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La eliminación de la Asamblea Nacional existente es lo que se persigue con las acciones punitivas como las ejecutadas por el régimen madurista
Oscar Battaglini
La irrupción intempestiva perpetrada por las bandas armadas del régimen autoritario (dictatorial) comandado por el binomio Maduro-Padrino López, en los espacios de la Asamblea Nacional el pasado 5 de julio, ratifica una vez más que estamos frente a un Gobierno forajido que no sólo vive y actúa al margen de la Constitución y las leyes de la República, sino que de manera permanente incurre en graves delitos de la más diversa índole. En relación a este hecho tenemos que, previamente, se había producido la irrupción en el propio recinto de la Asamblea y al mejor estilo capo-mafiossi, del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, acompañado de Padrino López, algunos ministros, y un grupo de militares para realizar un destemplado acto “patriótico” del corte de las llamadas “fiestas patrias” y de un antiimperialismo falaz, gritón, de cartón, acuñado por el régimen y en el que ya nadie cree, sobre todo cuando se constata: 1.- La escandalosa entrega que este Gobierno ha hecho de la soberanía económica en materia petrolera a las transnacionales (imperialistas); 2.- La concesión mercenaria del 12 % del territorio nacional a las transnacionales (imperialistas) de la minería a través del llamado “Arco Minero”; 3.- La venta de bonos del Estado a precios de gallina flaca (hasta con un 70 % de descuento) a la transnacional financiera norteamericana (imperialista) Goldman Sachs, por citar sólo tres de los más protuberantes casos en los que este Gobierno tiene sus manos metidas hasta los codos.
El hecho delictivo al que hacemos alusión en primer término, fue ejecutado como todos sabemos, en las primeras horas de la mañana del 5/7/17, por el alto Gobierno madurista con la complicidad del jefe del comando de la GN que funciona como “quinta columna” en el interior de la AN. Fue el preludio deliberado de la ocupación violenta del Palacio Legislativo por parte las bandas armadas bajo control oficial, las cuales están constituidas por elementos procedentes de los bajos fondos, de muy escaso nivel y cuyo resentimiento social les hace idóneos para drenar su enorme carga de hostilidad, razón por la que han sido llevados hasta allí con la misión de sitiar y hostigar permanentemente a la mayoría parlamentaria de oposición, bajo la mirada complaciente de quienes, se supone, deben brindar protección a los legisladores (GN). Como se recordará, este no es el único ataque al que han sido sometidos los parlamentarios por esta hez que pulula en los alrededores del Palacio Legislativo y que recibe pagos y subvenciones de todo tipo de la Alcaldía de Caracas.
«La toma de la Asamblea Nacional es parte del plan totalitario (fascistoide) que ha urdido la burocracia gobernante»
Lo ocurrido con los diputados de la AN en la fecha emblemática del pasado 5 de Julio, no puede menos que traernos a la memoria, en primer lugar, el ataque del cual fue objeto el Congreso de la República de Venezuela el 24 de enero de 1824, cuando una turba incitada por José Tadeo Monagas penetró violentamente en la sede de ese poder público controlado por la oposición a su Gobierno, causando la muerte de varios de sus representantes, entre ellos la de José Santos Michelena, quien venía de ser canciller de la República. En segundo lugar, la feroz arremetida desatada por Hitler en contra de los representantes parlamentarios de los partidos comunista, socialdemócrata y demócratas en general, los cuales fueron confinados y exterminados en los primeros campos de concentración organizados con este propósito por los nazis en la Alemania de aquel tiempo. Y en tercer lugar, lo ocurrido con los parlamentarios de la Unidad Popular allendista que igualmente fueron encarcelados, torturados, y muchos de ellos asesinados en las mazmorras y campos de concentración pinochetistas.
La eliminación, de esa misma manera, de la Asamblea Nacional existente y la liquidación en Venezuela de todo parlamentarismo autónomo, democrático y contralor, es lo que se persigue con las acciones punitivas como las ejecutadas por el régimen madurista en contra del actual Poder Legislativo. Este es el nivel y la forma que ha venido alcanzando la ofensiva de carácter fascista desarrollada por la camarilla civil-militar en el poder, desde el demoledor triunfo político alcanzado por la oposición en la elecciones parlamentarias del 6D. Evidentemente, a esa camarilla ya no le basta con haberle arrebatado a la AN la mayoría calificada con la inhabilitación arbitraria e inconstitucional de los diputados indígenas de Amazonas–Apure; con haber declarado también, y de manera inconstitucional, en desacato al Poder Legislativo en pleno, para —en alianza con un TSJ manejado por ellos a su antojo— usurpar las competencias o prerrogativas que le son inherentes, y cometer, como ha quedado plenamente demostrado, innumerables ilícitos, abusos de poder y violaciones de la Constitución, tales como desconocer y bloquear las leyes y resoluciones aprobadas por este poder en el cumplimiento de sus funciones constitucionales; encargar a sus adláteres del TSJ, sentencias que se ajusten a sus requerimientos, como las denunciadas por la fiscal Luisa Ortega Díaz por la ruptura del orden constitucional (155 y 156), el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, etcétera. Ahora, esa intencionalidad queda expresada en el avieso propósito de ocupar o invadir mediante la fuerza, todas aquellas instancias de poder u órganos institucionales que aún no controlan, los cuales se han convertido en un infranqueable obstáculo en el cumplimiento de sus funestos y malévolos planes.
«Desde la muerte de Gómez y la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez, el pueblo venezolano ha luchado consecuente y denodadamente por su derecho a vivir en democracia»
La toma de la AN, de la Fiscalía General de la República, de todas las gobernaciones y alcaldías, es parte del plan totalitario (fascistoide) que ha urdido la burocracia gobernante para intentar perpetuarse en el poder. Eso es precisamente lo que persiguen con la pretensión de imponer al país una constituyente fraudulenta pasando por encima de la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos que de antemano la rechaza por considerarla, en primer lugar, inoportuna e innecesaria en estos momentos, y en segundo lugar, porque no sólo se busca realizarla en abierta y flagrante violación de la Constitución de la República, -sobre todo de aquellos artículos (5 y 347) que le conceden la soberanía absoluta y el poder originario al pueblo venezolano- sino por tener la evidencia de que se trata de una provocación dirigida a hacer aún más restrictivo el ejercicio de los derechos democráticos en nuestro país; a incitar un mayor grado de violencia política entre los venezolanos; y a imponer definitivamente en Venezuela un Estado policial.
La sola existencia de esas amenazas pone de manifiesto que el conflicto político en desarrollo ha desembocado en un punto de quiebre en el que todo parece indicar que el régimen despótico y militarista que apenas representa una minoría alzada contra la Constitución y la mayoría del pueblo, y apoyada en el sector que representa la alta oficialidad de la fuerza armada chavista (facha), pretende mantener su dominio político mediante el uso dictatorial y violento del poder. Ante esa posición no cabe más alternativa que plantearle cara a tales pretensiones y recordarle una vez más a la camarilla civil-militar en el poder, que desde la muerte de Gómez y la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez, el pueblo venezolano ha luchado consecuente y denodadamente por su derecho a vivir en democracia y dentro de los parámetros de las libertades públicas que contempla su marco jurídico.
