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Todo apunta a que Caracas tiene muchas crisis que resolver antes de poder enfocarse en buscar una solución que no ha llegado en más de 50 años del Acuerdo de Ginebra
Andreína García Reina
Exxon Mobil anunció el pasado martes que seguirá adelante con el proyecto de extracción petrolera en las costas del Esequibo, en una zona que abarca no solo aguas en disputa con Guyana sino que compromete la salida de Venezuela al Atlántico porque toca las aguas del Delta venezolano.
Se espera que el proyecto, en el que están involucradas la estatal petrolera china CNOOC y la estadounidense Hess, inicie en el bloque Stabroek —ubicado a un poco más de 193 kilómetros de las costas de Guyana— con la perforación de 17 pozos. De los que seis producirán petróleo, seis inyectarán agua a la reserva petrolífera y tres gas, tal como lo destaca un comunicado de prensa de Hess.
Exxon Mobil estima que esta primera fase del proyecto alcance una producción máxima de 120 millones de barriles al día. La petrolera estadounidense perdió frente a Venezuela en marzo una compensación de más de 1.400 millones dólares, tras la decisión que tomara el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por motivo de una controversia ocurrida con estatización de la participación de Exxon el proyecto Cerro Negro en 2012.
De acuerdo a estimaciones de la firma de análisis Tudor, Holt, Pickering & Co, el campo Liza-1 que contiene al bloque Stabroek, podría producir hasta 2.000 millones de barriles, que valorados a un precio promedio de $50 representarían un ingreso para Guyana de cerca de $100.000 millones durante los próximos 20 años.
La Exxon le echó fuego a la controversia
El descubrimiento de las reservas de petróleo en la zona por la Exxon Mobil, en mayo de 2015, puso de relieve la disputa que enfrenta a Guyana y a Venezuela desde hace más de 100 años. Desde entonces y con el ascenso del general David Granger a la presidencia del vecino país, las relaciones bilaterales con Guyana han empeorado.
A seis meses de que termine 2017, el arranque de la explotación del campo Liza-1 por parte de Exxon Mobil, tras el anuncio que hiciera en diciembre de 2016 Ban Ki-Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para entonces, de elevar la disputa de Venezuela y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya este año de no encontrarse una solución por la vía de la figura del buen oficiante, parece indicar que Venezuela, negada por más de un siglo a someter sus asuntos territoriales ante tribunales, tendrá un revés.
Antonio Guterres, su sucesor, nombró el pasado 27 de febrero al noruego Dag Nylander —conocido por su participación como mediador en los acuerdos de paz en Colombia— como su representante ante Georgetown y Caracas para manejar la controversia, en calidad de buen oficiante. Su propósito sería no solo mediar sino además proponer soluciones para resolver el problema limítrofe entre ambos países suramericanos.
La región del Esequibo, que abarca cerca de 160.000 kilómetros cuadrados y representa unos dos tercios del territorio guyanés, está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, cuando se nombró al primer buen oficiante para ayudar a dirimir el conflicto. En ese acuerdo Venezuela sentó su posición de desconocer el Laudo arbitral de1899, que le otorgó a la entonces Guayana Británica 159.500 kilómetros cuadrados de territorio venezolano.
A la Corte Internacional de Justicia de La Haya
La baja de los precios del petróleo ha sumido a Venezuela en una importante crisis, política, económica y social, que desde abril de este año ha llevado a miles de venezolanos a las calles a manifestarse. Las protestas suman más de 60 víctimas mortales y tienen al Gobierno de Nicolás Maduro en la mira de la comunidad internacional.
El motor económico del país suramericano, que en años anteriores fue decisivo políticamente para sumar aliados del Caricom, está mermado. La muerte de Hugo Chávez, la salida del poder de Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff también han debilitado las relaciones del Gobierno venezolano con Suramérica. Todo apunta a que Caracas tiene muchas crisis que resolver antes de poder enfocarse en buscar una solución que no ha llegado en más de 50 años del Acuerdo de Ginebra.
