Mónica Duarte
La organización considera que esta decisión tomada por la ANC presagia desde muy pronto un «mal clima político» para el año 2018
Redacción La Razón
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) asegura que la decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de diciembre de 2017, que obliga a los partidos que no postularon candidatos en las municipales a volver a pasar por un proceso de validación de su militancia, es un intento de «ilegalizar partidos por haber ejercido su derecho a decidir en cual elección participar».
Mediante un comunicado la organización ha expuesto las violaciones constitucionales en las que incurre este decreto constituyente al que califica como «un sesgo favorable a los intereses electorales gubernamentales». El OEV explica que esta decisión, además, aumenta las dudas en sectores importantes de la población respecto al voto como vía para zanjar, pacíficamente, los conflictos políticos nacionales.
«Es un intento de ilegalizar partidos por haber ejercido su derecho a decidir en cual elección participar»
«En una transmisión por radio y televisión el Presidente Nicolás Maduro, asumiendo competencias que legalmente no le corresponden y que, encima, no están previstas en nuestras leyes, pidió sancionar y castigar a los partidos que no participaron en la elección municipal, refiriéndose con ello a Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ). Con la prontitud puesta de manifiesto en ocasiones anteriores, en la tarde del día 20 del mismo mes, la por muchos sectores cuestionada Asamblea Nacional Constituyente se hizo eco del deseo presidencial», se lee en el comunicado.
Entre las consideraciones legales que expone el OEV está la violación al artículo 62 de la Constitución, según el cual todos los ciudadanos (esto incluye a los líderes e integrantes de los partidos políticos) tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos; y el artículo 67, que establece que los partidos “tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos”, sin que en el mismo se hable de obligación de hacerlo.
La organización considera que esta decisión tomada por la ANC presagia desde muy pronto un «mal clima político» para el año 2018 y las consecuencias de ese decreto, «si hubiese un mínimo respeto al estado de derecho», no debería tener efecto retroactivo alguno.
«El decreto ignora que se está asumiendo una competencia que la ley de partidos le da al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, transfiriéndosela la ANC a sí misma», continúa el texto.
El observatorio, además, ve esta noticia como una mala continuación para las negociaciones que se estarían llevando esta semana entre Gobierno y oposición en Santo Domingo.
