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Venezuela está a punto de perder su activo más importante en el exterior, Maduro y Guaidó se acusan mutualmente de quebrar a la filial norteamericana de Pdvsa
- La minera canadiense Cristallex, expropiada sin indemnización por el difunto Chávez en el año 2008, está a punto de quedarse con la empresa Citgo, luego de ganar juicio contra la República en tribunales de Estados Unidos
- Los activos de Citgo Holding, valorados en más de 10.000 millones de dólares, podían ser confiscados para cumplir con las deudas
- El Gabinete Guaidó confía que Estados Unidos bloqueará cualquier decisión judicial contra la empresa venezolana
Noel Gómez Herrera
En febrero de 1986, durante el gobierno de Jaime Luisnchi (1924-2014), Petróleos de Venezuela compró a la Occidental Petroleum Corporation el cincuenta por ciento de la empresa Citgo Petroleum Corporation y terminó de adquirir el resto en 1990, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1922-2010) como parte de la expansión internacional del negocio petrolero del Estado que incluyó la sociedad, en Europa, con la petrolera alemana Veba Oel, de cuyos últimos activos Pdvsa se desprendió en el año 2010.
Citgo, a diferencia de la Veba Oel, creció aceleradamente entre 1990 y 1998 con la adquisición de varias refinerías, que convirtieron a esa corporación del Estado venezolano en una verdadera fortaleza, sin embargo a partir del año 2000, con el ascenso del finado Hugo Chávez al poder, la empresa comenzó a estar siempre muy cerca de traspasar las normas que regulan en Estados Unidos a las corporaciones extranjeras.
Bajo el concepto, Cito pasó a convertirse en una caja chica de Pdvsa y del régimen al servicio de la geopolítica diseñada por el “comandante eterno” para regar la “revolución” en todo el planeta. Como dato anecdótico figura la visita de Chávez en el año 2006 a la sexagésima primera asamblea general de la ONU, en Nueva York, oportunidad en la que visitó el Bronx, cuyo río Harlem, que lo separa de la isla de Manhattan, ofreció descontaminar por cuenta de Citgo, para beneplácito de las comunidades negras e hispanas de ese distrito, tarea que le correspondía a las autoridades locales pero que fue sufragado, paradójicamente, por el gobierno de un país del tercer mundo.
En 1987 PDVSA adquirió el 50% de la refinería “Champlin” en Corpus Cristi, Texas, con capacidad de 150 mil barriles por día (mbpd), la otra mitad es propiedad de UNOCAL y al consorcio se le llama UNO-VEN. En 1990 la antigua refinería Champlin en Corpus Christi, Texas, se convirtió en parte de la red de refinación de la compañía, con lo que dio lugar a la actual estructura de propiedad en manos del estado venezolano.
DIRECTIVA PRESA
Durante la administración de Maduro, Citgo solicitó préstamos por más de 4 mil millones de dólares, bajo condiciones leoninas, desfavorables al estado venezolano y cuya garantía en los propios activos de Citgo. Aunque las instrucciones partieron de Miraflores, el gobierno de Maduro, mediante una celada montada a los directivos de Citgo en la sede de Pdvsa en Caracas, logró capturar a su junta directiva en pleno: José Ángel Pereira Ruimwyk, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Luis Zambrano, la mayoría de ellos de nacionalidad estadounidense y actualmente presos de la tristemente célebre DGCIM.
EL RESCATE DE CITGO
La frágil situación de Citgo se complicó durante la gestión de Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo, a quien el gobierno de Estados Unidos le revocó en el año 2018 su visaS de trabajo y de turismo y lo expulsó del país. El 29 de enero de 2019 el Presidente interino Juan Guaidó, en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, asume el control de Citgo en Estados Unidos, quedando Asdrúbal Chávez totalmente excluido, aunque aún mantiene su “búnker” en las islas Bahamas, donde funcionan oficinas de la porción de Citgo que aún dice controlar Maduro.
La actual directiva de Citgo designada por la Asamblea Nacional fue seleccionada por Carlos Alfredo Vecchio DeMarie y Ricardo Hausmann Goldfarb, miembros del llamado Gabinete Guaidó, el primero como embajador en Estados Unidos y el segundo como representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo. La presidenta es Luisa Palacios y la integran además Rick Esse, Ángel Olmeta, Fernando Vera, Luis Urdaneta, Edgar Rincón y Andrés Padilla, quienes despachan en la sede de la empresa en Houston, Texas, aunque el pasado viernes 2 de agosto una corte judicial de Delaware, Estados Unidos, decidió que la directiva legal es la que encabeza Luisa Palacios y no la que preside Asdrúbal Chávez desde Bahamas.
LA AN Y LOS BONOS 2020
Como se sabe, en el año 2016 el gobierno de Nicolás Maduro emitió ilegalmente, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, los llamados bonos PDVSA 2020, comprometiendo el 50.1% de sus acciones en Citgo, cuyo restante 49.9 % de las acciones fue dado en garantía prendaria, en el año 2016, a la petrolera rusa Rosneft, por un crédito, igualmente al margen de la AN, por 1.500 millones de dólares.
El 7 de mayo de este año la Asamblea Nacional decide pagar los intereses de los bonos 2020, vencidos el 29 de abril, por 71 millones de dólares. La sorpresiva decisión la toma la misma AN en el año 2016 había considerado que toda la deuda adquirido por Maduro era ilegal y que además el propio asesor de Guaidó, Ricardo Hausmann, había bautizado como “bonos del hambre”. El Presidente interino Juan Guaidó argumentó que dio viraje “como única opción posible para proteger activos del Estado venezolano y para lograr una mejor posición para la estrategia de renegociación de la deuda pública”.
EL PROCURADOR ESPECIAL
Con la conquista de Citgo por parte del gobierno interino, entra en funciones como Procurador especial del gobierno interino, el abogado José Ignacio Hernández, prestigioso profesor de derecho en la UCV, la Ucab y en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, que dirige Hausmann, quien argumenta que el impago de los intereses de los bonos Pdvsa significaría que “los acreedores podrían tomar control sobre Citgo Holding. Esto pueden hacerlo de manera inmediata y sin tener que acudir a un juez, lo que significaría la pérdida total del Estado sobre Citgo, pues, en cuestión de días, podrían poner en venta el 50,1 % de las acciones de Citgo Holding».
EL CASO CRYSTALLEX
Hace pocos días un tribunal en Estados Unidos falló a favor de la minera canadiense Crystallex International para que se quede con activos de Citgo. Reclama 1.400 millones de dólares por la estatización que protagonizó Hugo Chávez en 2008 del yacimiento de oro “Las Cristinas”, en el estado Bolívar, concedido por el propio Chávez en el año 2002 y que el chavismo hasta ahora no ha pagado la indemnización acordada tras el arbitraje internacional.
En febrero 2011, Crystallex había introducido ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una solicitud de arbitraje contra Venezuela por 3.800 millones de dólares. El 6 de agosto de 2018 el juez federal de los Estados Unidos Leonard P. Stark, de la Corte de Delaware, autorizó la incautación de la compañía ubicada en suelo norteamericano, Citgo Petroleum Corporation, propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), para cumplir con pagos pendientes del gobierno nacional a la empresa canadiense, Cristallex International Corporation, por derechos mineros perdidos en territorio venezolano. El 26 de agosto el juez federal dictaminó que se vendan en subasta las acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum Corporation. en Estados Unidos, a menos que Venezuela emita un bono en compensación.
En el juicio, Crystalex promovió como experto en legislación venezolana a José Ignacio Hernández, quien en marzo de este año renunció a eas funciones al considerar que existe incompatibilidad de intereses por ser ahora Procurador especial del Gabinete Guaidó.
“Es falso que fui abogado en ese caso. En 2017, en mi condición de profesor universitario, actué como testigo experto independiente de Derecho venezolano. De cualquier modo, al asumir las funciones de procurador me separé oportunamente de todo lo relacionado con este caso”, ha reiterado Hernández ante los ataques de la dictadura de Maduro por involucrarlo en la trama Citgo. “La mafia del autoproclamado lo nombra supuesto procurador y va como abogado supuesto de la República y ¿qué hace? Produce acciones jurídicas sobre el expediente y le da la razón a la empresa (Crystallex)”, había dicho el propio dictador Maduro en un duro ataque contra Hernández, quien a su vez responsabiliza al dictador por la sentencia del tribunal federal de Estados Unidos, a propósito de una apelación introducida tras un fallo que otorgó activos de PDH Holding a Crystallex:
“Fue el régimen chavista el que ejecutó todas las acciones que dieron lugar a la demanda y el que actuó en este juicio”, aclaró Hernández, quien asegura que las propiedades de Pdvsa permanecen bloqueadas mediante una orden ejecutiva de Estados Unidos, por lo que ningún acreedor puede ejecutar judicialmente sus bienes.
DIRECTIVAS DE PSVSA Y BCV
Además de tener actualmente en su poder a la empresa Citgo, el gobierno interino de Guaidó ha designado una junta directiva ad hoc de Petróleos de Venezuela, integrada por Luis Pacheco, quien la preside, y Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada, Claudio Martínez, León Miura, María Lizardo y Alejandro Grisanti. Son las autoridades de Pdvsa que reconoce Estados Unidos y el resto de cincuenta y cinco países que reconocen a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. Entre sus funciona figura representar a la estatal petrolera venezolana en el exterior, “en coordinación con el Procurador Especial designado por el Presidente encargado”.
La Asamblea Nacional igualmente ha designado una junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, presidida por el ingeniero agrónomo Ricardo Villasmil Bond, quien posee un magister en Políticas Públicas en el Instituto de Estudios Superiores en Administración (Iesa) y PhD. con grado de Cum Laude por laTexas A&M University. Ha ejercido no solo como docente en el Iesa y la Universidad Católica Andrés Bello, sino también como jefe del equipo de Políticas Públicas durante la campaña del excandidato presidencial de Henrique Capriles en 2012 y economista senior de la Mesa de la Unidad Democrática, e integrada además por Nelson Lugo, Manuel Rodríguez y Guiacoima Cuius, exgerentes de Relaciones Internacionales, Estudios y de Operaciones Internacionales, respectivamente. También fue designada en la junta ad hoc la economista Ruth de Krivoy, quien presidió el BCV durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero declinó a participar en la nueva directiva, ya que no había sido consultada ni informada sobre su postulación.
Tanto la directiva de Citgo, como las de Pdvsa y el BCV han sido declaradas ilegales por el Tribunal Supremo de Justicia que controla la dictadura de Maduro y que preside Maikel Moreno Pérez
Protagonistas de esta trama:
1.-Luisa Palacios, presidenta de Citgo designada por Juan Guaidó.
2.-Asdrúbal Chávez, presidente de Citgo designada por Maduro.
3.-José Ignacio Hernández, procurador especial/Gabinete Guaidó.
4.-Ricardo Hausmann, representante del Gabinete Guaidó en el BID.
5.-Carlos Vechio, embajador en EEUU/Gabinete Guaidó.
6.-Nicolás Maduro, usurpador de la Presidencia de Venezuela.
Acusa a la oposición de querer robarse a Citgo.
7.-Juan Guaidó, Presidente de la AN y Presidente encargado
de Venezuela. Acusa a la dictadura de manejos irregulares
en Citgo.
