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La usurpación del poder se ha hecho más flagrante y escandalosa a partir del 10 de enero de 2019, cuando el dictador fue investido como “Presidente” de manera espuria
Oscar Battaglini
La crisis social e histórica sin precedente, por la que atraviesa nuestro país, no sólo ha descalabrado íntegramente su andamiaje estructural e institucional colocándolo al borde de la más completa anulación histórica, semejante a lo ocurrido con otras sociedades del llamado “tercer mundo”, (africanas, asiáticas y de la propia América Latina) sometidas a estos procesos desintegradores, mediante el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, menoscabando la integridad del Estado solo para favorecer la permanencia de una cúpula despótica que persigue su eternización en el poder. He ahí la naturaleza del problema político que de manera imperiosa la sociedad venezolana debe afrontar y resolver en el presente inmediato. Esto se hace aún más perentorio en razón del riesgo que se corre de que esa fatalidad se cumpla, dada la determinación expresada por los principales cabecillas de la dictadura de continuar usurpando el poder político mediante la violencia represiva, contraviniendo el texto constitucional en todos sus órdenes y haciendo –para decirlo en términos coloquiales- lo que les viene en gana.
Está claro que la solución a este problema pasa necesariamente por la salida de Maduro del poder; que la superación de la gravísima crisis política, económica y social generada por un modelo fracasado, comienza con la expulsión por vía democrática (elecciones generales transparentes) del poder, de la camarilla civil-militar que usurpa la dirección político-administrativa del Estado. Es esta una certidumbre que, no sólo determina la orientación y la actividad política de la oposición cívica frente a la tiranía, sino que, de igual modo, se ha alojado firmemente en el imaginario político de los distintos sectores sociales que viéndose gravemente afectados protestan en abierto desafío a la barbarie represiva.
MALESTAR SOCIAL
Las enfermeras y gremios de profesionales y trabajadores, aun siendo duramente reprimidos, manifiestan su malestar pública y valientemente, como en el pasado lo hicieran los cientos de jóvenes asesinados en manifestaciones. Esta es la certidumbre que está en el lenguaje de los obreros y de los trabajadores en general de la ciudad y el campo, de los profesionales y técnicos de las más diversas especialidades; de los pocos empresarios que aún quedan en el país, de los habitantes de las barriadas populares, de los intelectuales, creadores, estudiantes, amas de casa, etcétera, que padecen no sólo las torpezas, los desaciertos y errores del aventurerismo político de la camarilla en cuestión, sino el ensañamiento y la indiferencia en contra de una población hambreada que hallándose desprotegida y expuesta a tales desmanes (carencia de estado de derecho, sin instituciones a donde recurrir, sin ninguna posibilidad de enfrentar el atropello de que es objeto), opta desesperadamente por marcharse del país –a riesgo de lo que sea- en busca de mejores condiciones de vida.
Esta situación sólo puede significar dos cosas: 1- que la camarilla que “mandonea” (distinto de gobernar con apego o con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes de la República) desde el Palacio de Miraflores y Fuerte Tiuna, lo hace ostensiblemente a nombre de una representación minoritaria de la sociedad, hecho o circunstancia que no sólo subvierte el principio democrático y legal de que la libre escogencia política de la mayoría debe primar por encima de la minoría, sino que priva a cualquier forma de gobierno ejercido de esa manera, de toda legitimidad política y jurídica. 2- Que las “elecciones” del 20 de mayo de 2018, mediante las cuales Maduro fue designado por un CNE espurio, para el cumplimiento de un segundo período presidencial, constituyen un gigantesco fraude de principio a fin. En primer lugar, por haber sido realizadas en abierta y flagrante violación de todo lo pautado en materia electoral en la Constitución Nacional de la República y en la Ley que rige los procesos electorales en Venezuela.
En segundo lugar, por haber sido convocadas por adelantado, no por el poder electoral que es a quien compete esta decisión, sino por un organismo improvisadamente “legislativo”, extraño y espurio también (no en balde pasará a la historia de nuestro país como “la fraudulenta”) por el simple hecho de haber sido electo de manera fraudulenta. En tercer lugar porque las elecciones del 20 de mayo, fueron realizadas en un marco político caracterizado por la ilegalización de los principales partidos políticos de oposición y la persecución de sus dirigentes fundamentales. En cuarto lugar, por la serie de irregularidades cometidas en contra de los electores, entre ellas: el aprovechamiento descarado de los recursos del Estado, el traslado de los centros de votación, la compra de votos, etc; y porque esas “elecciones” fueron realizadas en medio de un intenso clima represivo con gran parte de la dirigencia opositora encarcelada o siendo perseguida, hecho que sumado a los ya señalados, en una gran medida, determinaron que la inmensa mayoría de los electores se abstuvieran de participar en esas “elecciones”.
EL USURPDOR
La conciencia democrática nacional e internacional ha decidido desconocer la validez de esas “elecciones”, así como la legitimidad y legalidad de la segunda presidencia de Maduro, lo que por lo demás, le ha valido el mote de “usurpador”. Esa es también la razón por la que la Asamblea Nacional, decidió declarar mediante la aplicación del artículo 233 de la Constitución Nacional, la falta absoluta de Maduro como Presidente de la República y nombrar en su lugar al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien, a renglón seguido tomó juramento del cargo ante una multitudinaria asamblea popular reunida en una plaza pública de la Gran Caracas.
Esos son, junto con la acción político militar del 30 de abril en La Carlota, los hechos políticos más relevantes ocurridos en el país desde el mes de enero a esta parte, y que dan cuenta, por un lado, de la determinación dictatorial de Maduro y la camarilla militarista que lo secunda, de mantener la usurpación del poder la cual se ha hecho más flagrante y escandalosa a partir del pasado 10 de enero, cuando fue investido y proclamado presidente por un organismo espurio (“la fraudulenta”), para el cumplimiento de un segundo período constitucional; y por otro lado, la escalada que ha experimentado el actual conflicto político venezolano, en términos que implican seriamente la confrontación bélica con Colombia. Frente a esa situación la oposición venezolana y el pueblo llano -quien a fin de cuentas es quien padece los rigores de la crisis- coaligados alrededor de la propuesta política sintetizada en el Proyecto País y resumida en la consigna: “Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, representada en la figura del joven dirigente Juan Guaidó, en un serio esfuerzo para apartarse en lo más mínimo del marco constitucional vigente, ha convertido los contenidos objetivos y el espíritu de los artículos 333 y 350, en la orientación y la guía fundamental de su política, que tiene como fin supremo la restitución del orden constitucional quebrantado. Todo ello sin detenerse a considerar las formas de lucha empleadas para el logro de tal fin; cosa que por lo demás, no está contemplada en el contenido de esos artículos, de allí el llamamiento hecho a la FAN, que no a la facha (fuerza armada chavista) y al conjunto de la sociedad para que participe activamente y de una vez por todas en la restitución del orden constitucional, sin que ello represente delito alguno porque así lo recoge el texto constitucional de la República de Venezuela.
