Mónica Duarte
En 1990 Provea contabilizó unas 1.490 personas detenidas de manera ilegal y arbitraria, cifra superada solo en 2014 por las 3.459 personas arrestadas; en lo que va de 2017 este número ya alcanza las 3.106 detenciones
Mónica Duarte
Tras 70 días de protestas opositoras, las jornadas no dejan de llenarse de enfrentamientos, violencia y mayor represión. Entre abril y los primeros días de junio de 2017 han muerto 67 personas producto de la conflictividad política, según los datos de ministerio público.
A esta cifra de víctimas fatales se le debe sumar unos 1.000 heridos y otros 3.106 arrestos arbitrarios que ha contabilizado la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) desde que iniciaron los reclamos callejeros. Ya para el 24 de mayo, fecha del último pronunciamiento oficial de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se habían imputado a 19 funcionarios de seguridad por “violación de derechos fundamentales” durante estos hechos.
Diversas organizaciones civiles han denunciado estas actuaciones como un “patrón represivo” con consecuencias mortales. Andrés Colmenárez, coordinador de la asociación civil Funpaz, caracteriza este modelo por el “uso excesivo de la fuerza, la vulneración del debido proceso, las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, asedio a urbanismos públicos y privados, práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes, criminalización de la protesta y persecución de dirigentes sociales y autoridades locales”.
«El uso excesivo de la fuerza, la vulneración del debido proceso, las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes» conforman el patrón represivo del Estado
Pero esta no es la primera vez en el país que las protestas políticas dejan saldo de muertes y violaciones de derechos humanos, en 2014 las manifestaciones contra Nicolás Maduro se cobraron 44 vidas, ocasionaron 3.459 detenciones arbitrarias y dejaron 29 presos políticos.
Asimismo, entre 1999 y 2009 el Gobierno de Hugo Chávez acumuló detenciones políticas, unas 195 según la ONG Fundepro mientras que el FPV habla de una cifra más moderada de 49 presos gubernamentales.
Los gobiernos de la llamada “IV república” también registraron un saldo represor que alcanzó las 10.071 víctimas de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad producto de la persecución política ejercida entre 1958 y 1998, como detallan las investigaciones de la Comisión por la Justica y la Verdad reveladas en marzo de 2017 tras cuatro años de investigaciones. En total, la Comisión logró contabilizar a 1.425 personas asesinadas y otras 459 que sufrieron desapariciones forzadas, de las que se encontraron 19 cuerpos que fueron entregados a sus familiares.
El abogado criminalista, Keymer Ávila, explica que no toda intervención represiva es ilegal, pues está legalmente justificada cuando es proporcional al caso y es justo el momento y modo en que se aplica la acción: “Si estamos frente un delito concreto, el Estado debe intervenir oportunamente a través de sus fuerzas de seguridad, quienes no tienen competencia para aplicar castigos, éstas solo pueden contener la situación y apresar a los infractores. En cambio si las fuerzas de seguridad se vuelan todos esos procedimientos y formalidades, adjudicándose a sí mismos facultades represivas, de aplicación de castigos, estarían cometiendo violaciones a los derechos humanos. Y si esa actuación es expresión de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y forma parte de una política de Estado pasa a otro nivel y constituiría un crimen de lesa humanidad”.
“Las luchas en la calle y la defensa del poder de los gobiernos forman parte de nuestra historia”, Ávila recuerda que la ONG Provea ha hecho seguimiento de violaciones al derecho a la libertad en manifestaciones desde hace 27 años, números que reflejan además la constante en los excesos, pues en 1990 se contabilizaron 1.490 personas detenidas de manera ilegal y arbitraria, cifra superada solo en 2014 por los 3.459 arrestados ese año.
“Las luchas en la calle y la defensa del poder de los gobiernos forman parte de nuestra historia”
INVESTIGACIONES SELECTIVAS
“En Venezuela hubo una evolución de la represión. Empezó con Rómulo Betancourt a nivel callejero. Uno salía a la calle a manifestar y era plomo directo contra las manifestaciones. Luego de eso se pasa a las ejecuciones extrajudiciales selectivas, en especial a estudiantes, con las que se fingen enfrentamientos. Después llegan las desapariciones forzadas; la mayor cantidad fue en la década de 1960, pero se mantuvo en todos los regímenes hasta que llegó Chávez. Y el último eslabón eran las masacres, como las que hubo en El Amparo, Cantaura y Yumare. Y esto culmina con la gran masacre de El Caracazo”, explica Humberto Vargas Medina, integrante de la Comisión por la verdad que investigó los crímenes entre el 58 y el 98, y miembro del “Frente de Familiares y Amigos” de las víctimas de la represión.
Esas cuatro décadas conforman el único periodo que ha sido objeto de investigaciones especiales de derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, de hecho, cuenta con una “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en los Años 1958-1998” promulgada en 2011.
Esta base legal excluyó las pesquisas y sanciones a los crímenes asociados al Gobierno de las últimas dos décadas, mientras que priorizó una investigación con enfoque histórico que revisó 40.000 expedientes de una violencia institucional de la que aún no se ha podido tener precisión total.
Pero esa limitación temporal le ha traído a la Comisión críticas y aplausos, Ávila, considera que no se debe esperar a la conformación de una comisión de ese tipo para exigir que las instituciones cumplan con su rol de justicia.
“No veo que actualmente sea el clima para lograr algo semejante. La misma fiscal general ha señalado cómo investigan e imputan a funcionarios y luego los cuerpos de seguridad no ejecutan la aprehensión. Y las Comisiones de la Verdad para que sean exitosas en sus cometidos deben ser el producto de un consenso entre todos los sectores, no puede ser una comisión partidista ni de adeptos”, sentencia el criminólogo.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres han marcado la «evolución» de la represión que se aplica desde 1958
Por su parte, Liliana Ortega, abogada y coordinadora general de Cofavic (Comité de Familiares y Víctimas del 27 y 28 de febrero de 1989), asegura que excluir los años de “chavismo en el poder” permite que las averiguaciones sean más imparciales pero deja por fuera numerosas prácticas que se han mantenido a lo largo de los últimos 19 años.
“La verdad, la reparación y la reconciliación no se pueden imponer y mucho menos plantearse dejando de lado a casos emblemáticos e históricos que están en la memoria colectiva del país. Esta iniciativa diluye su sentido de reparación integral cuando abarca un período que excluye abiertamente graves crímenes de derechos humanos. Limitación que no tiene justificación más que la de renunciar deliberadamente al escrutinio de lo que ha ocurrido bajo el mandato de quien está impulsando la iniciativa”, asegura Ortega.
Con ella coincide Inti Rodríguez, coordinador de investigaciones de Provea, quien participó como contraparte del Estado venezolano en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo sobre el tema. En esa oportunidad Rodríguez señaló: “Es lamentable que el Gobierno haya tomado como bandera de lucha estos casos previos a 1998, pero aun así no ha culminado las investigaciones”.
El Estado, explica Rodríguez, aún tiene deudas frente a casos como la masacre de El Amparo y la masacre de Cantaura en las que, a pesar de los avances, falta una pronta respuesta a las víctimas. Además, ambos activistas mencionan con preocupación los casos de finales de los 90 de las desapariciones forzadas en el estado Vargas y la persecución de la familia Barrios, en Aragua, situación que comenzó en 1998 y que se ha mantenido en el tiempo.
«Las Comisiones de la Verdad para que sean exitosas en sus cometidos deben ser el producto de un consenso entre todos los sectores, no puede ser una comisión partidista ni de adeptos”
Otra práctica que parece no haberse extinguido son las desapariciones forzadas, desde 2000 hasta 2013 la organización Provea recopiló 114 casos de desaparición, mientras que el investigador Keymer Ávila asegura que estas aparecen cada vez con más frecuencia. “El año pasado los casos de Tumeremo, Cariaco y Barlovento fueron emblemáticos. Cuando toleramos este tipo de excesos hacia supuestos delincuentes, estamos dejando la mesa servida para que el Estado nos vulnere los derechos a todos por cualquier motivo, sea político o burdamente delincuencial”, afirma.
VIEJAS PRÁCTICAS SE AGRAVARON EN 2014 Y 2017
Las comparaciones son difíciles pero necesarias, el país ha vivido múltiples estallidos sociales y políticos que han devenido en vulneraciones de derechos humanos y crímenes que han representado casos legales internacionales como del Caracazo de 1989.
Sin embargo, los especialistas señalan que en años recientes la cifra de presos políticos se disparó de una manera importante, a partir del año 2014 cuando más de tres meses de conflictividad sostenida sentaron el precedente de unas protestas que hoy conmocionan la totalidad del territorio nacional.
Elia Oliveros, miembro de la Comisión por la verdad y víctima de la represión política a la “insurgencia revolucionaria” en la década de los 60, estuvo presa 15 días y recuerda episodios que parecen no perder vigencia, aunque la historiadora insiste en salvar las distancia: “En aquella época la represión era descomunal, no como ahora, ojalá nos hubiesen tratado como lo hacen con los muchachos hoy en día. Cuando a mí me detuvieron solo estaba pegando un afiche por la muerte de González Heredia, un compañero muerto, y me metieron presa en un cuarto donde no sabía si era día o noche y donde fui abusada sexualmente”.
«Tenemos casos atroces como los cartuchos de perdigones alterados para disparar metras, el uso de francotiradores y los tribunales militares»
El 3 de junio pasado el Foro Penal hizo pública la denuncia ante tribunales de algunos detenidos por supuestos actos contra la libertad sexual de las mujeres presas durante manifestaciones. Casos como este demuestran lo que tanto preocupa a los activistas, pues aunque normativamente los derechos se han conquistado, el control del orden y la actuación de los funcionarios de seguridad parece no ser tan progresivo.
“Antes, teníamos una Ley de Vagos y Maleantes y un Código de Enjuiciamiento Criminal que de alguna manera facilitaban más los excesos y arbitrariedades por parte del poder. Actualmente nuestra legislación comparativamente es mucho más garantista, el detalle está en qué tanto se respeta el cumplimiento de esta legislación”, comenta Keymer Ávila.
Andrés Colmenárez, de Funpaz, también menciona como una diferencia importante la participación de cuerpos de seguridad no autorizados, pues “la represión ha quedado en manos de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, el Conas, el Sebin, algunos cuerpos de policías locales e incluso de los grupos paramilitares, a quienes se les puede llamar así porque calzan con las definiciones de los tratados internacionales en los que se les reconoce como aquellos ciudadanos que actúan al margen de la ley con armas de fuego para reprimir a una población indefensa con la permisividad de un cuerpo del Estado”.
«Ojalá nos hubiesen tratado como lo hacen con los muchachos hoy en día», comenta Elia Oliveros,miembro de la Comisión por la verdad
Colmenárez además asegura que los patrones de 2017 son similares a los conocidos en 2014 pero con una fuerza de represión mayor, que se evidencia en la cantidad ascendente de heridos. “Ahora tenemos casos atroces como los cartuchos de perdigones alterados para disparar metras, el uso de francotiradores, los tribunales militares y la legitimación de los comandantes de la Guardia de todas estas prácticas”.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Zamora, programa de resguardo del orden público que ha anunciado el Gobierno Nacional para detener las manifestaciones opositoras y que ha devenido en medidas de vigilancia, control y patrullaje con mayor presencia de la Policía y de la Guardia Nacional.
Desde su activación, el 19 de abril de 2017, hasta la aplicación sucesiva de sus tres fases en diferentes regiones del país, los datos publicados por el Ministerio Público, señala Ávila, han demostrado que el cuerpo de seguridad vinculado con la mayor cantidad de casos de víctimas fatales en el contexto de manifestaciones es la GNB, seguida de las policías estadales y la PNB.
MEMORIAS DE OTRA REPRESIÓN
Tanto Elia Oliveros como Humberto Vargas Medina recuerdan la violencia estatal que se vivió en los años 60 en las zonas campesinas como las persecuciones más crudas. “El informe se queda corto. Muchos de los campesinos asesinados y desaparecidos no tenían vinculación con la guerrilla, pero tenían el pecado de vivir en zonas cercanas e igual se les torturaba”, afirma Oliveros.
Entre sus hallazgos dentro de las investigaciones el más emblemático es el caso de Noel Rodríguez Mata, detenido en 1973 por una comisión del SIFA (Servicio de Información de las Fuerzas Armadas) junto a un expolicía y a un menor de edad.
“A él se lo llevan, lo torturan bárbaramente en El Junquito, le fracturan la mandíbula, el cráneo y un fémur, hasta que finalmente muere y lo desaparecen. Eso causó mucho movimiento de derechos humanos a nivel nacional buscándolo, pero después de 40 años, en 2013, el testimonio de Jorge Luis Suarez, quien había sido detenido junto a él, fue el que logró la ubicación de sus restos y la imputación de dos exfuncionarios de la Fuerza Armada. Su madre estuvo más de 40 años enfrentada al Estado pidiendo los huesos de su hijo y nosotros se los pudimos entregar. Por solo ese hecho valía la pena trabajar en la Comisión”, recuerda Vargas Medina.
Pero el alcance de esta Comisión también ha sido limitado por su período de trabajo. Aunque las conclusiones del informe final indican que se identificaron a muchos de los represores materiales “así como a las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron”, en total, el capítulo cuarto, donde se recopilan los resultados de las investigaciones, contabiliza ocho órdenes de aprehensión y dos casos con alerta roja internacional, del resto de los responsables no se proporcionan detalles.
“Debemos seguir indagando porque es la medida con la que se puedan obtener evidencias para sustentar esos expedientes. Para por lo menos hacer un juicio moral a esos torturadores; sabemos que a muchos se les dará casa por cárcel, porque son personas de la tercera edad ya. Pero es importante que se les enjuicie y se demuestre su responsabilidad, para que no anden libres y felices como si no hubiesen hecho nada”, afirma Elia Oliveros.
Otros acontecimientos puntuales en los que hasta ahora no se han investigado a responsables, como las masacres de El Amparo y Cantaura, alertan a Liliana Ortega, representante de Cofavic. La abogada reclama que “Roger Cordero Lara quien es diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y es señalado como el responsable del bombardeo a la zona donde estaba el Frente Américo Silva en la conocida masacre de Cantaura”, haya admitido los hechos y tampoco haya sido investigado.
Situación que se repite con Ramón Rodríguez Chacín, señalado como autor intelectual de la masacre de El Amparo. Ortega también recuerda que la masacre del Retén de Catia y la explosión social de El Caracazo no fueron consideradas y sigan impunes luego de tantos años.
Sin embargo, los miembros de la Comisión aseguran que es necesaria la reivindicación de la memoria histórica de esos luchadores sociales. “Es importante que esa historia se divulgue para que estos acontecimientos más nunca vuelvan a suceder en este país”, afirma Oliveros.
