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La opinión pública y los analistas políticos coinciden en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está controlado por el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández
Cipriano Fuentes
La República de Honduras jamás ha dejado de honrar su característico nombre: casi siempre —por no decir siempre— ha permanecido en las profundidades de la pobreza extrema, la miseria y la mendicidad, así como en el abismo del crimen organizado, las bandas de narcotraficantes, la delincuencia común y el atraso político. Hace pocas décadas, Honduras integraba junto con Haití —un país que debe tener algún problema con Dios, porque no sale de una dificultad para entrar en otra: terremotos, huracanes, enfermedades endémicas, hambrunas e inestabilidad política—, Bolivia y Nicaragua, el grupo de naciones con los peores resultados en los indicadores económicos y sociales. Pero en los actuales momentos lo Bolivia y Nicaragua presentan gestiones de gobierno envidiables, sobre todo por los venezolanos, pues Venezuela y Haití presentan las peores cifras socioeconómicas del hemisferio occidental. Aunque el Estado hondureño hace sus esfuerzos para acompañar en el desastre humanitario a los dos gobiernos citados, que son los más incompetentes de la región.
El domingo pasado, el pueblo hondureño dio una muestra de responsabilidad ciudadana, saliendo a votar masivamente en un proceso electoral pacífico, auditado por más de 500 observadores electorales nacionales e internacionales. Esa fiesta cívica amenaza con convertirse en un enfrentamiento fratricida, debido al estrecho margen entre el ganador de las elecciones presidenciales y el candidato derrotado.
Venezuela, en diciembre de 1968, vivió un caso semejante cuando el candidato Rafael Caldera ganó, por menos de 30 mil votos, la presidencia de la República ante el canadidato oficialista, Gonzalo Barrios. En aquel caso la diferencia fue la calidad de los dirigentes involucrados: tres estadistas indiscutibles: Raúl Leoni, jefe de Estado entonces y los dos citados dirigentes que se disputaban el poder. Caldera pudo acceder a la primera magistratuda de la nación sin mayores traumas. En Honduras, en cambio, ninguno de los dirigentes involucrados parece calzar la condición de estadista o líder de nación, y tal vez no pasan de ser politiqueros ambiciosos, sin mayores sentimientos de grandeza.
La opinión pública y los analistas políticos coinciden en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está controlado por el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien se niega a reconocer el triunfo de Salvador Nasralla, un popular presentador televisivo, candidato de la Alianza contra la Dictadura, una coalición electoral que encabeza Manuel Zelaya, el expresidente que fue derrocado por los militares hace ocho años. Uno de los mejores amigos de Hugo Chávez y del dictador Nicolás Maduro.
Quien finalmente obtenga la presidencia de la nación hondureña, lo hará con un porcentaje mínimo sobre su contendor, quizá menos de uno por ciento. Aunque Luis Zelaya, el candidato del Partido Liberal, tercero en la contienda, reconoció el triunfo de Salvador Nasralla.
Sin embargo, mar recientemente los datos cambiaron y la ventaja del candidato de la Alianza opositora, Nasralla, se redujo a 1,67 %, adjudicándose un 43,08 % de los votos escrutados, contra un 41,41 % del actual Presidente, tensando aún más la delicada situación.
La disputa por el lento flujo de datos electorales se inició desde el lunes en la madrugada, al anunciar el TSE que, por fallas técnicas, se interrumpió el flujo electrónico de las actas de cada mesa, las cuales serían transportadas físicamente a Tegucigalpa por el ejército, y no se proclamará el ganador hasta que no se concluya este proceso y los votos sean contados de manera pormenorizada.
La polémica jurídico-electoral se inició hace dos años, pues el presidente Hernández tenía un impedimento constitucional para reelegirse. La Carta Magna de Honduras establece, en su artículo 239, que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente”, advirtiendo que quienes contravengan este postulado o proponga su reforma, “quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”. Sin embargo, en 2015 un grupo de diputados vinculados con el partido gubernamental presentaron dos apelaciones contra la prohibición constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, que las aceptó, y declaró “inaplicables” las prohibiciones, abriendo la posibilidad de reelegirse al actual mandatario, con una resolución jurídicamente muy cuestionable, por lo que Honduras continúa en el abismo tradicional en su trágica historia.
@renglon70
