razonnet
Los ilícitos ventilados en la CPI, son de ius cogens, es decir, no sujetos a «cambalaches». Así que cualquier conversación sobre un hipotético pacto de no agresión entre dos potenciales acusados, es radicalmente ilegal
Santiago Alcalá
Hemos sido consistentes en informar de las corruptelas en la Corte Penal Internacional, CPI, con sede en La Haya. Un verdadero antro, donde ha campeado fueros la denominada “Mafia de las Togas” encabezada por la titular de la Fiscalía Principal del organismo, la gambiana Fatou Bensouda, el extitular de ese mismo cargo, el argentino Luis Moreno Ocampo, el exjuez de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón, y por supuesto, Haifa El Aisami, “embajadora” de Venezuela ante los Estados miembros de la Asamblea general del organismo.
HAIFA EL AISSAMI, “embajadora” de la dictadura ante la CPI y hermana del acusado, por crímenes de lesa humanidad, Tarek El Aisami, junto a la fiscal Fatou Bensouda y otras damas gambiabas, durante una reunión social en La Haya.
En realidad, en nuestra anterior enumeración, no están todos los que son. De no haber contado, la señora Bensouda, con un entramado de complicidades muy numeroso, en la propia, CPI, en los organismos internos y externos disciplinarios de dicho sistema de Justicia, en la Organización de Naciones Unidas, otra habría sido la Historia.
Ahora, fuentes confiables, nos envían desde La Haya, un alerta que pone los pelos de punta. Nos referimos a un supuesto quid pro quo, mediante el cual la Fiscal Bensouda, no acusaría a Nicolás Maduro y a Tarek El Aisami, por crímenes de lesa humanidad a cambio de no acusar, por los mismos crímenes a la exfiscal Luis Ortega Díaz, convertida en habitué de la CPI, como pretendida parte acusadora del propio Maduro y demás personeros del gobierno de este último.
Los ilícitos ventilados en la CPI, son de ius cogens, como dicen los abogados. Es decir, no sujetos a cambalaches. Así que cualquier conversación sobre un hipotético pacto de no agresión entre dos potenciales acusados, con la fiscal Bensouda, como moderadora, además de inmoral, clandestino, es radicalmente ilegal.
JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, entonces Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y Senador del Reino de España y su hermano del letrado Blas de Jesús Imbroda Ortiz, abogado de la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, reunidos en el Palacio Federal Legislativo, Caracas, con el prócer madurista Freddy Bernal, jefe de los Clap y de los “colectivos” armados del “madurismo”. En la gráfica también aparecen Sady Cohén, contratista favorito de la “revolución” y José Imbroda Domínguez, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, entre otros.
Nuestras fuentes, advierten, además, sobre vínculos no sabemos si de amistad, afinidad o hasta familiares, de quien es abogado-defensor de Luisa Ortega Díaz, ante la CPI, con factores del gobierno de Nicolás Maduro. Nos referimos al letrado Blas de Jesús Imboda Ortiz y al hermano de este último, el político, Juan José Imbroda Ortiz, nacidos y residentes en Melilla.
¿Qué pito, tocaron dos ciudadanos que viven y trabajan en la remota Melilla, noreste de África, comitiva incluida, visitando a Freddy Bernal, conspicuo, presunto comecandela del oficialismo en el Palacio Federal, sede del Parlamento venezolano?
Esa es la pregunta que se formulan, nuestras fuentes, fotografía en mano. Agregan dudas, que el señor, Sady Cohén, figuró en la citada comitiva. Cohén, empresario judío-venezolano que ha tenido jugosas contrataciones con la llamada Revolución Bolivariana habría sufragado los costes de aquel rendez-vous y de otros concretados después.
En su informe más reciente, la señora Bensouda, habla de enfrentamientos entre opositores y funcionarios del gobierno. Para ella, no ha habido persecución sistemática como política de Estado de Nicolás Maduro, contra los disidentes venezolanos. La mesa está servida para un megaguiso en la CPI.
LOS IMBRODA, MELILLA Y LA “REVOLUCIÓN”
Como es sabido, Melilla es una ciudad española que se encuentra enclava en el Reino de Marruecos, al norte de África. Se rige por un régimen autonómico especial, al igual que Ceuta, la otra ciudad española en ese país, se rige por un régimen autonómico especial.
Melilla tiene 86.000 habitantes y un presupuesto público de 273 millones de euros en 2018. Su presidente hasta el pasado mes de junio, Juan José Imbroda Ortiz, es hermano del letrado Blas de Jesús Imboda Ortiz, defensor de Luisa Ortega Díaz en la CPI, en La Haya, y fue investigado por la justicia española, al igual que otros miembros del gobierno de la ciudad, por la adjudicación al menos seis millones de euros a una decena de empresas imputadas en los denominados caso Tosca y caso Ópera, que investiga el amaño de contratos públicos.
Los Imbroda Ortiz, miembros destacados de la comunidad judía de Melilla, están íntimamente ligado al régimen de Nicolás Maduro, a través del empresario judío Sady Cohen, uno de los contratitas favoritos de la dictadura venezolana, a quien se ha señalado de sufragar los honorario profesionales de la defensa de Maduro, El Aissami y de Ortega Díaz ante la Corte Penal Internacional, donde se les acusa por delitos de lesa humanidad.
En el denominado caso Tosca se investiga el amaño de contratos públicos, en el que aparecen involucradas empresas privadas acusadas de colaborar en la supuesta trama delictiva. Según las sospechas de la Guardia Civil española, toda esta supuesta red delictiva estaría adjudicando esos contratos principalmente a cambio de otorgar empleos a personas cercanas al Gobierno melillense (no solo familiares), tejiendo así una posible red clientelar.
Algunas de estas firmas siguen todavía recibiendo contratos a dedo o por procedimiento negociado, con un margen de discrecionalidad por parte del Gobierno de Melilla.
