razonnet
La presidenta de Citgo, Luisa Palacios, le ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impida las amenazas de los dueños de los bonos 2020, que vencen el 27 de octubre
Noel Gómez Herrera
Dentro de pocos días, el venidero 27 de octubre, el Estado venezolano deberá pagar novecientos trece millones de dólares a los tenedores del bono PDVSA 2020, emitido ilegalmente por la dictadura de Nicolás Maduro en el año 2016, tras un proceso de canje parcial del bono PDVSA 2017 y garantizado con el 50,1% de las acciones de la empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, con sede en Estados Unidos.
El año 2016 la Asamblea Nacional declaró la ilegalidad de dicha operación, no solo por no estar aprobada por el Poder Legislativo, como ordena la Constitución, sino también por ofrecer una tasa interna de retorno del 19,8% , sin embargo la propia AN en mayo de este año acordó el pago de 71 millones de dólares en intereses de dicho bono, ante el temor que el impago ocasionara acciones legales contra Citgo. La situación está en que la cancelación de la totalidad del bono se ha complicado. Por una parte el régimen de Maduro alega que no puede pagar a los bonistas debido a las sanciones financieras que le ha impuesto EEUU. Por su parte el gobierno interino trabaja en tres vertientes simultáneamente: 1.-Llegar a un acuerdo con los bonistas y refinanciar la deuda. 2.-Pagar los 913 millones de dólares a los tenedores y 3.-No pagar el bono.
LA NEGOCIACIÓN
Desde mayo de este año, el economista Ricardo Haussman, exrepresentante del gobierno interino en el Banco Interamericano de Desarrollo, se encuentra en negociaciones con los tenedores de los llamados “bonos del hambre”, tal como los bautizó el propio Haussmann en el año 2016, por considerar que fueron emitidos por la dictadura en detrimento de los venezolanos. A las negociaciones se ha sumado Alejandro Plaz, sustituto de Haussman en el BID, quien tendría lazos estrechos con los beneficiarios de los bonos, buena parte de ellos vinculados al régimen de Maduro y otros a la oposición. Los negociadores intentan extender, sin éxito, el plazo de vencimiento y recalcular los intereses. Los tenedores tienen en su mira la mitad de las acciones de Citgo y solo esperan el 27-O para proceder.
EL PAGO COMPLETO
El segundo camino que ha recorrido el Gabinete Guaidó es “ablandar” a la Administración Trump para que le libere al gobierno interino los fondos del Estado venezolano congelados en EEUU, que es la tesis de la presidenta de Citgo, Luisa Palacios. Por la vía diplomática se ha solicitado que la liberación de fondos sea solo por la cantidad adeuda, es decir 913 millones de dólares. Como hace falta consentimiento del Congreso, el embajador designado por Guaidó en Estados Unidos, Carlos Alfredo Vecchio DeMarie, ha entablado conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cabeza visible del “»Impeachment» al presidente Trump, encuentros que no han caído del todo bien en la Casa Blanca.
BONOS IMPAGADOS
Si fallan las negociaciones con los tenedores y la Administración Trump no libera los fondos venezolanos, el gobierno interino no descarta encaminarse hacia el no pago de la obligación, para lo cual igualmente solicita a la Casa Blanca que mantenga firme su decisión de blindar, contra toda acción judicial, los activos de Venezuela en EEUU, entre ellos la empresa Citgo. Uno de los partidarios de esta tesis es el experto petrolero José Toro Hardy quien recomienda que se solicite revocar la licencia número 5 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por considerarla incompatible con la Orden Ejecutiva del presidente Trump que bloquea el traspaso de acciones de Citgo dadas en garantía por la dictadura de Maduro, tanto a los bonistas como a los rusos de la Rosneft, en su afán desesperado de obtener recursos. Considera Toro que una revocatoria de esa naturaleza no viola los derechos de los tenedores del Bono 2020, pues solo difiere la ejecución del colateral, ya que la licencia número 5 la OFAC autorizó a los tenedores de bonos 2020 tomar el control de Citgo en caso de incumplimiento. La contradicción legal entre ambas órdenes es el sustento de la tercera opción, es decir la tesis del impago. A esto se le suma la propia ilegalidad de la obligación denunciada por la propia AN en el año 2016. Quienes se oponen a esta tesis, argumentan que al autorizar el pago de intereses del bono Pdvsa 2020, en mayo de este año, la AN reconoció la legalidad de una operación, que ahora intentaría desconocer. Una vez superada la situación del pago a los bonistas, a Guaidó le queda otro problema por resolver: la arremetida legal de la transnacional canadiense Crystallex contra los activos de Citgo.
LOS BONOS DEL DICTADOR
En relación con el tristemente célebre “Bonos Pdvsa 2020”, José Toro Hardy, exdirector de la estatal petrolera, ha señalado que ningún operador financiero puede alegar que desconocía las dudas sobre la validez de dicho bono: “Esas dudas fueron debatidas públicamente. La AN objetó en su oportunidad las condiciones del canje de los bonos de PDVSA y rechazó el colateral sobre Citgo. Desde su origen los bonos 2020 son irregulares. La AN objetó, entre otras cosas, que ofrecían una tasa interna de retorno del 19,8%, el canje bajo condición agiotisas de bonos que vencían en el 2017 y daban en garantía en 50,1% de las acciones deCitgo. Esa operación no fue aprobada por la AN. Esos bonos no cumplen con los requisitos previstos en la Constitución”.·
