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Denuncian ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura y juicios militares por «traición a la patria» en documento de la ONU sobre las protestas opositoras de este año
Redacción La Razón / EFE
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó hoy el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio ocurridas en Venezuela.
El documento apunta a posibles ejecuciones extrajudiciales por parte las fuerzas de seguridad y a varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales en Venezuela.
Por ello, el organismo pidió al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren «adoptar medidas» para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.
«La ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes«, según el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en el que murieron un total de 124 personas.
Al menos 46 de las 124 muertes durante las protestas son responsabilidad de las fuerzas de seguridad. De ellas, unas 27 se produjeron por armas de fuego
De las 124 muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio Público ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46, de los que dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y «metras» (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.
La ONU ya adelantó el pasado día 8 las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.
La ONU recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal.
«El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial», señala.
La ACNUDH ha registrado además «varios casos de desapariciones forzadas», una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero no ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.
Detenciones y torturas
Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1.383 personas.
Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.
En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según ya había adelantado la ONU.
609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares
El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).
A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción.
Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.
En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas, pero la ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
Juicios por «traición»
La ONU también expresó hoy su preocupación por el juicio que ha iniciado la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, complemente oficialista, contra líderes opositores por traición a la patria, y prometió seguir de cerca esos casos.
«Estamos muy preocupados», aseguró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien agregó que cualquier medida debe «respetar escrupulosamente y ser conforme a los estándares de los derechos humanos».
«Seguiremos esta situación de una manera extremadamente cuidadosa», dijo Zeid, en una conferencia de prensa, en la que se presentó un informe sobre las violaciones de los derechos y las libertades en Venezuela desde que empezaron las protestas antigubernamentales en abril pasado.
La ONU dijo hoy que hacen falta más pesquisas para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes contra la humanidad en las protestas antigubernamentales, pero expresó su deseo de que su informe sobre las violaciones de derechos humanos sirva para la rendición de cuentas.
La OEA comenzará audiencias para determinar si hay base para llevar al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional
«Ponemos este informe a disposición de la comunidad internacional y esperamos que sirva para la rendición de cuentas y como tal esperamos que sea empleado extensamente, incluido por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)», señaló Hernan Vales.
Vales participó en la redacción del informe de la ONU que documenta «exhaustivas» violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre abril y finales de julio.
La OEA anunció en julio que comenzará en septiembre una serie de audiencias para determinar si hay base para que alguno de los Estados miembros del organismo lleve al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Y lo hará con el asesoramiento de un exfiscal de ese tribunal, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo.
Vales dijo que es «probable» que el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) influya en el trabajo de Moreno Ocampo.
«Se necesitarán más investigaciones»
«Nuestro propósito no fue documentar o buscar crímenes internacionales, sino simplemente informar de las violaciones cometidas», señaló el experto de la ONU.
Por ello «se necesitarán más investigaciones para determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad» en el país andino, sostuvo Vales.
El ACNUDH documenta en su informe sobre Venezuela violaciones «sistemáticas y generalizadas» por parte de las fuerzas armadas y militarizadas, como el uso de fuerza excesiva y letal, malos tratos e incluso tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y violentos de viviendas y juicios militares contra civiles, entre otros abusos.
