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Asegura que con el «AMO» se ha hipotecado al país, además de ser una amenaza contra el medio ambiente y la soberanía nacional
Redacción
La Fiscal General de la República, en el exilio, Luisa Ortega Díaz, recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, contra el decreto de Nicolás Maduro que creó el Arco Minero del Orinoco (AMO), por considerarlo violatorio de la Constitución Nacional.
Ortega considera que el Gobierno de Maduro ha hipotecado la nación con el Arco Minero, mediante ‘estructuras perversas y mafiosas cívico-militar.
La Fiscal General, en el exilio, sostiene que se están poniendo en riesgo ecosistemas que son patrimonio de la humanidad, ya que el «AMO» contaminará los suelos por la utilización de cianuro.
Ante los magistrados en el exilio Ortega explicó que los convenios suscritos con empresas transnacionales y con otros países, en el Arco Minero del Orinoco, son nulos de toda nulidad. «Son írritos por violar la Constitución y por no haber sido aprobados por la Asamblea Nacional», razón por la que pidió al Tribunal Supremo de Justicia informar a las empresas integrantes del Arco Minero que sus contratos no serán reconocidos.
Como se sabe, tanto la Fiscal General en el exilio como el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, tienen su sede en la ciudad de Bogotá, Colombia, como ya ha ocurrido con otros gobiernos en el exilio, como el de la República de España cuya sede fue primero Ciudad de México y luego París, hasta finalizar la dictadura franquista en el año 1977.
