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El 23 de enero de 1958 indica muy claramente el camino a seguir
Oscar Battaglini
El decreto de la constituyente fraudulenta mediante el que este instrumento político ilegal, espurio e inconstitucional llama a realizar de manera adelantada las elecciones presidenciales de este año en las mismas condiciones con las que se han realizado los últimos tres procesos electorales en el país, es una clara demostración de que la camarilla civil-militar que se ha apoderado de nuestra sociedad persiste en su determinación perversa de perpetuarse en el poder mediante la imposición de un nuevo proceso electoral controlado y manipulado fraudulentamente por la estructura de poder autoritaria y totalitaria que ella ha establecido con aquel propósito.
Sabe esa camarilla que de otra forma no podría alcanzar un resultado electoral favorable a sus intereses políticos. Sabe que la pavorosa crisis provocada por la torpeza de sus políticas antipopulares, ha hecho que la inmensa mayoría de los venezolanos la repudie y quiera su salida radical del poder.
Sabe también que más allá de la caterva de oportunistas de toda laya, resentidos sociales, aventureros, logreros y menesterosos que la componen, no dispone de otros apoyos que el que le aporta la fuerza armada chavista (Facha) y el que recibe de los poderes públicos que aún permanecen bajo su control. Sin embargo, confía la dictadura militarista de Maduro-Padrino López, que con la maniobra de adelantar la fecha de la elección presidencial con la deliberada intención de tomar ventaja y dificultarle más las cosas a la oposición; que con un mayor incremento e intensificación de su criminalidad política, de lo cual es una muestra macabra la reciente masacre de El Junquito; que con el mantenimiento y ampliación de las inhabilitaciones de partidos y dirigentes de oposición; que con las cárceles llenas de presos políticos; que con la aplicación sistemática de los mecanismos de la distribución clientelar -rentística- con la cual hoy se pretende ocultar la tremenda crisis social y económica que afecta gravemente la vida de los venezolanos; y sobre todo, confía la camarilla dictatorial que con la reproducción de los mecanismos fraudulentos y tramposos que el CNE ha venido aplicando en los últimos procesos electorales realizados en el país, logrará imponer un resultado a su favor, a pesar de que el chavez-madurismo y, particularmente Maduro, en tanto que, candidato presidencial, exhibe un bajísimo nivel de aceptación electoral en el seno de los más amplios sectores de la sociedad venezolana.
Esto mismo, dicho de otro modo, quiere decir que estas elecciones de realizarse siquiera en condiciones relativamente libres y normales; es decir, sin los entrabamientos, maniobras, trapacerías y artimañas político – leguleyas puestas en práctica por el CNE, la Fiscalía y el fiscal accidental, el TSJ, el “plan república”, etc, con toda seguridad las perdería Maduro.
Esto es todavía más cierto si se tiene en cuenta que dichas elecciones habrán de llevarse a cabo en medio de una hiperinflación que acogota a más del 80% de la población venezolana y que ha condenado a un alto porcentaje de ella al hambre y al desamparo más absoluto e inhumano que tiene además de este componente, la gravísima situación de salud y de inseguridad personal y social a la que permanentemente nos vemos expuestos y sometidos la mayoría de los venezolanos.
El inmenso descaro con que la camarilla civil-militar adelanta su política electoral fraudulenta sólo puede, en nuestro caso, significar una cosa: la extrema debilidad política que la carcome por dentro que, como sabemos, es una consecuencia 1- de la profunda crisis general por la que atraviesa la sociedad venezolana y de la congénita incapacidad demostrada por esa camarilla para manejarla. 2- del inmenso repudio que su permanencia en el poder concita en los sectores mayoritarios de la sociedad, lo cual ha generado la tremenda crisis de legitimidad que enfrenta el gobierno. 3- del extremo aislamiento internacional al que también se ve enfrentado este gobierno; aislamiento que tiene entre sus componentes principales no sólo la condena de sus políticas internas, en particular de la violación sistemática de los derechos humanos que el gobierno ha venido practicando, sino las sanciones impuestas a muchos de sus principales representantes, y las de carácter económico–financiero, que de manera significativa contribuyen a profundizar aún más la ya crónica debilidad política del régimen madurista.
De suyo se comprende que la situación política de la dictadura debe ser el elemento clave para la toma de las decisiones que guíen la lucha de las fuerzas democráticas en el presente; ante todo teniendo en cuenta las elecciones presidenciales en puerta, así como el fraude gigantesco y obsceno que el régimen dictatorial ha montado para mantenerse en el poder. De la justeza de la respuesta que se de sobre este punto, y de su carácter unificado: de toda la oposición partidista y de todos los sectores de la sociedad favorables al cambio de la insoportable situación existente, dependerá el éxito o no de la lucha democrática en desarrollo. El 23 de enero de 1958 indica muy claramente el camino a seguir, y de cómo hacer las cosas bien en la hora actual.
