Oscar Battaglini: El discurso oficial sobre la violencia

La elección de una Constituyente fraudulenta antes que contribuir a generar un ambiente de paz y convivencia entre los venezolanos, amplía e intensifica la violencia represiva

Oscar Battaglini

No sorprende el descaro con el que Maduro y los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa, se refieren cotidianamente a estado de violencia que se ha venido imponiendo en el país y que ya ha cobrado la vida de más de cincuenta (50) venezolanos, en su mayoría jóvenes en las manifestaciones populares de los últimos días, provocadas principalmente, de la salvaje y brutal represión ejecutada por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y los mal llamados “colectivos” organizados y armados por el gobierno, al más clásico estilo fascista para ser lanzados criminalmente en contra de los manifestantes y contra todo aquel señalado como enemigo del actual estado de cosas que rige en Venezuela. Esta situación que representa con toda exactitud uno de los hechos más trágicos de la realidad que estamos viviendo y padeciendo todos los venezolanos, viene siendo tergiversada de manera inescrupulosamente deliberada y perversa en los partes de guerra que Reverol, en su calidad de vocero, le rinde al país todos los días a través del sistema de medios radioeléctricos controlados por el régimen Madurista. Cosa que también hace Padrino López.

En esos partes, como ya es costumbre en el gobierno de Maduro-Padrino López, la violencia desbordada que el país entero observa con horror, y que ha enlutado de nuevo a numerosos hogares venezolanos, no ha sido provocada por su injustificada saña represiva, sino que esa responsabilidad se la endilga a una oposición que ha dejado claramente establecido y demostrado:

Su determinación de actuar con total apego a los preceptos constitucionales que garantizan el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos en una sociedad democrática; en particular, su estricta observancia del derecho a manifestar públicamente su condición de fuerza opositora, tal como lo consagra el Art.68 de la Constitución de la República: …”pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. La demostración más evidente de que esto ha sido así en todo momento y circunstancia, es que cuando los cuerpos armados del orden público no se han hecho presentes en el desarrollo de las manifestaciones populares de oposición, o cuando se han conducido de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley en relación a este tipo de eventos políticos, la violencia, con su saldo trágico de horror y muerte, ha estado completamente ausente.
Que su legítima presencia en las calles no tiene fines ocultos ni distintos a los que la mayoría de los venezolanos reclama con insistencia en la hora actual y que en términos resumidos son los siguientes:

el fiel cumplimiento de la constitución vigente;
el restablecimiento del orden constitucional que ha venido siendo quebrantado sistemáticamente por el ejecutivo chavista con la complicidad del TSJ, el CNE, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo;
la publicación por parte de CNE de un cronograma electoral que facilite la normal realización de las elecciones previstas constitucionalmente;
la inmediata libertad de todos los presos políticos, los cuales en su gran mayoría son “presos de conciencia”;
la apertura de un canal humanitario que permita aliviar o corregir en alguna medida la gravísima situación de escasez de alimentos y medicinas;
su oposición pacífica a la pretensión gubernamental de imponer la elección de una asamblea nacional constituyente corporativa (al estilo fascista) mediante la aplicación de procedimientos político-administrativos que no sólo subvierten el ordenamiento constitucional que rige la materia, y lo que fue la experiencia constituyente de 1999, sino que con ello se busca crear un clima de mayor violencia que le proporcione al gobierno el pretexto o “la gran justificación” que necesita para terminar de imponer en el país una situación de orden público aún más restrictiva de los derechos y garantías civiles de los venezolanos.

Esto es lo que en el fondo persigue la camarilla civil-militar que usurpa el poder en Venezuela; todo ello como parte principalísima de su obsesión de perpetuarse en el ejercicio de esa posición política. Eso es lo que explica su irrefrenable tendencia a violar la Constitución y las leyes de la República; al intentar cambiar de forma arbitraria las reglas del juego político según su conveniencia; y a proponer, como ocurre en la actualidad, la elección de una constituyente fraudulenta, que por su mismo carácter, antes que contribuir a generar un ambiente de paz y convivencia entre los venezolanos, como de manera machacona y farsesca viene repitiendo Maduro, lo que está haciendo es ampliar e intensificar la violencia represiva que su gobierno descarga permanentemente contra las inermes manifestaciones populares de protesta. Violencia que, como se ha dicho, arroja el saldo trágico de más de medio centenar de muertos, más de 13.000 heridos, y más de 2.700 presos, cifras a las que necesariamente hay que adicionarle el número de personas de ambos sexos, que en situación de cautiverio han sido sometidas por sus carceleros a torturas y otros tipos de atrocidades lesivas de su integridad (física, psicológica y moral) y dignidad personales.

En todos estos hechos aparece seriamente comprometida la responsabilidad de la camarilla burocrática civil-militar que detenta el poder político en Venezuela; la cual ejerce, además, la dirección directa de la represión criminal que se viene ejecutando en contra de las marchas populares de oposición a nivel nacional.

Una información que confirma plenamente lo dicho es la que está siendo proporcionada por el Ministerio Público, en la que se da cuenta que de los 38 imputados por este organismo del poder ciudadano, 23 son guardias nacionales, son miembros de la policía de la gobernación del Táchira, cuatro son funcionarios de la policía nacional y uno oficial del ejército chavista; en total 32 imputados. En relación con todos estos hechos no está de más recordarle a Maduro, a Padrino López y a Reverol que los delitos de lesa humanidad no prescriben.