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Solo el Derecho Internacional puede abreviar la crisis, así como generar solución efectiva y garantías de paz satisfactorias
Jesús Silva R.
Lo que aquí planteo es bueno para el Gobierno y bueno para la oposición porque obedece a un bien jurídico fundamental que muchos ciegos (afectados por la polarización) actualmente no desean identificar en Venezuela: el interés nacional. Por encima de absurdos odios ideológicos que dividen a hijos de un mismo pueblo, hago un llamado amistoso y tolerante a un gran entendimiento nacional que facilite acciones jurídicas a escala internacional para salvar al país de una invasión militar o un embargo financiero que matará a millones de opositores y chavistas por igual.
Nótese que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos viven una etapa de conflicto tremendamente dañina y peligrosa para nuestro país. En efecto, el anuncio de una opción militar y una ola de sanciones económicas devastadoras han sido las preocupantes acciones de Washington hacia Caracas en días recientes. Los gobiernos de grandes poderes mundiales como Unión Europea, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, a los que se suman países como Italia, España, Canadá, Brasil, México, Argentina, Colombia, entre otros, acompañan abiertamente a EEUU en sus duras acusaciones contra el régimen venezolano.
Convencido como estoy de que el diálogo informal, la retórica épica y la «diplomacia de micrófonos» nunca han dado ni darán resultados satisfactorios en las relaciones internacionales, respetuosamente sugiero revisar la estrategia internacional de Venezuela en la actualidad a los fines de no facilitar la consolidación o radicalización de una evidente y poderosa alianza mundial contra nuestra nación.
La sugerida revisión incluye que el Gobierno Bolivariano eleve inmediatamente el conflicto planteado al máximo nivel jurídico internacional mediante denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas, en instancias como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, todo esto con un claro reclamo: retiro de la amenaza militar y de las sanciones económicas de EEUU contra Venezuela pues ellas atentan contra la paz, la ley y la seguridad internacional.
De lo que se trata es de forzar a quien nos agrede a que exponga en un debate jurídico formal sus acusaciones y que en el marco del debido proceso y el derecho a la defensa, la verdad venezolana sea esclarecida para alcanzar rápidamente un acuerdo de paz formalizado ante el mundo. No hacer esto es permitir que al margen de la ley internacional, sean la arbitrariedad y la fuerza imperialista quienes se sigan imponiendo por encima de la razón, la mediación y la verdad.
Mi propuesta política y jurídica se basa en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, en su capítulo VI, respecto al arreglo pacífico de controversias, artículo 33, que reza: «Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.
El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios».
Por su parte, el artículo 35 de la Carta de la ONU le da derecho a los países a elevar sus peticiones formalmente. En definitiva, el diálogo privado o informal prolonga la incertidumbre y facilita las mentiras contra Venezuela. Solo el Derecho Internacional puede abreviar la crisis, así como generar solución efectiva y garantías de paz satisfactorias.
