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Mireya Lozada: “Indefensión ante la arremetida autoritaria”

Mireya Lozada

La coordinadora de Unidad de Psicología Política de la Universidad Central de Venezuela afirma que la gente se siente “arrinconada” y eso se refleja “en el sufrimiento social y en los niveles de incertidumbre”


Mónica Duarte

Junto a la precariedad de la vida diaria, la sociedad venezolana ha debido enfrentar los últimos meses una crisis política que amenaza con cambiar la forma del Estado, que ha trastocado la vida cotidiana y ha vulnerado los derechos humanos. Frente a esto, los vaivenes emocionales, que no han sido pocos, han terminado por agravar la conmoción colectiva y han producido una desesperanza generalizada.

Así lo sostiene Mireya Lozada, doctora en psicología social, docente investigadora y coordinadora de Unidad de Psicología Política de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Asegura que el drama social “es demasiado”.

“La gente se pregunta cuándo llegará la tregua. Las personas piden y necesitan una vida normal, porque ya se está afectando hasta el equilibrio básico de lo humano”. Y es que este “sufrimiento”, explica, tiene consecuencias en la salud de la población, que traduce el panorama político en afecciones individuales como impotencia, incertidumbre, frustración, dolor, miedo y tristeza.; y en malestar colectivo como descontento, indignación y hartazgo.

Es por ello que Lozada como especialista en procesos de paz y junto con el grupo Aquí Cabemos Todos, del que es miembro, ha promovido una serie de propuestas para el entendimiento público y la reestructuración del tejido social.

Lozada sostiene que estos procesos pasan necesariamente por la despolarización, reparación social y construcción de la ciudadanía. “Mucho de ese camino a construir ya empezó a andarse. Hay sectores sociales que ya están trabajando en conjunto dentro de su pluralidad, porque la vida cotidiana así lo exige”.

“Esta conflictividad no se puede resolver por una imposición de una medida como la Asamblea Nacional Constituyente”

A principios de 2017 se hablaba de una conflictividad social inminente, de un drama contenido ¿Esperaba usted un estallido social, una explosión de la magnitud en la que se ha vivido este año?

—Sí, creo que era previsible a inicio de año la escalada de violencia sociopolítica y la crisis de gobernabilidad que se ha agudizado y ha generado unas consecuencias muy graves en la gobernabilidad y el contexto país. Hoy  tenemos una alta conmoción del ánimo colectivo, ha sido afectada la convivencia pacífica y democrática de la población.

Esa conmoción del ánimo colectivo que se tiene ahora afecta tanto o más que la dificultad para acceder a alimentos y medicinas que ya veníamos viviendo. La violación sistemática de los derechos humanos por organismos encargados de garantizarlos y las acciones anárquicas de grupos, individuos o bandas paramilitares causan un gran dolor, indignación e indefensión en los venezolanos con sus secuelas de ataques, saqueos y muertes.

¿Cómo se ha canalizado ese dolor e indefensión? ¿Ese malestar fue canalizado hacia un fin político?

—Todo confluye. Esto es una crisis general, una crisis humana, ética y estructural, pero a la vez es una crisis socioeconómica, política y social. En ese sentido es que hablamos de conmoción general, no solo del ánimo colectivo, del dolor y sufrimiento social, sino que se vive también la pérdida de legitimidad de las instituciones, la afectación de la gobernabilidad. Y como creación tenemos en estos últimos meses el funcionamiento de Estados paralelos. De una parte tenemos a la Asamblea Nacional y de la otra tenemos la Asamblea Nacional Constituyente de funcionamiento alterno. Igual pasa con la Fiscalía y las instancias que deberían ofrecer la seguridad y apoyo legal pero que están en una confrontación. El ciudadano no sabe a dónde recurrir ni a cuál instancia, porque las instituciones que se supone defienden los derechos civiles, políticos, económicos y sociales no están cumpliendo con ese deber, al contrario, se están negando y deslegitimizando desde el propio Estado.

¿Quiénes son los más afectados?

—Yo creo que todos sin excepción. Pero por supuesto los sectores populares mucho más porque tienen que enfrentar además los altos niveles de inflación, la escasez de medicinas y alimentos y tienen que tratar de sobrevivir en condiciones muy precarias en su vida cotidiana. Es tal el nivel de precariedad que la población está buscando comida en los desechos de la calle. Esa es la población más afectada. Además, grupos etarios como ancianos y niños están sufriendo consecuencias gravísimas que van a tener secuelas a largo plazo, porque se está afectando su sistema cognitivo y su aprendizaje.

Pero también las consecuencias de la violencia ya están afectando el propio espacio privado y familiar. El ataque de diferentes organizaciones y el daño se está causando no solo al patrimonio urbano sino al espacio privado, se viola ese derecho a la intimidad y las propias condiciones de vida. Llegan a los edificios con una violencia desmedida, causando daños a objetos, a bienes inmuebles, pero también a la vida de la población. La gente se siente acosada.

«Se van generando otras formas de agrupación y protección que en muchas ocasiones llevan al incremento de la violencia»

¿De todas esas expresiones de violencia política cuál es la más grave?

—Me preocupan en general todas pero hay una que tiene que ver con la indefensión ante la arremetida autoritaria y militar-policial que se está realizando. No hay ninguna forma de justificar semejantes acciones. Eso me preocupa porque ya se ha ido extendiendo la represión, el control y la violencia indiferenciada a todos los sectores sociales y regiones del país. Es una relación extremadamente desigual y asimétrica, es el poder militar y policial frente al ciudadano indefenso. La gente se siente arrinconada, eso se refleja en el sufrimiento social y en los niveles de descreimiento y desconfianza en estos organismos. Eso tiende a generar más formas anárquicas, porque si no se consigue respuesta legal o institucional a la defensa de los derechos, se va a tratar de defender con los medios que se tenga, que son precarios, y se van generando otras formas de agrupación y protección que en muchas ocasiones llevan al incremento de la violencia.

Eso ha pasado antes. Las experiencias de Centroamérica dan cuenta de cómo se van generando guetos, cómo se van armando sectores. Entonces, el irrespeto al juego democrático comienza a naturalizarse. Vemos también la territorialización del conflicto, cómo se dan formas de guerrilla urbana, formas de anarquía y anomia social, organizaciones que no necesariamente van a favorecer la convivencia pacífica y democrática sino que son la escalada de la violencia.

¿Esa escalada violenta puede llevar a una guerra civil?

—Se ha dicho y se cuestiona la noción de guerra civil dado el carácter asimétrico de quienes poseen las armas y el uso legítimos de ellas. Pero esas formas de confrontación, de resistencia y esos pequeños focos de violencia dan cuenta de otro tipo de guerra. Le tenemos miedo al término guerra civil, pero ya se está extendiendo de forma alarmante la resistencia, e incluso la confrontación y violencia en respuesta a esa arremetida del Gobierno. No hay que ir muy lejos para analizar que esas expresiones ya se han dado.

RESPONSABILIDAD ANTE LA CONFLICTIVIDAD

Mireya Lozada
Para Lozada vivimos una “deriva” que puede conducir a la sociedad mayor confrontación y violencia “porque la población seguirá resistiendo”. Foto: JALH

¿Y cómo se puede detener esas expresiones violentas?

—Con la vuelta al hilo constitucional, retomando el cauce democrático y respetando las formas pacíficas y democráticas de resolución de conflicto. Esta conflictividad, que además tiene muchísimos años, no se puede resolver por una imposición de una medida como la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que ser consensuada, tienen que darse espacios de negociación y lograr los acuerdos apoyados en instancias adecuadas con compromisos explícitos y eficientes en respeto a la convivencia democrática y los derechos humanos y, sobre todo, en torno a nuestro pacto social que es la Constitución de 1999. Eso supone disminuir la conflictividad e ir buscando la negociación para llegar a los acuerdos y lograr una salida. Para ello es necesario llevar una agenda de acciones que conduzcan a retomar el hilo Constitucional y que los compromisos que se establezcan sean respetados y no sea solo un juego de ganar tiempo.

¿Es posible llegar a ese entendimiento cuando se habla de responsabilidad de la crisis por parte de los actores políticos?

—Creo que esa responsabilidad de los sectores políticos en la conflictividad y en las estrategias para la confrontación y en la dificultad de llegar a acuerdos está allí y estamos viviendo las consecuencias de eso. Pero no hay que hacer pagar nada, justamente el tema de la retaliación no es una salida que conduzca a la paz. Está establecido al nivel de todos esos procesos de reconciliación, que se han dado en otros países, que tenemos que trabajar en la despolarización de la lucha, de la impunidad y en la reparación social, es decir, en todos los procesos de memoria, justicia y verdad. Y trabajar en la construcción de ciudadanía y cultura de paz. Esos son unas tareas y desafíos enormes que creo son retos muy grandes para los actores políticos y los actores sociales. También ha ocurrido que hemos sobredimensionado la acción política aun cuando la acción social y el movimiento de ciudadanos han ido creciendo y fortaleciéndose. Entonces, es tan importante la acción política como la acción de la ciudadanía que pone y establece también los límites de esa acción desbocada.

«Hemos sobredimensionado la acción política aun cuando la acción social y el movimiento de ciudadanos han ido creciendo y fortaleciéndose»

¿La consulta opositora del 16 de julio y la elección a constituyentes del 30 de julio cambiaron en algo el ánimo social?

—Creo que los dos eventos, tanto el del 16 de julio como el del 30, dan cuenta de la madurez que la población ha ido alcanzando, en el sentido de la diversa y plural participación ciudadana e incluso por los niveles de abstención que en uno de ellos se dio. La consulta electoral es un acto creativo que reivindica la democracia y la participación ciudadana y electoral, que apuesta a la resolución pacífica del conflicto. Ambos eventos son un referente que destacan símbolos, valores, maneras del proceder social que corresponden a una profundización de la democracia y que demandan valores como la dignidad, solidaridad, participación y autogestión, eso es una ganancia de este tiempo.

Todo este período ha sido fuerte desde el punto de vista de pérdida de vidas, de pérdida de legitimidad y crisis de gobernabilidad, pero también tiene un logro enorme, que nosotros todavía no vemos, en el nivel de alcance de esa acción ciudadana. Se está develando que nosotros como sociedad nos estamos haciendo cargo de nuestra responsabilidad en función del bien común y que aun cuando los intereses políticos y partidistas están en juego, que de una parte es un hecho natural y de otra es absolutamente instrumentalizado políticamente y a favor de algunos sectores, la población sigue trabajando y sigue avanzando a favor del rescate y la necesidad de volver al hilo democrático.

¿Qué efectos tiene en lo colectivo que se imponga una Constituyente con resultados dudosos y con alta abstención?

—La imposición de una ANC convocada por el Gobierno al margen de lo establecido en la Constitución y a través de maneras absolutamente cuestionables en relación su instrumentalización política de la voluntad popular, incluso con cierta coacción en el acceso a alimentos, no solo atenta contra la dignidad de las personas y del pueblo que se dice defender, sino que no es posible con ella alcanzar la paz, que es otro de los argumentos que se utiliza con relación a por qué se impone.

La paz en medio de unos niveles de conflictividad y polarización como los que tenemos desde hace unos años no es posible alcanzarla con la imposición de un solo lado. Al contrario, lo que está trayendo es más crisis de gobernabilidad y una serie de acciones que están negando la participación y las instituciones. Eso genera más deslegitimación, es una deriva que nos puede conducir a mayor confrontación y mayor violencia porque la población seguirá resistiendo, y en la medida que más niegues la participación más va a buscar cauces para expresarse y esas vías no tienen que ser pacíficas. Un Estado que irrespeta la voluntad popular por supuesto va a tener resistencia. Ese rechazo a la imposición ya se ha extendido a sectores que incluso se siguen reconociendo en lo que se llama chavismo desde una mirada crítica.

IDEOLOGÍA DESDIBUJADA

¿La conflictividad ha agravado la polarización?

—La polarización social y política en Venezuela ha tenido vaivenes, en función de la coyuntura y justo en esas coyunturas electorales, cuando está la lucha descarnada por el poder, es cuando la polarización se agudiza. Pero creo que en este contexto la polarización ha tomado otras formas, aparecen como referentes dos polos pero hay más que eso. Creo que el tema no es ahora la defensa o no de una postura ideológica, porque al menos en el sector gubernamental ese posicionamiento ideológico se ha ido diluyendo y ha quedado bastante desdibujado. Esto es una lucha por la democracia frente a la expoliación y apropiación patrimonial de los recursos.

¿Están dadas las condiciones para que surja un grupo, como identidad política, distinto a los que ya existen?

—Sí, es posible pero eso no garantiza que sea un grupo salvador. Ese tercer lado parte de los actores políticos, dentro de cada partido hay sectores así, incluso unos más radicales y otros menos radicales que están apostando a esa negociación. El modelo de negociación de la escuela de Harvard establece que en todo conflicto hay dos grupos enfrentados y luego está un tercer lado, formado por miembros de uno y otro grupo, que es favorable al diálogo, tiende puentes y facilita los encuentros. Y creo que en estos últimos tiempos han surgido algunas agrupaciones que apuestan y que llaman a que se sienten los actores políticos, que son favorables al entendimiento y la negociación, pero eso no quiere decir que sea un grupo sin posturas ideológicas.

¿Qué falta para que se concrete una negociación real?

—Me preocupa es que muchas de esas negociaciones no necesariamente son claras para la gente, y es verdad que, en general, esas acciones se realizan de bajo perfil y visibilidad pública pero llega un momento que ello toma una forma visible porque la población lo está necesitando. Estamos atravesando un momento de altísima incertidumbre, de caos y de anarquías y se necesitan mínimos referentes de certidumbre, saber a dónde se dirige esto, quién lo dirige, con qué intereses y cuáles son los objetivos que se persiguen. Es necesario ser claros ante la población. Entonces, creo que hay un juego de posiciones maniqueas, que tratan de poner un panorama excluyente entre acciones de calle, negociación y elecciones. Así mismo, me preocupa el arrastre o el cambio de estrategia frente a las tendencias de opinión en redes sociales. Entonces, ese vaivén incierto del cual se le notifica poco a la población tiene consecuencias en el desencanto generalizado, la impotencia y la desesperanza.

«Estamos atravesando un momento de altísima incertidumbre, de caos y de anarquías»


Recuperar la identidad común

Mireya Lozada
Foto: JALH

¿Cómo recuperar la confianza en la negociación política?

—Esta conflictividad y violencia sociopolítica han resquebrajado los cimientos de la convivencia social y han estimulado la desconfianza y la negación del otro, ha provocado rupturas de consensos sociales, de prácticas, normas y universos simbólicos compartidos; incluso ha territorializado el conflicto y ha segmentado a ciudades y espacios de la ciudad en los que se ha afectado la libre circulación. En ese contexto hay que pensar seriamente cuáles serían los programas a desarrollar para recuperar el mundo en común y el ejercicio de la política como el bienestar común. Es necesario ir diluyendo las fronteras espaciales, territoriales y simbólicas que se han creado entre nosotros. También hay que trabajar en resignificar los imaginarios sociales en torno a la convivencia, la paz y la democracia. Y es obligatorio crear ambientes, proyectos y programas que reconozcan la existencia de mayorías y minorías. En fin, hay que construir ciudadanía, pensar y apostar por Venezuela, en nosotros como identidad social, porque la gente ya ha venido afianzando ese sentimiento de lucha por Venezuela.