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Los movimientos bancarios de Moreno Pérez en varias cuentas en el Bank of América, en el sur de Florida, registran ingresos de más de tres millones de dólares, desde 2012 hasta 2016
Noel Gómez Herrera
Publicamos a continuación el texto completo de la denuncia penal presentada el pasado 12 de Marzo por la agente especial del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Shauna Willard, ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, contra Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el dictador Nicolás Maduro, por la comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos de lavado de dinero y participación en transacciones monetarias en propiedades derivadas de actividades ilegales especificadas, previstos en la legislación penal de ese país.
La acusación penal de Estados Unidos contra el denunciado Moreno Pérez está distinguida con el número 20-2407 JJ0 y cursa en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, con sede en la ciudad de Miami y cuyo titular es el juez John J, O’Sullivan.
DECLARACIÓN JURADA
Yo, Shauna L. Willard, bajo juramento, por la presente declaro y afirmo lo siguiente:
INTRODUCCIÓN
1. Soy una Agente Especial del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional («HSI»). he sido empleada del HSI por 16 años. Actualmente estoy asignada a un grupo que investiga Lavado de, contrabando de efectivo a granel y fraude. Soy una Especialista Certificada en Antilavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. Por otra parte, he realizado y participado en investigaciones de violaciones de las leyes de los Estados Unidos relacionadas con violaciones de las leyes financieras, como el lavado de dinero.
2. Realizo esta declaración jurada en apoyo de una denuncia penal contra Maikel José Moreno Pérez por violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) (conspiración para cometer lavado de dinero) y 1957 (participar en transacciones monetarias en bienes derivados de actividad ilegal especificada).
3. Los hechos contenidos en esta declaración jurada los conozco personalmente y también según lo transmitido por otros, incluidos los miembros de la policía y otros testigos. Esta declaración jurada establece solamente aquellos hechos que creo que son los necesarios para establecer una causa probable. Como tal, no se incluyen todos y cada uno de los hechos conocidos en esta investigación.
ANTECEDENTES
4. Maikel José Moreno Pérez («Moreno»), en lo sucesivo denominado el denunciado, es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y ha desempeñado este cargo desde o alrededor de febrero de 2017. Antes de este cargo, Moreno desempeñó varios roles en el poder judicial en Venezuela, incluso como jefe de la Sala Penal de la corte más alta de Venezuela.
5. Coconspirador 1 es un exabogado defensor penal en Venezuela que actualmente controla una empresa de medios en Venezuela.
6. Como han señalado varias agencias independientes, Venezuela ha sufrido de extrema niveles de corrupción en los últimos años. Durante ese período, Transparencia Internacional clasificó a Venezuela como el país más corrupto del hemisferio occidental. Del mismo modo, el Proyecto Justicia Mundial clasificó a Venezuela en el último lugar entre los países calificados por su estado de derecho, incluido el último en el área de justicia penal.
INVESTIGACIÓN
7. A fines de 2017, la policía federal abrió una investigación sobre corrupción en la compañía petrolera estatal venezolana -Petróleos de Venezuela, S.A. («PDVSA») – y el lavado del producto de esa corrupción a través de cuentas bancarias en Miami. La policía identificó casi un mil millones de dólares en transferencias de las subsidiarias de PDVSA a cuentas bancarias de varios contratistas venezolanos en el Sur de Florida. Basado en entrevistas a testigos, la investigación reveló una cantidad sustancial de dinero transferido desde las cuentas de los contratistas en Miami como soborno para beneficio de los funcionarios del gobierno venezolano. En prácticamente todos los casos, los contratistas lavaron los sobornos a través de corporaciones fantasmas o testaferros para ocultar y disfrazar la naturaleza de la transacción y el verdadero destinatario de los sobornos.
8. La investigación también reveló una extensa corrupción dentro del sistema de justicia penal venezolano donde los participantes no buscan resolver casos basados en evidencias; sino que por el contrario buscan «soluciones» a los casos haciendo pagos de sobornos a fiscales y jueces.
CUENTAS BANCARIAS DEL DENUNCIADO
9. Los Estados Unidos han obtenido los movimientos bancarios del denunciado de múltiples cuentas mantenidas a nombre del denunciado en el Bank of América en el sur de Florida desde 2012 hasta 2016. Alrededor de octubre de 2014, el denunciado dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente $12.000 por año en su trabajo en Venezuela.
10. De 2012 a 2016, los movimientos bancarios del denunciado muestran aproximadamente $3 millones en ingresos a las cuentas del denunciado, principalmente el depósito de grandes transferencias de dólares desde corporaciones con cuentas bancarias extranjeras vinculadas a Coconspirador 1. Por ejemplo, en o cerca del 23 de abril de 2013, el denunciado recibió una transferencia bancaria de aproximadamente $500,000 de una cuenta bancaria en Suiza de una empresa panameña llamada Western Cape Holding («Western Cape»). Del mismo modo, aproximadamente el 28 de noviembre de 2014, el denunciado recibió una transferencia bancaria de aproximadamente $200,000 de una cuenta bancaria austriaca de una compañía beliceña llamada Eaton Global Services Limited («Eaton Global»). Basado en registros bancarios y declaraciones de testigos, Coconspirador 1 controla tanto Western Cape como Eaton Global[1].
La justicia de EEUU también investiga un soborno de un millón de dólares recibido por Moreno, para la compra de un edificio en la zona comercial de Las Mercedes, en Caracas
12. Alrededor del 18 de mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó al denunciado en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que congelaba sus activos en los Estados Unidos debido a una serie de fallos de la Corte Suprema de Venezuela que despojó a la autoridad de la legislatura elegida de Venezuela.
CORRUPCIÓN JUDICIAL DEL DENUNCIADO
13. Estados Unidos ha obtenido evidencia testimonial y documental de múltiples testigos que detallan el recibo personal de dinero y propiedad del denunciado como sobornos para influir en el resultado de los casos civiles y penales en Venezuela en los últimos años. Como descrito por estos testigos y corroborado por otras fuentes, el denunciado recibió el soborno a cambio de acciones judiciales, como ordenar a los jueces de los tribunales inferiores que liberen a denunciados particulares o desestimen casos particulares.
14. El testigo confidencial 1 («CW1») es un asociado del denunciado que ha tenido amplias interacciones personales con el denunciado [2]. CWl declaró que el denunciado recibió pagos de sobornos por acciones judiciales en al menos veinte asuntos diferentes. CWl declaró que el denunciado recibió principalmente pagos de sobornos en efectivo; sin embargo, el Coconspirador1, entre otros, también recibió pagos de sobornos en beneficio del denunciado.
15. El Testigo Confidencial 2 («CW2«) es un abogado en Venezuela que tuvo interacciones personales con el denunciado [3]. CW2 declaró que el denunciado recibió pagos de sobornos en al menos tres asuntos penales relacionados con CW2.
CORRUPCIÓN EN CASOS CIVILES
16. CWl declaró que el denunciado recibió sobornos en múltiples asuntos para influir en el resultado de los casos civiles en Venezuela.
17. Por ejemplo, CW1 explicó que el denunciado estuvo involucrado en un caso que involucra a ciertos concesionarios de automóviles venezolanos demandando a General Motors («GM») en Venezuela. En o alrededor de abril de 201 7, Venezuela incautó la planta de ensamblaje de automóviles de GM en Valencia en virtud de una orden de incautación relacionada con el caso de los concesionarios de automóviles. La planta de GM empleó a miles de venezolanos y tenía un valor estimado de $ 100 millones. Como resultado de la incautación, GM dejó de operar y salió de Venezuela.
18. CW1 confirmó que el denunciado dirigió personalmente la emisión de la orden relativa a la incautación en el caso de GM. CWl declaró que, a cambio de la asistencia del denunciado, el denunciado tenía un acuerdo con el abogado para que los concesionarios de automóviles recibieran un porcentaje significativo de los ingresos resultantes de la venta de la planta de GM[4]
CORRUPCIÓN EN CASOS PENALES
19. CW1 identificó múltiples casos criminales en Venezuela por los cuales el denunciado recibió pagos de sobornos para resolver asuntos.
20. Por ejemplo, CW1 explicó que el denunciado actualmente vive en una lujosa residencia en el área de Alto Hatillo en Caracas. CW1 declaró que el denunciado recibió esta residencia como un regalo de un individuo denunciado en los Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario con PDVSA. CWl declaró que el denunciado ayudó a desestimar el caso del individuo en Venezuela.[5] CWl declaró además que el denunciado tenía una costosa colección de relojes en la residencia, incluido al menos un reloj que cuesta al menos un millón de dólares.
21. CW2 corroboró las acciones corruptas del denunciado en casos penales.[6] CW2 explicó que él/ella tenía una relación cercana con el asistente del denunciado y que con frecuencia visitaba la oficina del denunciado. Diariamente, el asistente del denunciado recibió una lista de personas arrestadas en Venezuela con el cargo contra el arrestado. CW2 declaró que el asistente del denunciado destacó los casos de delitos financieros (en lugar de los casos de drogas o delitos violentos) para su revisión con el denunciado porque estas personas podían permitirse pagar sobornos al denunciado.
22. En al menos una ocasión, mientras estaba en la oficina del asistente del denunciado en la Corte Suprema de Venezuela, CW2 declaró que observó al denunciado hablando con el asistente del denunciado por chat de video y discutiendo un caso en particular. En esta llamada, CW2 escuché al denunciado decir que el caso podría resolverse por «cincuenta mil o cien mil dólares». CW2 entendió que el denunciado solicitó un pago personal de cincuenta mil o cien mil dólares para liberar al individuo de la custodia.
RECIBO DE UN SOBORNO EN MIAMI POR PARTE DEL DENUNCIADO
EN NOVIEMBRE DE 2017
23. CW1 y CW2 tenían conocimiento directo de un caso que involucraba un pago de soborno en Miami en beneficio del denunciado en relación con la liberación propuesta de un contratista de PDVSA («Contratista 1«) bajo custodia.
24. CW2 representó al Contratista 1 en Venezuela en relación con su detención por cargos de presunta corrupción por contratos de PDVSA.
25. CW2 negoció con el asistente del denunciado y llegó a un acuerdo para pagar $ 1 millón para el beneficio personal del denunciado para asegurar la liberación del Contratista 1 en arresto domiciliario.
26. CW1 sostuvo conversaciones con el denunciado en la oficina del denunciado en Venezuela, donde el denunciado acordó que recibiría el pago de un soborno de $ 1 millón al solicitar el dinero para la compra de un edificio en el zona comercial de Las Mercedes en Caracas, Venezuela.
27. CW2 dijo que el Contratista 2 acordó hacer el pago del soborno de $ 1 millón por la liberación del Contratista 1. De 2014 a 2017, el Contratista 2 recibió más de $ 100 millones en las cuentas bancarias de sus empresas en Miami a partir de contratos inflados con subsidiarias de PDVSA. Estados Unidos ha obtenido evidencia sustancial, en forma de declaraciones de testigos, libros contables de sobornos y contratos subyacentes, de que el Contratista 2 obtuvo estos contratos inflados mediante el pago de sobornos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA en violación de la ley venezolana.
28. El 17 de noviembre de 2017, aproximadamente, el Contratista 2 transfirió aproximadamente $ 1 millón de una cuenta del Bank of América en Miami (que recibió corruptamente fondos de una subsidiaria de PDVSA) a una cuenta bancaria perteneciente a un asociado en Miami. Ese mismo día, el asociado del Contratista 2 transfirió aproximadamente $ 700,000 a una cuenta bancaria en Puerto Rico controlada por el propietario del edificio en Las Mercedes.
29. CW2 proporcionó documentación de transferencia bancaria de que el pago restante de $300,000 provenía de una cuenta bancaria en Panamá a una cuenta bancaria en Portugal perteneciente al propietario del edificio en Las Mercedes.
30. El banco en Puerto Rico que recibió la transferencia de $700,000 planteó preguntas sobre la fuente de los fondos y solicitó documentación de respaldo para justificar la transferencia. CW2 proporcionó copias de las comunicaciones de WhatsApp con un asociado del denunciado con respecto a documentación adicional:
- Asociado del denunciado a CW2 (4 de diciembre de 2017): «Hermano, los 700 todavía están congelados en la cuenta del beneficiario. Los liberarán una vez que se hayan completado todos los documentos necesarios requeridos por el banco … lo único que falta son los registros bancarios del Banco of América.»
- CW2 al Asociado del Denunciado (4 de diciembre de 2017): «Hermano, ya fue solicitado. La referencia del banco y del propietario de la cuenta está en Venezuela. No la proporcionarán en línea».
CW2 proporcionó al gobierno copias de préstamos falsos y fraudulentos utilizados para justificar la transferencia de los fondos de $ 700,000 al banco. Estos documentos indicaron falsa y fraudulentamente que el asociado del Contratista 2 le había otorgado un préstamo; cuando, en verdad y de hecho, el dinero no era un préstamo. En cambio, CW2 usó los documentos para ocultar y disfrazar la naturaleza de la transacción y el verdadero receptor de los fondos.
31. CW1 declaró que, como resultado del pago de $ 1 millón de dólares en este asunto, el denunciado actualmente posee el edificio en Las Mercedes a través de una empresa y un propietario de fachada en Venezuela.
32. A principios de 2018, o alrededor de esa fecha, el Contratista 1 no había sido puesto en libertad en Venezuela. CW2 fue a la oficina del denunciado en la Corte Suprema de Venezuela. Al entrar en la oficina, el denunciado levantó el volumen del televisor en su oficina. El denunciado señaló hacia abajo e indicó que había recibido el pago del soborno y que el Contratista 1 sería liberado de la detención.[7]
33. Con base en lo anterior, respetuosamente afirmo que existe una causa probable para apoyar las siguientes violaciones penales en el Distrito Sur de Florida:
- En o alrededor de 2012, hasta alrededor de 2018, el denunciado, a sabiendas y deliberadamente, es decir, con la intención de llevar adelante el objeto de la conspiración, y a sabiendas conspiro, se confederó y acordó con personas conocidas y desconocidas, para a conciencia realizar una transacción monetaria a través de una institución financiera, que afecta el comercio interestatal y extranjero, con una propiedad derivada de actividades delictivas con un valor superior a $ 10,000, tales en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, Sección 1957.
Se alega además que la actividad ilegal especificada es un delito contra una nación extranjera que implica el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público, lo que constituye una violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).
- El 17 de noviembre de 2017, o alrededor de esa fecha, el denunciado realizó una transacción monetaria a través de una institución financiera, a sabiendas de que afectaba el comercio interestatal y extranjero, en propiedades derivadas delictivas de un valor superior a $ 10,000, es decir, un Transferencia de $ 700,000 de una cuenta bancaria en Miami a una cuenta bancaria en Puerto Rico, dicha propiedad se ha derivado de una actividad ilegal especificada, es decir, delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que implican el soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, el robo , y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.
Es todo
Firma illegible
Shauna Willard
Agente Especial, HIS
Jurado y presentado ante mi este día 12 de Marzo de 2020, en Miami, Florida
Firma Ilegible
John J, O’Sullivan
Juez
Magistrado de EE. UU.
[1] El Coconspirador 1 realizó otras compras en beneficio del denunciado. Por ejemplo, en abril de 2017, el Coconspirador 1 pagó aproximadamente $147,000 a una compañía de aviones privados del sur de Florida para que la familia del denunciado volara de Venezuela a Chile.
[2] La policía ha interrogado a CW1 en múltiples ocasiones en el pasado y su información ha demostrado ser confiable. La policía ha corroborado esta información con testigos independientes y evidencia documental, incluidos mensajes de texto.
[3] La policía ha interrogado a CW2 en múltiples ocasiones en el pasado y su información ha demostrado ser confiable. La policía ha corroborado esta información con testigos independientes y evidencia documental, incluidos mensajes de texto y correos electrónicos.
[4] Hasta la fecha, los propietarios actuales de la planta no han encontrado un comprador para la planta y, por lo tanto, el denunciado no ha recibido su participación.
[5] El Testigo Confidencial 3 («CW3») es un confidente del Fiscal General de Venezuela. CW3 ha sido interrogado por la policía de los EE. UU. Y su información ha demostrado ser confiable y ha sido corroborada por testigos independientes. CW3 declaró que escuchó una conversación entre el asistente del denunciado y el Fiscal General de Venezuela donde el asistente solicitó que la oficina del fiscal venezolano desestimara el caso contra esta persona.
[6] CW2 también tenía conocimiento directo de la corrupción dentro de la fiscalía venezolana. Por ejemplo, CW2 explicó que la oficina del fiscal venezolano realizó una investigación de corrupción que involucra a un contratista que tenía contratos con PDVSA («Contratista 2«). CW2 explicó que, a principios de 2017, organizó una reunión privada en una residencia en Venezuela entre el Contratista 2 y un fiscal venezolano («Fiscal 1»). CW2 explicó que, en esta reunión, el Contratista 2 y el Fiscal 1 negociaron un monto en beneficio personal del Fiscal 1 para resolver el caso contra el Contratista 2. Durante la reunión, el Contratista 2 solicitó un monto menor para pagarle al Fiscal1 porque el Contratista 2 dijo que él/ella conocía a muchas personas en PDVSA que podrían pagar sobornos en el futuro al Fiscal 1. Finalmente, el Contratista 2 y el Fiscal 1 negociaron un acuerdo por un precio de $ 1 millón para que la oficina del fiscal venezolano no acusara al Contratista 2. CW2 ayudó a organizar el pago de este soborno.
[7] El Contratista 1 no ha sido puesto en libertad en Venezuela. CW3 explicó que el Fiscal General de Venezuela no estuvo de acuerdo con la liberación del Contratista 1 debido a una animosidad personal hacia la familia del Contratista 1.
