DÉFICIT EN EL BANCO CENTRAL

El desbalance del instituto emisor venezolano equivale a más de 92 billones de bolívares que, al cambio fijado por el instituto al cierre de sus cuentas en 2019, es negativo en más de 2 mil millones de dólares

Enrique Meléndez

¿En qué se basa usted para llegar a estas cifras?

-Analizando los estados financieros del Banco Central de Venezuela, hallamos que, para el 31 de diciembre de 2019, de un total de activos en divisas de 1 billón 976 mil millones 483 mil 291 bolívares existían inversiones en títulos emitidos por el Estado venezolano por 1 billón 421 mil millones 581 mil 817 bolívares, equivalentes a 35 mil millones 728 mil 533 dólares,más 2 mil millones 187 mil 252 dólares de intereses acumulados a la fecha.

-A este respecto hay que tener presente que las inversiones en divisas del BCV deben ser efectuadas atendiendo a los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. Y resulta ser que los títulos valores, emitidos por el Gobierno, no cumplen ninguno de tales requisitos; además, constituye una verdadera aberración que el BCV coloque recursos en títulos públicos venezolanos, cuando ello configura una abierta violación al artículo 320 de la Constitución, el cual textualmente pauta que el BCV no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias, y aquí lo hace empleando las reservas internacionales de la República.

-Al sincerar las cifras excluyendo tales partidas del activo, el mismo se ve reducido y hay que ajustar su contrapartida patrimonial. El activo total y el patrimonio ajustados resultantes son significativamente inferiores a las cifras declaradas por el BCV. El patrimonio real del BCV, para diciembre de 2018, fue negativo en 675 mil millones 822 mil 668 bolívares; situación que se presentó mucho peor para diciembre de 2019 cuando la cifra fue negativa en 92 billones 150 mil millones 370 mil 850 bolívares. Resulta alarmante esta realidad, ya que 92 billones de bolívares en rojo equivalen a más de 2 mil millones de dólares al cambio de cierre de diciembre de 2019 de 45 mil 760 bolívares.

-EL balance oficial publicado por el BCV a esta última fecha refleja inversiones en títulos valores públicos equivalentes a un 69% de los activos colocados en divisas y el 6% en moneda nacional, de manera que el 75% del activo del BCV está financiando al Gobierno. Sabemos que Venezuela es un Estado fallido que mantiene una situación de impago de sus compromisos internacionales (default), por lo que es un engaño intentar presentar como “buenos” (comillas solicitadas) unos títulos carentes de valor en los mercados internacionales.

Hay una doble connotación en la irregularidad señalada: por una parte, la conducta dolosa, o inelegante, por decir lo menos, de presentar títulos sin posibilidad de transarse en los mercados para una eventual realización; y, por otra, una clara evidencia de haberse violado el artículo 320 de la Constitución que prohíbe convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.

¿Cómo se explican esas irregularidades en los resultados?

-El efecto del cambio en los valores de las reservas internacionales crea una imagen ficticia y engañosa en los estados contables, que ha sido interpretada de manera poco profesional por algunas personas, como si el Banco Central estuviese obteniendo utilidades. Esto, de por sí, no sería dañino; lo que resulta verdaderamente lesivo es considerar, que el efecto ocasionado por las variaciones en el tipo de cambio sobre la valoración de las reservas internacionales constituye una utilidad que debe ser entregada al Fisco, tal como ha hecho el BCV reiteradamente por exigencia del Ejecutivo Nacional.

-Debo aclarar que estas utilidades ficticias son diferentes, a las que se producen cuando el BCV compra dólares a su costo de reposición, ya que, en este supuesto, cuando son adquiridos ocurre una emisión de dinero totalmente respaldada por la divisa recibida; y, cuando los vende, si bien la operación disminuye las reservas internacionales, también pasa lo mismo con el dinero emitido. Por lo tanto, su actuación queda encuadrada dentro de las exigencias legales y económicas ortodoxas.

-Dicho en otras palabras, si el BCV obtiene una utilidad en sus operaciones en moneda nacional, ello significa que sus ingresos han sido superiores a sus costos, y como los ingresos implican una contracción de la base monetaria y los egresos una expansión de la misma, el hecho de que exista una utilidad significa que hubo una contracción neta del dinero primario. Por lo tanto, el reparto de esa utilidad al Ejecutivo no resulta de por sí algo negativo, ya que lo que se haría con ello es restituir el equilibrio inicial entre la base monetaria y las reservas, si es que el mismo existía.

-En cuanto a las operaciones en divisas, el resultado se traduce en un incremento o una disminución de los activos en moneda extranjera. Si los ingresos son superiores a los egresos, se opera una utilidad que aumenta las disponibilidades en divisas y que, por tanto, es susceptible de ser repartida al Fisco, ya que esa mayor cantidad de reservas internacionales sirve de respaldo a la emisión monetaria que se haría al distribuir al Fisco tal utilidad.

-Por su parte, en el resultado de las operaciones en moneda nacional, también hay que considerar que una situación de ingresos superiores a los egresos supone una utilidad y que, en caso contrario, existe una pérdida. Lo velado en este razonamiento es que los ingresos en moneda nacional implican una contracción de la base monetaria y los gastos generan una expansión de la misma. Así las cosas, cuando los ingresos superan los egresos se genera una contracción neta de la base monetaria; lo contrario de lo que ocurre cuando hay una pérdida, que produce una expansión monetaria neta.

-En el primer caso, habiendo ocurrido una utilidad que contrajo la base monetaria, como ya se dijo antes, ésta puede ampliarse mediante un decreto de dividendos al Fisco; y, con el mismo razonamiento, cuando se está en presencia de una pérdida, la misma se traduce en una expansión de la base monetaria que debe contraerse mediante la reposición de capital a que queda obligado el Fisco Nacional, conforme lo dispone el artículo 86 de la Ley.

-Como ya se dijo, los resultados de las fluctuaciones cambiarias se originan en la traducción a moneda nacional de los activos y pasivos en moneda extranjera, y, como la posición monetaria del BCV es activa y el bolívar está, permanentemente, devaluándose ante el resto de las divisas, esta conversión a moneda nacional hace surgir una aparente utilidad cambiaria; que no es sino la manifestación de la incompetencia del Instituto para cumplir sus funciones sociales y constitucionales.

-En otras palabras, el BCV debe lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria,según el artículo 318 constitucional, y, como no lo hace, surge la inflación y el tipo de cambio se deteriora, con lo cual todos los poseedores de bolívares sufren daños patrimoniales, hay afectación de los términos de intercambio en el comercio internacional y, en general, se afecta a toda la nación venezolana. La pérdida en el poder adquisitivo del bolívar configura una pérdida grande para sus tenedores, pero lo peor es que esa pérdida equivale a la ganancia que obtiene el mismo ente causante del mal: el Banco Central de Venezuela. Esta es la razón por la que se resiste a presentar los estados financieros ajustados por inflación.

¿Cuáles son las implicaciones de esta situación?

-Aquí lo absurdo se enseñorea, ya que el Instituto registra como beneficio el producto de su propia incompetencia y la distribuye como dividendo al Gobierno, en una retroalimentación permanente de su error. De esa manera se aumenta la base monetaria, alimentando también por esa vía la espiral inflacionaria. El Banco, financiando al Fisco, emite dinero inorgánico y causa inflación; la unidad monetaria se devalúa; la traducción a moneda nacional de los activos y pasivos en moneda extranjera se contabiliza, como una utilidad que progresivamente va ampliando la base monetaria generando más inflación.

-En esencia, cuando la ley condiciona que sólo, previa recepción de activos de reserva el BCV puede emitir dinero, lo hace porque el dinero emitido debe tener el debido respaldo que permita la libre convertibilidad, y ese respaldo está constituido por las reservas internacionales. Sobre este particular, los billetes emitidos llevan la leyenda “Pagaderos al portador en las oficinas del Banco”, y la forma cómo se pagan está definido en el artículo 121 de la Ley del Banco Central de Venezuela.

-En épocas anteriores, el bolívar llegó a ser considerado como “moneda fuerte”, con un nivel de aceptación internacional equivalente al disfrutado hoy por el dólar, la libra esterlina o el yen, entre otras monedas susceptibles de integrar las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo. Hoy en día, ya del bolívar no se puede decir lo mismo.

-Ilustremos cómo es el procedimiento de comercialización de las divisas que entran a Venezuela. Los exportadores y otros agentes económicos, donde el principal actor es el Gobierno a través de Pdvsa, reciben divisas por la venta de sus productos en el exterior, las cuales ingresan al Banco Central, quien entrega bolívares a cambio. Aquí se cumple con el requisito legal de sólo emitir dinero, previa recepción de activos calificados para formar parte de las reservas internacionales; en este caso, divisas. Nótese que el Gobierno recibe bolívares, como contraprestación por las divisas que entrega, cuya propiedad ya deja de detentar pues pasan a pertenecer al Banco Central, situación que se mantiene hasta que los portadores de los bolívares emitidos con base en esa garantía exigen su entrega. Los bolívares que recibe Pdvsa, y demás exportadores ingresan a la economía nacional, a través de pagos de sueldos y salarios, adquisiciones de bienes y otras actividades económicas, amén del pago de regalías e impuestos al Fisco Nacional.

Abundando en lo ya comentado sobre las consecuencias contables de la inflación, el efecto del cambio en los valores de las reservas internacionales crea una imagen ficticia y engañosa en los estados financieros, que ha sido interpretada de manera poco patriota por algunas personas como si el Banco Central estuviese obteniendo utilidades. Esto de por sí no sería dañino; lo que resulta verdaderamente lesivo es considerar que el efecto ocasionado por las variaciones en el tipo de cambio sobre la valoración de las reservas internacionales es generador de utilidades que deben ser entregadas al Fisco, tal como ha hecho el Banco Central en repetidas oportunidades por exigencia del Ejecutivo Nacional.

-Debo aclarar que estas utilidades “ficticias” son diferentes a las que se producen cuando el Banco compra dólares a su costo de reposición, ya que, en este supuesto, cuando es comprado un dólar ocurre una emisión de dinero totalmente respaldada por la divisa recibida; y, cuando lo vende, si bien la operación disminuye las reservas internacionales, también pasa lo mismo con el dinero emitido. Por lo tanto, su actuación queda encuadrada dentro de las exigencias legales y económicas ortodoxas.

-Desde otra óptica, la adquisición de un dólar genera una expansión monetaria por los bolívares emitidos, y, cuando es vendido, se opera una contracción por los bolívares recibidos, operación que deja como saldo una contracción neta, que constituye una utilidad real que puede ser empleada para cubrir los gastos del Instituto o para ser distribuida al Fisco. Dicho en otras palabras, si el Banco Central obtiene una utilidad en sus operaciones en moneda nacional, ello significa que sus ingresos han sido superiores a sus costos, y como los ingresos implican una contracción de la base monetaria y los egresos una expansión de la misma, el hecho de que exista una utilidad significa que hubo una contracción neta del dinero primario. Por lo tanto, el reparto de esa utilidad al Gobierno no resulta de por sí algo negativo, ya que lo que se haría con ello es restituir el equilibrio inicial entre la base monetaria y las reservas, si es que el mismo existía.

¿A cuánto asciende la liquidez monetaria, en ese sentido?

-El dinero emitido es conservado, parcialmente, en manos del público, y la porción restante queda depositada en institutos financieros. Aquí, por efecto de las operaciones de intermediación realizadas por la banca, ocurre una multiplicación de los medios de pago, cuyo límite está determinado por el porcentaje de reserva legal establecido.

-Como quiera que la oferta monetaria debe estar en niveles acordes con la cantidad de bienes producidos, cualquier desbalance que ocurra deja sentir su efecto en el nivel de precios de los productos transados. Dicho en otras palabras, el crecimiento de la oferta monetaria sólo se justifica cuando también aumenta el PIB; de manera que la actuación del Banco Central debe operar en ambos sentidos: estimular y mantener condiciones propicias para el desarrollo de la actividad productiva -actuando de esa manera sobre la oferta- y controlar la demanda mediante un control riguroso sobre la masa monetaria. Pero, ¿lo hace? ¡Evidentemente, no!

-Tomando las cifras atinentes al cierre de 2019, la economía venezolana ha acumulado desde diciembre de 2012, un deterioro del 61,5 % del producto; ello en un escenario, donde la oferta monetaria se incrementó en casi 5,9 millones de veces. Pero lo que más llama la atención es que, mientras los medios de pago crecían en esa proporción, la base monetaria lo hizo en más de 42 millones de veces; lo que pone en evidencia que el problema del exceso de liquidez, que ha exacerbado la hiperinflación padecida por el país, no obedece al efecto multiplicador del crédito bancario sino a la emisión de dinero primario.

-Si a esto agregamos que las reservas pasaron de 29.987 millones de dólares existentes en diciembre de 2012 a sólo 8.110 millones en 2019, registrando una disminución de 73%, no cabe explicación sensata que justifique tan grave situación. La explicación se encuentra cuando se mira nuevamente la composición del balance, para hallar que la razón de la emisión monetaria irracional está en el financiamiento dado a las entidades públicas. Y, en el afán de ocultar el pecado hasta el infinito, el BCV restringe la actividad bancaria al extremo de colocar el encaje marginal en el 100%; se ahorca a la banca, desaparece el crédito, no hay inversiones, no hay crecimiento económico, pero es el pueblo, con su presidente obrero a la cabeza, quien manda y dirige sus destinos como una piara lanzada por el despeñadero.

-Veamos, la emisión monetaria, concebida desde la creación del BCV en 1939 como de obligatoria precedencia de la recepción de oro o divisas, presenta un crecimiento desmedido acompañado, precisamente, de una brutal disminución de las reservas internacionales. La base monetaria tuvo un aumento de 161.267 % en 2018 y de 7.471 % en 2019, en tanto las reservas caían en 8,5% y 8,2% respectivamente. De esa manera se exacerbó la emisión de dinero carente de respaldo que viene realizándose desde 2013.

ROJAS: El BCV, financiando al Fisco, emite dinero inorgánico, causa inflación y la unidad monetaria se devalúa. Es, además, el principal financista del déficit fiscal del Gobierno y el destructor del sistema monetario nacional.

-La razón subyacente bajo las emisiones carentes de respaldo la hallamos en el financiamiento dado a Pdvsa. Se registra una fuerte expansión monetaria desde 2011, con un aumento continuo que alcanzó porcentajes más elevados en los dos últimos años.

-En cuanto al multiplicador monetario registrado en los mismos períodos, sufrió una drástica disminución por la actuación del BCV sobre el coeficiente de caja, lo que provocó una caída de la intermediación financiera de los institutos de crédito y del libre desenvolvimiento de la actividad mercantil. Así, mediante un aparente intento de frenar el proceso inflacionario restringiendo la oferta monetaria que el mismo instituto origina, ha contribuido a bloquear del crecimiento del PIB, que se supone que forma parte de los objetivos perseguidos en su gestión, y que deben constar en el acuerdo anual de políticas de obligatoria concreción anual con el Ejecutivo Nacional, pero que no se lleva a cabo desde enero de 2008.

¿Es eso lo que explica la situación hiperinflacionaria, que estamos padeciendo?

-Obviamente, en un escenario como el planteado, la inflación no podía mantenerse en límites tolerables, así vemos que en los años 2018 y 2019 se registra un incremento de la oferta monetaria de 78.734 % y 6.550,3 %, respectivamente.

-Como es de esperarse, hubo la lógica respuesta de los precios, y crecieron en 65.374 % el primero de los años y 19.906 % en el segundo, continuando la escalada inflacionaria a que nos tiene habituados el Gobierno, quien insiste en obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entre 2013 y 2019, el INPC marcó una inflación de 1.265.280.246% como consecuencia de una expansión monetaria de 1.449.506.074%.

En conclusión:

El Banco Central de Venezuela está quebrado. Su patrimonio es negativo en una suma equivalente al 13% de los activos, ascendiendo a Bs. 92 billones 150 mil millones 370 mil 850 bolívares.Al cambio fijado por el Banco Central al cierre de sus cuentas en 2019, es negativo en 2.013,7 millones de dólares.
El 75% de los activos que declara poseer son valores por cobrar al Gobierno, un acreedor que está en estado de cesación de pagos desde hace dos años y sin posibilidad de superar la situación.
No ha logrado la estabilidad de precios ni preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria como le obliga la Constitución, por lo que el directorio íntegro debió ser removido y sancionado de acuerdo con la ley.
Los incumplimientos del Banco Central han originado y alimentado una inflación descontrolada, convertida en hiperinflación desde 2016.
La principal causa de la inflación está representada por la emisión de dinero inorgánico. El Banco Central, cuya brújula desde hace años se encuentra extraviada, hoy por hoy es el principal financista del déficit fiscal del Gobierno y el destructor del sistema monetario nacional.
En un tema tan importante para la conducción y futuro de la nación como es la coordinación macroeconómica, no existe un acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela desde enero de 2008. Y ello a pesar de que la armonización de las políticas de su competencia constituye una obligación legal y constitucional (Art. 320 Constitucional y Título VII de la Ley).