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Pretender imponerle a las universidades un disparatado sistema electoral es un despreciable abuso de una pretendida y oprobiosa autoridad
Gustavo Luis Carrera
Las Universidades representan el acervo intelectual y científico del país. Entre ellas, las autónomas y de mayor proyección histórica significan, además, la real libertad de cátedra y la imponderable opción de elegir sus autoridades. Y justamente el gobierno de turno busca atentar contra el más visible de los privilegios de las tradicionales Universidades autónomas: su legítimo sistema electoral.
EL PROPÓSITO. Normalmente las Universidades, como centros de estudio y de investigación que son, constituyen un reservorio del saber y del avance en el área del conocimiento. Y por ende, son instituciones donde priva el espíritu crítico, libre y cuestionador. Justamente la condición básica que molesta e intimida al gobierno; situación que genera alarma y temor en los altos niveles de mando político. Siempre el antagonismo radical ha sido éste: las Universidades debaten en el mundo de las ideas; el gobierno sólo se preocupa por mantener el mando. Y en esta oportunidad se trata de atacar la autonomía universitaria imponiendo un sistema absurdo y obtuso de elecciones. El propósito es alterar el funcionamiento institucional de las Universidades y lograr dominarlas.
EL ABUSO. El plan agresivo en este caso se traduce en la pretensión de obligar a las Universidades a modificar disparatadamente el sistema electoral que le es propio por la lógica y por la ley. De forma natural, las Universidades aplican un procedimiento electoral corporativo: participan quienes pertenecen propiamente al cuerpo institucional. Y se aplica el principio del voto calificado. Votan profesores y estudiantes, en una natural diferenciación de proporciones: tantos votos estudiantiles equivalen a un voto profesoral. De no ser así, las elecciones serían, de hecho innecesarias; siempre prevalecería la decisión estudiantil, por razones de simple mayoría. Agregar a todo el personal universitario, incluyendo a los egresados, con el valor igual de cada voto, es no sólo un abuso inaceptable sino un disparate inimaginable. Imponer un desquiciado sistema electoral es atentar burdamente contra la histórica y esencial autonomía universitaria.
FRACASO DE LA AGRESIÓN. Por tradición, existe una autonomía universitaria. Ya en las universidades medievales se respetaba el derecho de estas instituciones de establecer su reglamentación interna. En nuestros días, la autonomía universitaria es un principio universal, que sólo no se respeta en las dictaduras y los despotismos. De hecho, en la actualidad, nuestras históricas universidades públicas fundan sus elecciones en la autonomía que le atribuye la vigente Ley de Universidades. Y así ha sido. No se trata sólo de un derecho, es por igual una tradición bien enraizada, razonada y defendida. Po ello, esta agresión fracasará. A la postre, la esencia universitaria vence. (Al caso, recomendamos la lectura de la crónica «Universidad sentenciada», del colega Absalón Méndez Cegarra. Publicada en La Razón del 21-sept-2019).
VÁLVULA: «Pretender imponerle a las Universidades un disparatado sistema electoral es un despreciable abuso de una pretendida y oprobiosa autoridad. El propósito es agredir la autonomía de las Universidades nacionales. El fracaso es su inevitable destino».
glcarrera@yahoo.com
