Mónica Duarte
Cuando el Estado, por ineficiencia o por una decisión ex profeso, no permite que los ciudadanos tengan acceso al pasaporte, lesiona el derechos humano a la movilidad migratoria”, afirma Carlos Lusverti, coordinador de Amnistía Internacional Venezuela
Mónica Duarte
Como en cualquier lugar del mundo, para salir de territorio nacional hace falta contar con un pasaporte como documento de viaje e identificación internacional. Sin embargo, en Venezuela este requisito no es un simple trámite público, cada persona que intente gestionar este documento en la actualidad se enfrenta a barreras informáticas, altos costos, escasez de materia prima y hasta al riesgo de quedar con las manos vacías y sin la posibilidad de traspasar las fronteras, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales.
Y no son pocos los que intentan sortear estas trabas ni son menores los peligros que enfrentan pues, según diversos estudios migratorios, la tendencia a la diáspora ya acumula entre 700 mil y 1,2 millones de personas en los últimos dos años. Migrantes que se van en el marco de una “crisis humanitaria” que golpea el sistema de salud, la capacidad nutricional y la economía del país.
Por ello, no es sorpresa que diariamente en las afueras de la sede principal del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), ubicada en Caracas, cientos de personas lleguen con la esperanza de solucionar algunos de los múltiples problemas que arroja el sistema en línea o de conseguir una alternativa a la negativa a emitir nuevas libretas que desde principios del 2018 mantiene el organismo.
Desde inicios de 2018 el Saime se niega a emitir nuevos pasaportes. A sus sedes llegan diariamente miles de venezolanos con la esperanza de solucionar la obtención del documento de viaje
TESTIMONIOS DEL CAOS
Estela García, quien vive en Cojedes pero viajó hasta Caracas para conseguir un pasaporte. García cuenta que desea salir del país y, aunque pagó la emisión exprés meses atrás, ahora debe cancelar la tramitación de una prórroga de su viejo documento porque no hay material para emitirle uno nuevo.
Sin embargo, su caso es incluso menos complicado que el de Camilo Suárez y su esposa. Una pareja de más de 60 años de edad que quiere viajar a Perú para atender a su hija embarazada pero no pueden llevarse a su nieta porque el sistema no registra sus huellas. “Ahora no sabemos ni cuándo vamos a poder viajar porque nos dicen que debemos esperar que el sistema se restablezca solo y elimine ese problema del chequeo de huellas, que además ya lo tienen desde hace cinco meses”, explica Suárez.
Casos aún más graves manejan algunas ONG como Cepaz o Cecodap, organizaciones que llevan registros de familias que han quedado atrapadas en Venezuela durante sus vacaciones de visita familiar y que no han podido renovar sus pasaportes. Situaciones que han llegado a cuadros depresión, enfermedades delicadas y desarraigo en niños menores, según denuncian defensores de estas asociaciones.
Y es que más allá del deseo inconcluso de emigrar, la falta de pasaportes ya configura una violación de derechos. Así lo explica Carlos Lusverti, abogado, profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y Coordinador General de Amnistía Internacional Venezuela.
«Se está violando el derecho de entrar y salir del territorio del cual se es nacional o en el que se tiene residencia»
“Se está violando el derecho de entrar y salir del territorio del cual se es nacional o en el que se tiene residencia. En la medida en la que el Estado venezolano, bien sea por ineficiencia o por una decisión ex profeso, no permite que los nacionales tengan acceso al pasaporte hay de hecho una lesión al derechos humano a la movilidad migratoria”, manifiesta Lusverti.
Para el profesional del derecho y directivo de Amnistía Internacional las irregularidades en el Saime son producto de los retrasos, que ya acumulan hasta seis meses de espera en la entrega del documento, y los obstáculos en la tramitación regular que se realiza por internet.
Otros eventos en esa misma institución “calificarían como casos de corrupción de acuerdo a la ley venezolana y no solo porque afectan la transparencia de la administración pública sino porque se trata de casos de corrupción que termina afectando los derechos de las personas”, comenta Lusverti.
“El Gobierno tienen libertad de elegir el sistema que quiera para tramitar documentos públicos y se supone que un sistema informático debería facilitarlo, pero este no es el caso. Y por esto siempre existirá la duda de si el problema se trata de un sistema diseñado ineficientemente o si se trata de decisiones de funcionarios que se benefician de negocios ilícitos y que se valen de la falta de transparencia para manipular el sistema indebidamente”, sentencia el defensor de derechos humanos.
PELIGRO MIGRATORIO
Mientras en el país el peligro es no poder salir, en el exterior el miedo es el mismo, pues el drama del pasaporte no se limita al interior de las fronteras. Cientos de ciudadanos venezolanos han quedado indocumentados y sin la posibilidad de salir a terceros países una vez que sus pasaportes se han vencido y no han podido ser renovados.
Lusverti advierte que en este segundo escenario existe la posibilidad de que los ciudadanos queden en una condición de “ilegalidad migratoria”, un peligro que conllevaría estar atrapado en el país donde residen así como a la pérdida de oportunidades laborales y de estudios.
En esta circunstancia se encuentra Sebastián Khon, un niño venezolano de seis años que reside en Bélgica con sus padres y que desde hace un año no puede dejar su actual país de residencia porque en territorio Belga no aceptan la etiqueta de prórroga como válida. “Mi nieto está atrapado en Bélgica, en navidad no pudo venir a visitarme ni a sus otros abuelos porque no tiene pasaporte. Yo he venido ya 10 veces a intentar solucionar y esta última hasta con muletas pero siempre hay una excusa distinta”, manifiesta la abuela de Sebastián desde Caracas.
Pero esto no es lo único que preocupa a Lusverti. Existe un tercer grupo de personas en riesgo que, en situaciones extremas, optan por salir del país sin esperar su pasaporte y usan mecanismos ilegales para cruzar las fronteras estando indocumentados.
“Se está exponiendo a una situación de vulnerabilidad cuando se ven obligados a ir por pasos fronterizos no formales o bien sea a través de otros mecanismos no legales de viaje. Se les expone incluso a situaciones de tráficos de personas y niños. Hablamos de un grupo que, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, pudiese ser elegido para una condición de protección internacional por el riesgo y vulnerabilidad que enfrentan”.
GESTORES DOLARIZADOS
“De cuatro veces que he intentado sacarme el pasaporte me han estafado dos. Pagué y no me salió nada”. Carlos Gómez cuenta su historia a medio día en plena cola para entrar a una oficina del Saime en Caracas, donde hace su quinto intento para obtener el pasaporte a pesar de vivir en San Cristóbal.
Sus experiencias anteriores refieren una realidad que ya es común: el pago a terceros para gestionar la obtención del documento. Y, aunque Suárez no revela el monto que le cobraron y perdió, otras personas que lo rodean afirman que el costo de estos tramitadores ya supera los 1000 dólares.
Por redes sociales las denuncias de estos cobros en divisas abundan, una de ellas corresponde a Francisco Bolívar, quien afirma que el octubre de 2017 le cobraron 300 dólares americanos y ya para este mes de abril la misma persona le ofreció su gestión en 1500 dólares. De igual forma, Marcel Reina, quien es Dj y chef, asegura que tuvo que pagar 2500 dólares por el suyo “y si se enteran que vives en el exterior, te cobran más”.
