Mónica Duarte
Todos los días se pierden vidas por la desatención en salud y la desnutrición, aseguran expertos. La ayuda humanitaria se hace bajo cuerda mientras el Gobierno niega la situación y bloquea la cooperación internacional
Mónica Duarte
Un año y siete meses después de la declaratoria de crisis humanitaria en salud que emitiera la Asamblea Nacional el 14 de marzo de 2016, los especialistas comienzan a hablar de una emergencia compleja que azota a Venezuela. Esta denominación sobrepasa el deterioro del sistema sanitario pues los factores negativos, que ya se acumulaban para el sector salud, hoy se ven agravados por los índices de desnutrición, epidemias, economía informal, escasez, pobreza, conflicto violento y éxodo. Todo junto configura un estadio superior de alerta internacional.
De la crisis a la emergencia, la situación que vive Venezuela no deja de ser humanitaria. Este término, popularizado en los últimos dos años, se ha usado para referenciar el empobrecimiento generalizado y el deterioro de la vida en el país, médicos, políticos y diplomáticos han ampliado su alcance para expresar la gravedad de lo vivido.
“Lo humanitario no es sinónimo de humanidad ni de bondad, hablar de una situación humanitaria sugiere por el contrario el riesgo inminente de la pérdida de vidas. Es por eso que la crisis alimentaria pasa a ser humanitaria cuando comienzan a morir niños por desnutrición. Lo humanitario sugiere un daño en el bienestar vital, en las necesidades básicas, se trata de un sufrimiento extremo y de la vulneración de la dignidad humana”, explica Susana Raffalli, asesora nutricional de Cáritas Venezuela y especialista en seguridad alimentaria en situaciones de emergencia y desastres. Raffalli puntualiza este término para denunciar con rigor y solidez las evaluaciones nutricionales que realiza desde 2016 en las que la emergencia ha comenzado a asomarse.
Sin embargo, el caso venezolano no es solamente una cuestión humanitaria. Para diversos especialistas y voceros de Organizaciones No Gubernamentales el término se ha quedado corto para explicar lo que sucede y han comenzado a emplear una sub clasificación “política” que lo encaja en los estándares internacionales como una distorsión social multifactorial y que diagnostica mejor al país según sus estudios.
«Lo humanitario no es sinónimo de humanidad ni de bondad, hablar de una situación humanitaria sugiere por el contrario el riesgo inminente de la pérdida de vidas»
En la literatura humanitaria, este concepto se denomina emergencia política compleja o emergencia humanitaria compleja. Según el programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estas emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político y pueden hacer mella en la estabilidad civil, política y económica de las sociedades al menoscabar los medios de vida y acentuar la pobreza.
“Una emergencia compleja puede definirse como una crisis humanitaria donde se ha producido un total o un considerable debilitamiento de poder provocado por un conflicto interno o externo, y que exige una respuesta internacional que supera las atribuciones del Gobierno o la capacidad de cualquier organización o programa de las Naciones Unidas existente en el país”. Así lo califica el Comité Permanente entre Organismos de acción humanitaria (IASC), pero el término también aparece referenciado de forma similar entre los peligros de acción humana de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y en la confederación internacional contra la pobreza, Oxfam.
Ya para marzo de 2017 en la presentación del informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana, Feliciano Reyna, exponía el panorama de los derechos humanos como una emergencia humanitaria compleja en la que el “82% de la población venezolana vive en pobreza”. Dos meses después, la ONG Transparencia Venezuela hacía un primer informe independiente en el que se comenzaba a calificar el contexto venezolano actual con el mismo término de emergencia compleja para referir a la hasta entonces llamada crisis humanitaria.
«El deterioro de la salud este año ha sido acelerado y drástico, pasamos de ausencias de medicamentos esporádicas a ausencias absolutas y prolongadas por mucho tiempo»
Pero reconocer una crisis de este tipo en el país pasa identificar diversas causas y dimensiones. Para poder configurar una denuncia sustentada y creíble ante instancias internacionales las ONG han sistematizados los datos recolectados de forma independiente en áreas críticas y los han expuesto con rigor. La conclusión: Venezuela vive entre los índices de alerta, crisis y emergencia humanitaria con una clara tendencia negativa pero aún sin llegar a niveles de hambruna o catástrofe.
“Estamos viviendo una situación de post-guerra sin haber estado en una guerra”. La frase con la que María Gabriela Ponce, profesora universitaria, socióloga y especialista en pobreza define el escenario de Venezuela da muestras de esa complejidad que atraviesa el país y de la imposibilidad de calificarla, como especifica la terminología especializada, en una situación humanitaria por desastre natural o conflicto bélico a pesar de cumplir con las consecuencias que se podrían presentar en ambos escenarios.
Ponce, por su parte, determina la realidad social del país desde lo empírico y ve a Venezuela como una emergencia sin precedentes y un cóctel “socialmente explosivo” en el que la pobreza y escasez se juntan para volver una tarea imposible la cobertura de necesidades básicas.
Venezuela vive entre los índices de alerta, crisis y emergencia humanitaria con una clara tendencia negativa
CUATRO MILLONES DE VENEZOLANOS EN RIESGO
“Cuando pasamos a una emergencia humanitaria hay muertes inminentes todos los días por la falta de medicamentos, por la falta de atención médica y por la situación hospitalarias. El deterioro de la salud este año ha sido acelerado y drástico, pasamos de ausencias de medicamentos esporádicas a ausencias absolutas y prolongadas por mucho tiempo”. Francisco Valencia, presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), detalla uno de los drama que retrata la emergencia humanitaria en el último año.
En el área de la salud las afecciones se han hecho más graves con el pasar de los meses y, según el registro que lleva Codevida, la escasez de medicamentos ya alcanza el 95 % en tratamientos considerados de alto costo para personas con condiciones de salud crónicas como cáncer, trasplantes de órganos, hemofilia, párkinson o esclerosis múltiple. En total, señala Valencia, unos 300 mil pacientes crónicos no cuentan con tratamiento adecuado, ausencia que acumula un año para algunas de estas enfermedades.
“En estas personas el deterioro de la salud ha sido acelerado en 2017 y con consecuencias irreversibles por falta de sus medicamentos. Hay que tener en cuenta que las condiciones de salud empeoran cada día, las personas con hipertensión después de tanto tiempo sin medicamentos empiezan a presentar ACV (Accidente Cerebro Vascular) o infartos y de eso pueden morir. Pero es una situación compleja que no es sólo medicamentos sino que incluye insumos médicos, situación hospitalaria, salubridad y condiciones de los equipos de diagnóstico. Es decir, ya engloba todo”.
En esta visión más ampliada Valencia refiere que las afecciones por la falta de acceso general a medicinas de todo tipo abarcan a más de cuatro millones de personas, entre las que cuenta con especial interés a hipertensos y diabéticos.
La subnutrición afecta a 4,9 millones de venezolanos, según la FAO, cifra similiar a los cuatro millones de pacientes afectados a nivel nacional por la escasez de medicinas que proyecta la ONG Codevida
Con él coincide Dinorah Figuera, médico y diputada a la Asamblea Nacional. Figuera apunta el problema humanitario hacia un abandono total de la red primaria en salud, un déficit presupuestario y de recursos humanos hospitalarios y una deuda en infraestructura, factores que han incidido en la reaparición de epidemias de enfermedades infectocontagiosas y en el incremento de la mortalidad materna e infantil.
Figuera también es miembro del Comité para Promover el Derecho Internacional Humanitario en la Unión Interparlamentaria, y aunque en esta instancia no se trate el tema venezolano, por no aplicar la condición de conflicto armado, la diputada no descarta llevar el conjunto de temas de derechos humanos a ella “porque estamos en puertas de un drama catastrófico que necesitará protección”.
“En 2016 la cifra de personas afectadas con malaria, una enfermedad que se había controlado en el país, fueron 240mil, número que ya se había superado en el primer semestre de 2017. Además, somos el primer país de América Latina en mortalidad materna con una tasa de 112,2 por cada cien mil habitantes. Y ya se han contabilizados 447 casos de difteria y 570 de sarampión. Aunque el verdadero drama de estas muertes y enfermedades está en el que el Gobierno las quiera silenciar para no activar una alarma sanitaria”, sentencia.
“La crisis alimentaria pasa a ser humanitaria cuando comienzan a morir niños por desnutrición”
Pero la reaparición de estas epidemias eliminadas y las condiciones precarias de salud no solo son en sí mismas una razón de la emergencia sino que forman un agravante de la situación nutricional que vive el país, calificadas así en los criterios mundialmente estandarizados de crisis alimentarias.
Y es por ello que en la escala y tendencia de daño nutricional, que Susana Raffalli ha llevado en seguimiento con Caritas, los números no han dejado de crecer entre los niños y niñas menores de cinco años. Entre diciembre de 2016 y agosto de 2017, la proporción de pequeños con desnutrición aguda, expresada en su delgadez según estatura, subió de 8,6 % a 15,2 % en sus fases más graves de desnutrición moderada y severa. Siendo este último número un factor para ya posicionar la inseguridad alimentaria en los parámetros de emergencia. Cifras que además fueron respaldadas recientemente por el informe de la FAO que ubica la subnutrición en Venezuela en 13 %, afectando a 4,8 millones de personas entre 2014 y 2016.
Sin embargo, para cubrir los criterios internacionales estos datos deben sumarse a otros indicadores, lo que ha obligado a Raffalli a ampliar las mediciones para sostener sus denuncias y demostrar con rigurosidad como no solo la desnutrición sino sus factores asociados han aumentado.
«La proporción de pequeños con desnutrición aguda, expresada en su delgadez según estatura, subió de 8,6 % a 15,2 % en sus fases más graves»
Así, al evaluar en detalle se observa que los índices mortalidad infantil alcanzaron las 22,8 muertes por cada 1.000 nacimientos en 2016, único dato del registro que se coloca en el nivel de alarma acentuada, que está por debajo del patrón de crisis dentro de la matriz.
Por su parte la variedad en el consumo de alimentación familiar, que debe ser mayor a los nueve grupos alimenticios en situaciones normales, disminuyó a cuatro o cinco grupos, pasando así a ser una alimentación deficiente en 85% de los hogares en el último mes de agosto. Otro indicador ya en niveles de emergencia.
Mientras que los medios de vida y las estrategias de supervivencia, también medidas por Caritas, se reflejaron en parámetros tanto de crisis como de emergencias, al ser estrategias inseguras, marcadas por la violencia pero con medios precarios y desgastados. Esto lo ejemplifica el último informe de la organización al sostener que “pedir o mendigar por alimentos y obtenerlos en lugares para alimentos descartados en los mercados se registró en 41% de las familias”.
Pero además, las mediciones que expone Raffalli también demuestran cómo en 2017 la disponibilidad de alimentos pasó de un desabastecimiento localizado y selectivo a una escasez extensa y amplia, de más de 48 %, mientras que el acceso a la canasta básica no solo estuvo mermada por una falla económica producto del empobrecimiento sino que se le añadió el factor de la ausencia física extensa de los productos.
“La gente no está teniendo acceso a cubrir sus necesidades básicas por razones económicas. Eso lo sabemos cuándo vemos los índices de pobreza, pero también es que no están teniendo acceso por la escasez. Así, por un lado hay una falla económica pero también hay una falla en la propia política social y en particular con los sectores más vulnerables. Eso impacta de manera directa cosas tan fundamentales como la salud y la nutrición, y ese impacto directo allí termina generando consecuencias en todas las esferas sociales, como educación y trabajo”, apunta al respecto la socióloga María Gabriela Ponce.
«Estamos en puertas de un drama catastrófico que necesitará protección»
Diáspora y violencia, las otras caras de la emergencia
Además de los factores sanitarios y nutricionales las emergencias complejas cuentan con otras casusas humanas que en el último año también se han hecho presentes en Venezuela. En una conjugación de características para facilitar la comprensión y clasificación de la emergencia humanitaria, las organizaciones Caritas, Codevida y Acción Solidaria han determinado cuáles son esos aspectos que el país parecer haber cumplido con mayor precisión en los últimos meses.
Entre ellos está la presencia de un conflicto armado a baja escala. Según el análisis de las ONG este factor ya se presentó durante las protestas opositoras de 2017, cobrando la vida de 163 personas extraoficialmente, configurandose como uno de las condiciones más importantes.
Sin embargo, los especialistas también expanden este término de “conflicto” dentro de la emergencia, viéndolo reflejado en la inseguridad ciudadana en la que “violencia criminal y violencia política coexisten y se potencian”, según detallan las organizaciones.
“La gente no está teniendo acceso a cubrir sus necesidades básicas por razones económicas. Eso lo sabemos cuándo vemos los índices de pobreza, pero también es que no están teniendo acceso por la escasez”
En este sentido Ponce señala que existe un problema de violencia que “tiene muchísimo tiempo y que va más allá incluso de la crisis”. “Indicadores clásicos como la tasa de homicidios crecieron igualmente en la bonanza económica. Pero que Venezuela haya tenido violencia en este proceso también ha llevado una ruptura de las pautas de convivencia y a un quiebre y fragmentación del Estado, que es lo que ha favorecido a su vez la emergencia”, detalla.
Otra característica de este contexto complejo es la pérdida de control efectivo del territorio y de sus dinámicas por parte de las autoridades, teniendo así grupos armados no oficiales pero legitimados por el Estado “como pranatos y redes de extorsión”.
“Eso lo vemos con el sistema alimentario que está en manos de redes que no tienen mecanismos de control”, sentencia Raffalli. Además, en el cuadro de características de la emergencia humanitaria este factor va de la mano con una característica alterna que se cumple en Venezuela y que refiere al “desarrollo de una economía del conflicto rentable con actividades semi-ilegales que las autoridades permiten como contrabando de extracción, extorsión de mercados, minería ilegal, tráfico de armas y drogas”.
Por último, los expertos muestran dos características más se han asociado con la diáspora venezolana que se ha agravado en el último año: el deterioro e interrupción de servicios, infraestructuras y dinámicas económicas que mantienen a la sociedad y los consecutivos desplazamientos masivos temporales o permanentes. En este sentido los defensores de derechos humanos aseguran que «la intención de emigrar se ha convertido en un método de supervivencia», a la vez que el éxodo de sectores empobrecidos ha convertido a la crisis en un problema regional.
Y este impacto no ha pasado de ser percibido por el Fondo Monetario Internacional con su director para el Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, cuando sostuvo hace dos semanas que “el principal riesgo para la región está relacionado con la crisis humanitaria y la consiguiente migración de ciudadanos venezolanos a países vecinos”.
«La intención de emigrar se ha convertido en un método de supervivencia»
Necesidad de recursos extraordinarios
Aunque la emergencia no parece detenerse, los especialistas afirman que un canal humanitario sería insuficiente para llegar a la normalidad en Venezuela. Explican que cuando se supera el escenario de crisis y se entra en emergencia también se asumen como insuficientes los recursos propios de los estados.
Sin embargo, estas ONG aseguran que la petición de un canal o “corredor humanitario”, que se ha hecho una exigencia hasta las mesas de diálogo políticas, no podrá traer productos cotidianos para uso generalizado.
“Por un canal humanitario llegarían medicamentos, suplementos nutricionales y alimentos de emergencia”, afirma Raffalli, lo que sería insuficiente ante la necesidad no solo de bienes físicos sino de importación de capacidades en equipos médicos, microcréditos y personal humano especializado que requeriría el país. “Hace falta es una acción humanitaria que incluya bienes, medios de protección, denuncias de derechos humanos y las correspondientes incidencias en la política”.
«Hace falta es una acción humanitaria que incluya bienes, medios de protección, denuncias de derechos humanos»
Pero esta respuesta internacional ya ha sido ofrecida y, sin embargo, el Gobierno se ha negado a aceptarla y los anuncios de recepción de medicamentos han quedado en el aire, tanto por parte del Presidente Nicolás Maduro como por la Asamblea Nacional, según denuncia Francisco Valencia, presidente de Codevida.
“Preocupa muchísimo que el Gobierno nacional siga ignorando la situación, sacrificando la vida de venezolanos porque cada día que niega lo que está pasando está sentenciando a muerte a miles de personas porque no se están tomando acciones. Por ello tiene que reactivarse el sector político, incluida la Asamblea Nacional, si estamos en una emergencia toda la sociedad civil tiene que abocarse a esto”, explica.
Sin embargo, en marzo de 2017 el presidente Nicolás Maduro anunciaba en una alocución pública que el envío de insumos desde el exterior sería una realidad para «atender heridas económicas y sociales que golpean a nuestro pueblo». Pero ocho meses después poco se sabe sobre este envío de medicamentos, Valencia asegura que Codevida pidió una audiencia al PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), cuya subsecretaria general se habría reunido con Maduro, donde les explicaron que el acuerdo con el Gobierno consistía en mecanismos regulares que mantiene la ONU para la compra de medicinas.
«Actores no convencionales, como la diáspora de venezolanos y la sociedad civil organizada, llenan el vacío del Estado en cubrir necesidades humanitarias»
Y mientras esas medicinas llegan o mientras ocurre la reactivación política que requiere Valencia han surgido actores no convencionales, como la diáspora de venezolanos y la sociedad civil organizada, que llenan el vacío del Estado en cubrir necesidades humanitarias.
“En el país hemos recibido solidaridad internacional de medicamentos desde instituciones y con venezolanos organizados con el exterior. De hecho Codevida y Acción Solidaria tienen un Programa de Acción Humanitaria con el que hemos podido ayudar en un año a más de 15 mil personas con medicamentos gratuitos, a más de 10 centros hospitalarios, con insumos y más de ocho comunidades indígenas, con medicamentos y ropa. Pero sabemos que no es suficiente para la magnitud de lo que se vive en Venezuela, aquí se requieren mecanismos mucho más grandes que los programas locales de Naciones Unidas o el Gobierno puede dar”, sentencia Valencia.
