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El pueblo venezolano se negó a participar en los fraudes montados por López Contreras en las elecciones municipales de 1937-1938 y por Pérez Jiménez en plebiscito fraudulento de 1957
Oscar Battaglini
Como es conocido, son muchas las creencias de toda índole que nuestro país ha arrastrado a todo lo largo de su historia republicana. En el siglo de la independencia formal no tuvimos ni crecimiento ni desarrollo económico real y perdurable; lo que llevó a un funcionario de uno de los gobiernos de la decadencia de finales de ese siglo a decir, con extremo sarcasmo, que éramos un país que precariamente importaba el desayuno, el almuerzo y la cena, situación a la que, sin duda, hemos retrogradado bajo el dominio de la dictadura militarista chavista. Tampoco tuvimos estabilidad política ni régimen democrático, ni estructura político institucional propiamente dicha. En su conjunto, todos los espacios fueron ocupados autocrática y dictatorialmente; por la figura del caudillo militarista surgido de la Guerra de Independencia y de las montoneras subsiguientes.
En el siglo XX después de la muerte de Gómez se inicia un proceso de institucionalización de la sociedad venezolana con apego a las formalidades de la concepción liberal burguesa que culmina fundamentalmente bajo el período puntofijista. Si bien durante este período se produjo un significativo avance de la ampliación y consolidación de la base institucional del Estado venezolano, ello no quiere decir que en nuestro país, a partir de ese momento, se estableciera un “gobierno de las leyes” y que el orden social y político existente se estabilizara y comenzara a regirse por su estricto cumplimiento y por los valores de la democracia política y social en su más cabal expresión. En la práctica puede afirmarse sin exageración alguna, que esa “completación institucional”, no ha significado una efectiva manifestación y factor de cambio sustantivo de la sociedad venezolana.
En realidad hemos continuado siendo una sociedad dominada por la dinámica del caudillismo militarista, en la que las instituciones fundamentales desempeñan un papel meramente decorativo y formal, y en la que por término medio rige la vieja fórmula colonial de que “las leyes se acatan pero no se cumplen”. Eso es lo que, en definitiva, explica: 1- que en nuestro país se mantenga vigente el golpe de Estado militarista como el medio expeditivo de dirimir la puja por el poder; 2- la recurrente intromisión del elemento militarista en los asuntos políticos del país; 3- la crónica inestabilidad política; 4- el uso de la violencia represiva y de la coacción jurídico-política del Estado para violar los derechos humanos, impedir la realización de los derechos civiles, y criminalizar la legítima protesta ciudadana; 5- el hecho fundamental de que el orden democrático no se haya establecido y consolidado definitivamente en nuestra realidad social; 6- el estado de subdesarrollo (de precariedad económica y en todos los sentidos) a la que ha estado sometida la sociedad venezolana.
Pero, donde el envilecimiento de la estructura institucional del país ha alcanzado su más alto grado con consecuencias nefastas, es bajo la dictadura totalitaria chavista. Bajo este régimen, no sólo se ha mantenido su condición meramente formal, sino que se le ha arrebatado su autonomía para convertirlo en instrumento punitivo (de castigo) a la disposición servil de la camarilla civil-militar que usurpa dictatorialmente el poder en Venezuela. En tal sentido resulta patético observar a los titulares del TSJ, del Poder Ciudadano (FGR accidental, CGR, DDP y el CNE) prosternarse ante los representantes del poder dictatorial, y darle fiel cumplimiento a todas las órdenes y mandatos antidemocráticos (autoritarios y totalitarios) que de él reciben.
En la representación y desempeño de ese miserable e indigno papel, el lugar más destacado lo ocupan sin duda, el TSJ y el CNE, que han sido convertidos en los instrumentos básicos a través de los cuales se procesa y se ejecuta, por un lado, la coacción jurídica violatoria de la Constitución y las leyes de la República, y que tiene como fin “darle visos de legalidad” a todos los abusos de poder y desmanes (verbigracia: el supuesto desacato de la AN, y las bases comiciales de la ANC, el adelantamiento de las elecciones presidenciales) entre otras muchos) que la dictadura militarista viene cometiendo en contra de los sectores mayoritarios de la sociedad y de los partidos y líderes políticos de la oposición; y, por otro lado, urdir la tramoya electoral fraudulenta que, definitivamente se ha constituido, después de la represión militar-policial y el crimen político, en otro de los mecanismos perversos pero muy efectivos para la perpetuación de esa dictadura militarista aferrada al poder.
Eso es lo que ha quedado suficientemente en evidencia en las últimas tres elecciones que se han realizado en el país, y las que tienen fijadas para el próximo 20 de mayo. Frente a este hecho, no cabe otra posición política distinta a la que ya asumiera el pueblo venezolano, primero; contra el fraude montado por el gobierno autoritario de López Contreras en las elecciones municipales de 1937-1938; y posteriormente en el plebiscito igualmente fraudulento, montado por la dictadura militar de Pérez Jiménez de 1957. En esas dos oportunidades, como sabemos, el pueblo venezolano derrotó a ambos gobiernos, negándose a participar en unos procesos electorales sin condiciones y sin garantías de imparcialidad, y con respecto a los cuales se sabía que dichos gobiernos iban a imponer sendos resultados a su favor, que era, por lo demás, la única manera que tenían de salir gananciosos en medio delas condiciones políticas y sociales de la Venezuela de entonces. Conviene recordar que la posición política unitaria asumida por el pueblo venezolano frente a la opresión dictatorial perejimenista y, particularmente, frente a su provocación fraudulenta, se constituyó en un poderoso estímulo que hizo posible las masivas acciones populares del 23 de Enero de 1958, que provocaron la caída de la dictadura militarista.
