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El tribunal más implacable al cual se enfrenta el dictador de nacionalidad usurpada, es el pueblo venezolano, contra el que perpetra un genocidio, al negarle comida y medicinas
Manuel Malaver
La Asamblea Nacional volvió a recuperar la estima entre los venezolanos, pues sería ingenuo no admitir que, después que algunos partidos que constituyen su centro optaron por dejar la calle para confiarse en los espejismos electoralistas de Maduro, empezó a vivir una suerte de eclipse que, por momentos, hizo temer por su extinción total.
Hoy ha iniciado la recuperación del brillo con que nació el histórico 15 de diciembre del 2015, y si bien es prematuro calcular el tiempo que le tomará lucir como el primer poder constitucional de Venezuela, si podemos afirmar que renace con lecciones aprendidas, digeridas y asumidas, las mismas que le permitirán seguir adelante y cumplir con la misión que le asignó una mayoría de casi ocho millones de electores.
Creo que la más importante es haber percibido que, después de su catastrófica derrota el 15D del 2015, el castromadurismo no volverá a contarse en otras elecciones para perderlas, y cualquiera que sea la fecha y los escenarios donde la Constitución establezca la renovación electoral de los poderes, el neototalitarismo sacará las garras para, bien por los manejos tramposos del REP, bien por la interferencia de las máquinas Smartmatic, o bien por el conteo que el CNE hará de acuerdo a los intereses de Maduro, la dictadura saldrá relegitimada y la oposición cada vez con menor capacidad para enfrentarla y derrotarla.
Lo demostraron las elecciones para gobernadores y alcaldes de finales del 2017, y lo seguirá revelando cualquier evento donde la oposición se presente a votar, según las reglas que Chávez, Maduro y Tibisay Lucena tienen cosificadas desde el 2004.
Fue de esta certeza que surgió la idea -no lo suficientemente bien expuesta por la MUD y, por tanto, rechazada por la mayoría de la militancia de los partidos-, de que valía la pena dialogar, si con ello se lograba cambiar el CNE y toda su estructura e infraestructura fraudulentas, para de nuevo volver a las glorias del 15D del 2015.
Una lucha, por decir lo menos, contra los molinos de viento, o mejor, como decía Bolívar, “arar en el mar”, porque, tal como nos cansamos de escribir y decir, una dictadura narcosocialista no sale con votos, y, mucho menos, si el poder que está en juego es el Ejecutivo, por lo cual, pasamos a ser uno de los muchos opositores que, no se sentó, pero si esperó de pie, entre enormes penurias y calamidades, ver pasar el cadáver del electoralismo.
Julio Borges, entonces presidente de la AN, sí se las jugó por la tesis contraria, la que afirmaba que el castromadurismo sí podía ceder a la presión nacional e internacional y jugar limpio en unas nuevas elecciones, aunque luego de incontables reuniones, tira y encoge, marchas y contramarchas, diálogos y más diálogos, llegó al convencimiento de que, por cualquier vía podía salir Maduro de Miraflores, menos por una en que se le dejara hacer con el sistema electoral lo que le diera la gana.
Pero por eso mismo, por haber apostado todo, o casi todo, a una causa perdida, debe reconocérsele a Borges el coraje de rectificar y negarse a firmar la trampa del acuerdo en el último diálogo de República Dominicana (07-02-18) y pasar, de inmediato, a una estrategia que se desempeña, en vía contraria, al electoralismo y busca derrocar a Maduro “por otros medios”.
Ellos no son otros que, la causa penal incoada contra Maduro por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, ante el TSJ legítimo, por haber recibido sobornos de parte de Odebrecht y la decisión de pedirle a la AN un antejuicio de mérito “por corrupción” que fue aprobado el martes pasado.
No sabemos hasta donde llegó la mano de Julio Borges, o de otros líderes de la MUD o del Frente Amplio, como Leopoldo López y Henry Ramos, para que se activara una estrategia a todas luces acorde con el ordenamiento jurídico nacional e internacional, pero sí conocemos que estimularon la acción de la Fiscal General y el TSJ legítimo, y, lo que es más importante, junto con la bancada parlamentaria de UNT, lograron una mayoría de 105 diputados para que Maduro sea hoy un presidente subjúdice y a punto de ser destituido.
Es una decisión en la cual la Fiscal General, el TSJ legítimo, y la AN, se han rencontrado con el 85 por ciento de los venezolanos que, claman por un regreso a la lucha para el derrocamiento del dictador y el rescate de la democracia, más allá de ilusiones y de sembrar el miedo y la confusión, en cuanto que, si no participamos en unas elecciones donde el dictador se autoreelija, entonces no hay más nada que buscar, ni que hacer.
Y sí hay mucho que buscar, y mucho que hacer, sí hay causas comunes a los países y partidos democráticos del continente y del mundo, en las cuales, tenemos que unirnos si queremos salvar la democracia y mantenerla viva y vigente, como el único sistema político y económico que promueve la libertad, mientras desarrolla el bienestar y la lucha contra las injusticias sociales, la pobreza y la desigualdad.
Y en estos días, la lucha contra la corrupción es parte estelar en la agenda de los países democráticos, ha pasado a jugar un papel fundamental, pues si la democracia que es un sistema legal por excelencia, deja prosperar y exponenciar la corrupción, pues de seguro los populismos, los socialismos y los totalitarismos vendrán inevitablemente a suplantarla.
Y en lo que toca a América, y en particular a América Latina, esa lucha se llama hoy Odebrecht, la transnacional de origen brasileño, cuyos propietarios y accionistas, fueron captados por los fundadores del “Socialismo del Siglo XXI”, Hugo Chávez y Lula Da Silva, en la estructuración de una mafia enfocada en corromper las democracias del continente, mientras les donaban cuantiosos sobornos a sus funcionarios para la concesión de contratos de obras de infraestructura que no construían o se dejaban a medio construir.
Fue el “Festín de Baltasar” anfitrionado por Lula y financiado por Chávez con petrodólares del ciclo alcista de los precios del crudo venezolano (2004-08), en el cual participaron un nutrido grupo de ministros y presidentes de la época, y que ha conducido al enjuiciamiento y prisión de Lula Da Silva, cayó el expresidente, Pedro Pablo Kuczinsky, de Perú, se le sigue juicio al expresidente Toledo, y son acosados de cerca por fiscales y congresos de sus países, Juan Manuel Santos de Colombia, Michel Temer de Brasil y Juan Carlos Valera de Panamá.
Y debería estar preso y destituido un tal Nicolás Maduro, presidente subjúdice de la República Bolivariana de Venezuela, corrupto como ninguno, indocumentado y dictador que, según pruebas aportadas por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz al TSJ legítimo -y que serán examinadas y aceptadas por la AN-, recibió sobornos de Odebrecht por un monto de 90 millones de dólares.
Juicio que debe unirse al que se le instruye en la Corte Penal Internacional de La Haya por Crímenes contra la Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos, a otro que pronto se iniciará en un tribunal colombiano por usurpación de identidad y al que, igualmente, terminará dándole curso la Fiscalía de Nueva York por las acusaciones de narcotráfico que le hizo un testigo en el “Caso de los Narcosobrinos”.
Pero el tribunal más implacable y el juez más severo con el cual se enfrenta el dictador de nacionalidad usurpada, es el pueblo venezolano, contra el que perpetra un genocidio, al negarle comida a los dueños de esta tierra, medicinas y servicios médicos a sus hijos para que mueran de enfermedades crónicas y servicios públicos como luz y agua, transporte y educación que necesitan para que pueda decirse que viven de manera civilizada.
Es un crimen que este asesino en serie comete apoyándose en los fusiles, cárceles y cámaras de tortura de otros corruptos de su calaña, a quienes paga garantizándoles impunidad en sus incursiones en el narcotráfico y el narcolavado y prestando su concurso para que el terrorismo haga estragos en países que destruye como Siria.
De modo que, no hay razones para que la comunidad internacional no participe en el acorralamiento, caza, enjuiciamiento y destitución de tamaño convicto y que el pueblo venezolano no la avale apoyando a la AN para que continúe y produzca la sentencia que ponga fin a los peores años de la historia del pueblo de Bolívar.
