, ,

GUERRILLA APLICA “VACUNA” en territorio venezolano

Un comerciante merideño fue amenazado por la guerrilla colombiana, por negarse a aceptar el incremento desmesurado de las “tarifas” de los grupos armados

Enrique Meléndez

A juicio de Noel Alvarez, ex presidente de Fedecámaras, la oposición ha venido manejando la situación, que se planteó, una vez autoproclamado Juan Guaidó presidente constitucional el pasado 10 de enero, erráticamente, comenzando por la violación del instrumento para la transición aprobado por la Asamblea Nacional (AN).

“Un presidente una vez electo o designado, debería ser representante de todos los venezolanos y no de una parcialidad política, cualquiera que ella sea. Debemos exigirles a los partidos que liberen de disciplina partidista a quien le corresponda ejercer la primera magistratura”, considera el coordinador del partido Generación Independiente (Gente).

¿Estamos ante un proceso de génesis, gloria y caída de un liderazgo político, como sería el de Juan Guaidó, al no poder consumar ninguno de los tres propósitos, que se planteó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones ligres?

-Ante todo, debo aclarar que hablo a título personal y no en mi condición de coordinador nacional del movimiento político Gente. Según mi criterio la oposición ha venido manejando la situación erráticamente, comenzando por la violación del instrumento para la transición aprobado por la AN.

-Además, violan la constitución cuando permiten la reincorporación de unos parlamentarios que habían aceptado otros destinos remunerados. Un gobierno designado para un proceso de transición debería ser de amplio espectro, es decir, reclutar a los mejores, independientemente de sus preferencias políticas y no lo que se está haciendo al satisfacer cuotas partidistas. Quien conduce una transición debiera concentrarse en propiciar las condiciones para que se den unas elecciones presidenciales libres, ya que, las campañas electorales solo serán bienvenidas una vez que cese la usurpación.  En estas y otras materias podría residir el desencanto que muestra la población frente a las últimas convocatorias.

¿Qué piensa de las irregularidades, que han sido señaladas, en el manejo de los recursos, a propósito de la ayuda financiera que ha recibido el equipo de Juan Guaidó?

-Todo ente que reciba y maneje recursos debe estar sometido a mecanismos de control; de lo contrario, sería una especie de bodega de pueblo, que son manejadas a través de los bolsillos del bodeguero. Ahora bien, según nuestra Constitución todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario; por ello es importante que cuando haya una denuncia o presunción de dolo, esta sea investigada exhaustivamente. Circunstancia que podría servir hasta para salvaguardar el honor del acusado en caso de resultar inocente. Por tal motivo, exhorto a quien deba tomar la decisión: es indispensable la designación de un Contralor General del gobierno interino, el cual, entre otras funciones, debería certificar el manejo de los recursos percibidos.

Se dice que Voluntad Popular ha sido el peor enemigo de Guaidó, ¿qué opina usted?

-Un presidente una vez electo o designado, debería ser representante de todos los venezolanos y no de una parcialidad política, cualquiera que ella sea. Debemos exigirles a los partidos que liberen de disciplina partidista a quien le corresponda ejercer la primera magistratura. Todos los partidos del estatus opositor mediatizan a la presidencia encargada, impidiéndole ejecutar actos de gobierno en forma autónoma e independiente, acción que podría originarse por el hecho de que, una misma persona esté ejerciendo simultáneamente la presidencia de 2 poderes del Estado y como consecuencia de ello, en vez de tener un solo presidente, nos enfrentemos al caso de una presidencia colegiada

¿A usted no le parece que fue un fracaso de la diplomacia de Juan Guaidó, la entrada de Venezuela al comité de derechos humanos de la ONU?

-El tema de la Comisión de Derechos venía rodando desde hace más de un año, por lo que resulta inconcebible que, tanto la oposición venezolana, como el Grupo de Lima, hayan esperado hasta última hora para intentar ejercer un recurso alternativo. Lo que para tarde se deja, para tarde se queda, allí están los resultados. Esperemos que otras materias que todavía continúan pendientes, reciban un diligente tratamiento.

¿Qué juicio le merece la denuncia, que se oye en la esfera oficial de EEUU referente a la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela?

-Me sorprende que solo hasta ahora se den cuenta de la gravedad de esta situación, cuando es un secreto a voces la presencia de la guerrilla en nuestro país, y no ya, solo en las zonas fronterizas. Hace pocos días estuve en el estado Mérida, donde pude conocer por boca de algunos empresarios, además de la catástrofe de los servicios públicos, la persecución despiadada a que son sometidos por los facciosos en su afán de concretar el cobro de vacuna. Hecho que los ha llevado a vivir desterrados de sus familias y de sus empresas.

-Un comerciante me confesó: estoy gerenciando mi negocio desde Caracas, porque la guerrilla me amenazó, debido a que me negué a aceptar el incremento desmesurado de las tarifas. Este parece ser el pan de cada día en buena parte de los estados el país y todo esto sucede ante la mirada indolente de los distintos actores que manejan los hilos del poder en Venezuela.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es noel-copia.jpg

Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras: La «vacuna» se ha extendido a casi todo el país.

Narcolavado y terrorismo

 

Hay quien opina que el TIAR no se quedará sino en la mera formulación. ¿Sólo los factores extremos tienen la expectativa, de que pueda convocar una fuerza multinacional, e intervenir en Venezuela?

Creo que la aprobación del TIAR fue un hito importante, pero insuficiente. A pesar de ello, algunas de sus cláusulas podrían ser aplicables a la actual situación venezolana, con especial énfasis en el artículo 8. En una primera fase, la aplicación del TIAR nos podría ayudar a investigar, perseguir y sancionar las prácticas de terrorismo, lavado, narcotráfico, corrupción y otros delitos. La aplicación de todo el contenido del tratado, necesariamente, debería contar con la invocación del articulo 187 ordinal 11, constitucional, por parte de la AN.