”, su acción es concurrente y complementaria a la desarrollada por los Poderes Ejecutivo y Judicial, en materia penal y en cuanto a la vigencia y defensa del marco constitucional de la República.
Por todo lo que implican las potestades, obligaciones y responsabilidades de la titular de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz (LOD), en su segundo período en el cargo, es demasiado importante analizar sus más recientes actuaciones (procedimientos materializados) y pronunciamientos (orales y gestuales). Y en ello, es clave su entorno institucional y personal.
LOD ha hecho varios pronunciamientos importantes, que han disgustado al gobierno y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien también tiene su entorno, igual que el presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo que quiero significar es que ninguno de los tres está actuando a título personal sino como parte de factores de poder complejos y conocidos, con intereses diversos y, en algunos casos, perversos.
LOD tiene suficientes antecedentes en el desempeño de sus funciones, como para nunca aplaudirla, a menos que rectifique su lenidad ante la desbocada corrupción de agentes y socios comerciales del gobierno que destrozaron y saquearon la economía venezolana, desde 1999 hasta el presente, sin solución de continuidad durante los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez Frías (qepd) y Nicolás Maduro Moros. Todos los más graves delitos contra la cosa pública, incluso algunos con trascendencia internacional, han sido engavetados o ignorados bajo la rectoría de LOD en la FGR. No es secreto, y menos novedad alguna: en este fraude a la Constitución y al Sistema de Justicia, existe una responsabilidad inocultable e inevadible por parte de la actual Fiscal General de la República.
Entiendo y reconozco su pronunciamiento ante la descabellada sentencia de la Sala Constitucional contra las potestades del Poder Legislativo y la inmunidad de los parlamentarios principales (los suplentes no la tienen, salvo en tiempo de ejercicio de suplencia al principal). Tan importante fue, que los siete integrantes de la Sala Constitucional se apresuraron a enmendar la plana, con urgencia inaudita, dudosa constitucionalidad y sin autonomía. Es evidente que los siete magistrados trabajaron por encargo impuesto desde fuera del TSJ y de la propia Sala Constitucional, hecho público y notorio que los desnudó ante el país y el mundo.
También son de aceptación y reconocimiento los pronunciamientos de la FGR en cuanto a la violencia callejera y los excesos represivos; lo inconstitucionalidad de la aplicación de la justicia militar a civiles, expresamente prohibido en la Constitución; el maltrato, la tortura y otros actos contra los DDHH, el civismo, el orden público y la preservación de bienes públicos y privados.
El problema es que la FGR debe hablar menos y actuar más, con verticalidad y sin hacer parte de operaciones políticas de los bandos confrontados, PSUV-MUD. Sus nexos me sugieren algunas suspicacias, comenzando por su padrino político José Vicente Rangel y su compañero de vida Germán Ferrer, diputado del PSUV por el estado Lara a la Asamblea Nacional, quien indebidamente ha tenido acceso a las actuaciones fiscales en casos delicados de enriquecimiento ilícito, estafas bancarias y de casas de cambio, juegos ilegales y legitimación de capitales.
¿Participa LOD en algún plan político dirigido a socavar las bases del Poder Ejecutivo o, en todo caso, a entorpecer la defensa de la estabilidad institucional que desarrolla el gobierno del presidente Maduro? Sería muy grave.
En el país está en marcha un plan subversivo con evidente uso de violencia, odio y fanatismo ideológico y religioso. ¿Por qué la Fiscalía General de la República no actúa para detener y conjurar ese mecanismo golpista? El solo hecho de que el Presidente de la República y otros altos voceros civiles y militares del Poder Ejecutivo hayan denunciado pública e insistentemente un presunto plan “subversivo” y “terrorista” para derrocar el gobierno, basta para que la FGR haya iniciado una investigación específica sobre los hechos, con base en los informaciones y evidencias que seguramente pueden aportar los organismos de seguridad del Estado, que son parte del “Sistema de Justicia”. Ganaría LOD, respeto y reconocimiento general de la nación, cuya sociedad es víctima de la violencia callejera, los asesinatos y la destrucción masiva de bienes públicos y privados, por motivación política deliberada, pública y notoria.
Le falta mucho a la Fiscal General, para recibir aplausos sinceros de la nación maltratada, enloquecida, defraudada y fracturada por la confrontación fratricida generada por los desprestigiados dirigentes del PSUV y la MUD. Y no es pedido personal, caprichoso o gracioso. Su desempeño está normado por la Constitución:
“Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles… Ejercer en nombre del Estado la acción penal” (Art. 285), todo en articulación con los poderes Judicial (tribunales) y Ejecutivo (órganos de seguridad e investigación penal).
LOD sabe todo esto, y mucho más. También sabe que está en deuda con la República; y que su entorno no la ayuda, más bien la ata a hechos de dudosa legalidad, que de resultar punibles sus autores deben ser encausados judicialmente, previa actuación del Ministerio Público, órgano del Estado que no solo imputa y acusa, sino que dirige las investigaciones penales. Limpiar la casa es indispensable.
En medio de tanta confusión social, odio, violencia y destrucción, el Ministerio Público debe actuar más y hablar menos, materializar actuaciones que impidan y castiguen las violaciones a la ley y la Constitución por parte de los actores políticos confrontados y polarizados irracionalmente.
EL CONFESIONARIO
LA PRESIDENTA DE FUNDALATÍN, hermana Eugenia Russián, nos expresa su preocupación por los ataques violentos contra la sede de esa ONG dedicada desde hace décadas a la defensa de los DDHH. Ubicado en Altamira, el inmueble —quinta Fundalatín— ha sido atacado en dos oportunidades con piedras, metras y otros objetos contundentes por manifestantes violentos de oposición que acostumbran realizar sus acciones vandálicas entre la plaza Francia (Altamira) y la autopista Francisco Fajardo.
FUNDALATÍN HA SOLICITADO A LA FISCALÍA una investigación de los hechos de asedio y ataques que han provocado rotura de vidrios, ocurridos los días 15 y 19 de mayo, sin obtener resultados concretos algunos. Tampoco la MUD, convocante de las manifestaciones que devienen en actos vandálicos, ha reconocido responsabilidad en los ataques a Fundalatín, ni ha reclamado públicamente el cese a los ataques a esta reconocida ONG de larga obra en defensa de los DDHH en Venezuela y América Latina. Toda mi solidaridad y valoración a los directivos, activistas y amigos de Fundalatín.
LA MUD, convocante de las manifestaciones “pacíficas”, que buscan derrocar al gobierno —según Freddy Guevara, María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski y otros de sus dirigentes—, debe pronunciarse sobre estas agresiones a Fundalatín y pedir públicamente que cese ese hostigamiento premeditado.
LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA de la Asamblea Nacional (MEMO Nro. 55 del 07/03/2016) desestimó investigar el caso de conflicto entre privados por proyectos inmobiliarios “Las Mercedes 711” (oficinas) y “Asociación Civil El Rosal 702” (apartamentos): “los intereses patrimoniales que está en juego son de carácter particular y de ningún modo vinculados a inversiones o capitales de orden público. Por otra parte la presunta participación o no del ciudadano Marco Tulio Dugarte Padrón, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, es las irregularidades inmobiliarias no es tema de la competencia de esta instancia parlamentaria; considerando solo las instancias ordinarias, entiéndase Ministerio Público, pudieran valorar y determinar las responsabilidades las responsabilidades que generarían su grado de participación”.
CÉSAR SIMÓN GARCÍA URBANO Y ALEJANDRO RIVERO ROMANO, empresarios inmobiliarios ligados al caso, me enviaron comunicación escrita negando irregularidad alguna en el caso señalado arriba. Exponen: “Traspasamos con todas las formalidades de ley a personas civilmente hábiles, cuotas de la asociación civil Rosal 702, que debían ser apartamentos, nunca realizados por EDIVIAL y que en definitiva fueron construidos por sus asociados, con dinero del peculio de todos… las actuaciones están cimentadas en el cumplimiento a cabalidad del Código Civil, el Código de Comercio y las leyes relativas sobre la materia y fueron revisadas por todas las autoridades”.
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