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La fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó una demanda de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la designación de 33 magistrados que fueron, según dijo, elegidos mediante procesos irregulares el 23 de diciembre de 2015
EFE
En una entrevista con la emisora privada Unión Radio, Ortega Díaz explicó que se trata de una «impugnación» contra 13 jueces principales y 20 suplentes que fueron escogidos por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cuando todavía el Poder Legislativo estaba bajo el control del chavismo.
«Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho», afirmó al explicar porque se negó a firmar el acta de designación de estos magistrados y cómo esto «vicia» el proceso en sí.
«Mi familia ha recibido amenazas»
La fiscal general también responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro de «cualquier daño» del que puede ser objeto su familia que, dijo, ha recibido amenazas tras el distanciamiento de la funcionaria con el Ejecutivo.
«Yo quiero hacer responsable, a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo de lo que le pueda pasar a mi familia, no es posible que mi familia sea objeto de amenazas», dijo la titular del Ministerio Público en una entrevista con la emisora local Unión Radio.
«Este es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia», añadió la fiscal sin ofrecer mayores detalles al respecto.
En los últimos dos meses la fiscal general, identificada hasta ahora con el chavismo, se ha opuesto al proceso Constituyente impulsado por Maduro y también advirtió de la ruptura del orden constitucional luego de que el Tribunal Supremo asumiera las facultades del Parlamento -una posición que dio pie a que se anulara parcialmente esa medida.
Asimismo, ha señalado la «brutal represión» en contra de los venezolanos que protestan contra el Gobierno de Maduro y desmontado la tesis gubernamental de que uno de los 67 muertos había sido asesinado por sus compañeros de protesta, tras revelar que esa muerte fue causada por una bomba lacrimógena usada por la Guardia Nacional.
Esto ha provocado que el oficialismo se haya referido en público a ella como una «traidora» y que le haya acusado de avalar acciones «terroristas» contra la Administración de Nicolás Maduro.
El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, ha puesto fecha a la salida de la fiscal general del Ministerio Público, una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del Estado.
La ola de protestas en contra y a favor del Gobierno que desde hace 73 días sacude al país ha degenerado en algunos hechos violentos que se han saldado con 67 muertos y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.
