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Un organismo de seguridad del Estado se permite desacatar las sentencias de los tribunales. ¿Qué le permite al general González López, actuar de esta forma?
Luis Fuenmayor Toro
Narro, primero que nada, el caso de un detenido a quien no conozco, me dicen que es periodista, no sé de su ideología ni militancia política, mucho menos de su formación, ni de la familia a la que pertenece ni la religión que profesa. Nada de eso interesa para lo que voy a escribir, pues cualesquiera que sean las respuestas no constituyen delito ninguno como para estar preso. Lo tomo como un caso simbólico de lo que insólitamente ocurre con mucha frecuencia. Es más, no he corroborado la fidelidad de la información que daré, pero es tan parecida a otros casos públicos y notorios y la he oído de tantas bocas, que me pareció muy difícil que no fuera una información verdadera. De todas maneras, le doy esa ventaja a quienes están violando los derechos humanos más elementales en forma desvergonzada y cobarde, para que me respondan en forma muy fácil.
Se trata del ciudadano Víctor Ugas, quien fue detenido el 11 de octubre de 2014 y juzgado por publicar en Twitter una foto del cadáver de Robert Serra, militante del oficialismo y muerto en condiciones lamentables y confusas. Fue imputado por “revelar información de carácter personal”, cosa que no entiendo pero no importa, y por espionaje electrónico. Recibió una pena de dos años y ocho meses (la justicia venezolana demostró ser rápida cuando quiere), la cual cumplió en su totalidad por lo que ha debido ser liberado en junio de 2017. No lo fue, y en agosto de ese mismo año (dos meses después de finalizar la pena) fue operado por apendicitis aguda en el Hospital Militar. Aún convaleciente, en forma inhumana y siendo un hombre libre, los esbirros del SEBIN lo detuvieron nuevamente y desde entonces permanece preso en el Helicoide.
Ugas tiene dos boletas judiciales de excarcelación, que nadie puede negarse a cumplir: una otorgada en 2015 y otra en abril de 2017, en la que se señala el cumplimiento de la condena, pero, aún hoy, siete meses después sigue confinado en una celda. ¿Puede alguien del gobierno hacerme el inmenso favor de explicarme este caso en forma argumental? Me refiero a alguien que tenga conocimiento de causa y cierta autoridad, no a cualquier escribidor lerdo y fanatizado. Parece, a primera vista, una situación violatoria de la ley, de la Constitución, de los derechos humanos y de toda lógica, la cual no favorece en absoluto la imagen del gobierno ni sus parloteos de ser un régimen de derecho y de justicia. La explicación debe concretamente señalar cómo un organismo de seguridad del Estado se permite desacatar las sentencias de los tribunales penales.
Hay muchos otros casos iguales o peores que el referido: el de los policías de Chacao, que llevan dos años presos luego de cumplir sus condenas judiciales; el de Yon Goicoechea es otro de naturaleza similar. El SEBIN se ha permitido desatender las órdenes de los tribunales penales competentes e incluso las solicitudes de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué le permite al general González López, director del SEBIN, actuar de esta forma? No hago este reclamo como una acción proselitista opositora, ni para dañar una imagen que no aguanta más daños. No es eso lo que me motiva. Tengo una sana preocupación por la persistencia de una actitud, que parece estar por encima de la “todopoderosa” ANC. La súper autoridad de Delcy Rodríguez, presidente del organismo que podría mandar a quitarme la vida si lo decidiera, luce pálida ante la actitud de González López.
Es también muy extraña la actitud global del Gobierno en estos casos. Ni siquiera contesta las demandas, quejas, lamentos y llantos de los familiares, ni de los abogados ni de la gente en general. No se digna a responder o no puede responder. No sé si es que Maduro, Jaua, Jorge Rodríguez, El Aissami, están tan enredados en la madeja de poder tejida por los militares, que son sus subalternos reales y no pueden hacer nada, en cuyo caso estaríamos en una situación muy peligrosa, incluso comenzaría a temer por la mía a raíz de este escrito. No entiendo por qué no se alzan más voces en este sentido, no de la oposición que perteneció a la MUD, organismo hoy inexistente, sino afectos al Gobierno que no pueden estar de acuerdo con este tipo de situaciones. Hablo de Brito García, de Earle Herrera, del mismo José Vicente Rangel, quien recientemente tuvo una posición pública que me hizo recordar sus luchas del pasado adecocopeyano.
Otro caso inauditos, aunque no similar, es el del general Raúl Isaías Baduel, el hombre que más años de cárcel injusta ha sufrido con estos regímenes: ya va por los 8 años, además de sufrir aislamientos, desapariciones y malos tratos, y la acción política represiva contra uno de sus hijos, condenado a 8 años por sus actividades de protesta. De paso, Baduel no es de los mencionados con claridad por quienes negocian en Santo Domingo, lo que hace dudar de su real preocupación por los derechos humanos. El general Ángel Vivas, hombre mayor y en estado precario de salud es parte de la lista de atropellos cometidos por el SEBIN. Alguna explicación tiene que haber para el mantenimiento de todo este tipo de situaciones, aberrantes más que arbitrarias, y quiero saberla, además de exigir que cesen en forma inmediata y se restaure la legalidad en forma total.
