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«Se hizo una inversión a destiempo, desorganizada y llena de actos de corrupción; en la cual se otorgaron contratos a dedo, sin licitaciones a particulares sin experiencia», señala el exparlamentario
Enrique Meléndez
Pedro Pablo Alcántara, ex diputado y dirigente político del estado Lara, considera que la detención del joven Luis Pérez; quien sufre del síndrome de down y que fue detenido en Barquisimeto por fuerzas del FAES, a causa de su participación en una protesta, demuestra que de parte del gobierno hay una predisposición a imponer un atrasado concepto del orden; que privilegia el control del que tiene la violencia por encima de los derechos de las personas, en abierta violación a la declaración universal de los derechos humanos.
¿Qué interpreta usted que hay detrás del hecho de que las autoridades del estado Lara no hayan soltado todavía a un joven con síndrome de down, que fue detenido junto con otros jóvenes, aun cuando su liberación se ha convertido en un clamor nacional?
-En este caso hay una predisposición a imponer un atrasado concepto del orden; que privilegia el control del que tiene la violencia por encima de los derechos de las personas, en abierta violación a la declaración universal de los derechos humanos, aprobada por las Naciones Unidas, de la cual Venezuela es parte desde su fundación, y que refleja que todos los derechos son para todas las personas, y que en esos derechos está el derecho a la igualdad, el derecho a no ser torturado, el derecho a su juez natural, el derecho a la presunción de inocencia.
-Pero todas esas garantías, que se incluyen en la Constitución de 1999 han sido derogadas. Por eso es que no se cumple con el principio fundamental, en el cual tú tienes que establecer; cuando hay un elemento de naturaleza pretendidamente penal; en primer lugar, la naturaleza de los hechos; en segundo lugar, la condición del participante. Si el participante es alguien que tiene una afectación de salud de esa magnitud, y que puede ser comprobada, perfectamente, con un examen médico forense, esa persona es inhábil, para los efectos de ser objeto de una sanción, y debe ser remitido a un centro de reeducación y de rehabilitación de su salud.
-Eso no se cumple en Venezuela: donde está derogada de facto la Constitución de 1999, y el responsable de esa derogación es el binomio Chávez-Maduro.
Al parecer estos jóvenes fueron detenidos; porque ahora hay un redoble en lo que atañe a los cortes de la electricidad en el sector, donde viven. ¿Qué sabe usted?
-Debo decirte que los habitantes de la urbanización Sucre de Barquisimeto y todos sus sectores aledaños son personas que, normalmente, están dedicadas a ganarse la vida o a estudiar, como cualquier ciudadano. No son personas de naturaleza levantisca; sino que reaccionan, como debe ser, frente a todo abuso, contra todo atropello. Para citarse un caso: el corte de electricidad en estos días en otra comunidad azotada por la ineficiencia del gobierno, que es el municipio Palavecino, duró trece horas. Los cortes en Barquisimeto y en los municipios periféricos, como Torres, están llegando a tres al día.
-Este joven por su patología fue buscado dentro de su casa por el FAES, y apresado al día siguiente; es decir, posterior a la protesta. Eso tiene que dejar muy claro, para que se vea los procedimientos que se están utilizando; cuando se pretende, como se ha señalado, convertir esos eventos en actos de intimidación de las comunidades. Naturalmente, en la comunidad Sucre todo el mundo está consciente de los procedimientos arbitrarios de antes y de ese día posterior a la protesta por falta de energía eléctrica y agua.
-Eso viola el derecho a la vida y el derecho a la salud, y la única argumentación, expuesta por la señora Carmen Meléndez, gobernadora del estado Lara, es que se estaba haciendo un ahorro de las cargas eléctricas; para practicar la solidaridad con los habitantes del estado Zulia. Nosotros, que hemos trabajado ese tema de la falta de energía eléctrica, hemos determinado que los sistemas de alimentación eléctricos de ese estado no tienen ninguna conectividad con los del estado Lara; de manera que esa es otra mentira. Es decir, este es un gobierno que, no solamente deroga los derechos, sino que tiene también funcionarios públicos practicando la mentira como política de Estado.
Al parecer, esos prolongados cortes de electricidad se deben al hecho de que están tratando de reactivar el Complejo Refinador Paraguaná, que requiere mucha carga de electricidad. ¿Qué sabe usted?
-Los expertos en el tema, agrupados en el Colegio de Ingenieros que, de acuerdo con la Constitución, se trata de un órgano asesor del Ejecutivo, advirtieron desde hace mucho tiempo del colapso del sistema eléctrico nacional. En la Asamblea Nacional, cuando me correspondió representar al estado Lara, el primer debate que se dio allí fue sobre la situación eléctrica del país en el año 2001.
-Han transcurrido 19 años. Se hizo una inversión a destiempo, desorganizada y llena de actos de corrupción; en la cual se otorgaron contratos a dedo, sin licitaciones a particulares sin experiencia; donde a la propia China se le compraron plantas termoeléctricas desguazadas, y que terminó con la pérdida de millones y millones de dólares; como también con el decaimiento general del sistema eléctrico nacional.
-Todo lo que se ha hecho fue advertido por los expertos: era insuficiente para poder resolver el problema del país; porque el problema del país comenzó en electricidad; a magnificarse cuando el gobierno de Hugo Chávez decidió acabar con las empresas regionales de electricidad, que habían venido sirviendo de manera sistemática sus respectivas áreas, y donde eran responsables del funcionamiento y atendían las quejas de los usuarios; respondiendo y reparando los daños; situación que en la actual Constitución ha quedado consagrada como un derecho de los usuarios; pero no se cumple.
-De manera que el hecho de que pretendan, irresponsablemente, en medio de esta pavorosa crisis; colapsando, como han hecho estos funcionarios, los sistemas tanto hidroeléctricos, como termoeléctricos, y que pretendan reactivar las centrales de procesamiento petrolero, quitándole a los venezolanos a tener un sistema nacional eléctrico de calidad constituye otro agravio más al derecho a la vida, al derecho a la salud y al derecho a la paz.
Llegó la gasolina iraní, y la presunción que hay en la opinión pública es que esa gasolina no va a ser para todos los venezolanos. ¿No es infundada esa presunción?
-Pues no: los generales del Sol y el propio Diosdado Cabello han venido dictando normas, en las cuales están estableciendo mecanismos de distribución; como si ellos fueran parte del sistema de generación o distribución de combustibles en el país. Todo en un acto, naturalmente, enmarcado dentro de la militarización de la sociedad venezolana y de la liquidación progresiva y sistemática de los derechos de la gente.
-Aquí se ha aprovechado, incluso, esta pandemia; que tendría que tener a los venezolanos en un ánimo contributivo, para profundizar un estado de sitio, en el cual sólo las autoridades militares, paramilitares y para-policiales establecen las condiciones, sin tener una garantía efectiva; porque en ninguna de las cadenas; que ha protagonizado Maduro y otros elementos, que le acompañan, allí hay pesquisas reales y mecanismos de comprobación por parte de la ciudadanía desde el punto de vista sanitario.
-De manera que estamos a las puertas de un drama extraordinario con el tema del Covid-19, como lo ha anunciado la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas y como lo han expresado otros centros de conocimientos mundiales, que le han venido haciendo seguimiento al desarrollo de esta pandemia en medio de modelos matemáticos, y aquí lo único que se ha hecho es profundizar las actuaciones de represión social hacia la población; a la cual mantienen como en un gran guetto; igual que hacían los nazis con los judíos en los procesos de la violencia contra esa minoría de Alemania en la II Guerra Mundial.
«En Venezuela está derogada de facto la Constitución de 1999, y el responsable de esa derogación es el binomio Chávez-Maduro»
Al país con las mayores reservas petroleras del mundo ha llegado una gasolina, que ha tenido que ser importada, y lo que se dice es que eso constituye una vergüenza para los venezolanos. ¿Está usted de acuerdo con esa interpretación?
-Yo estoy de acuerdo con ratificar que la industria petrolera colapsó en manos de estos irresponsables, y cuando los señalo con esa connotación es a Maduro en esta etapa y a Chávez en la otra etapa. Hay una larga historia de los errores cometidos; que figuras pertenecientes al oficialismo hoy mismo están reconociéndolo en diversos escenarios; como consecuencia de la improvisación y como consecuencia de la corrupción; que caracterizó a la primera industria nacional; que para los años noventa era una de las cinco grandes empresas mundiales: Pdvsa.
-De manera que el hecho de traer gasolina y otros elementos, para poder suplir, prioritariamente, a los sectores que determine Maduro y su cohorte no tiene nada que ver con el interés del país. Ahí no se está garantizando, por ejemplo, el suministro de combustible para el sector agroalimentario, algo que es fundamental; para la industria.
-Aquí se está desperdiciando el gas desde hace muchísimos años y aquí se ha generado una conducta; que permite que quienes son los administradores reales de los beneficios de ese comercio sean las cúpulas militares; que han tomado el control, y a las copulitas, que se montan en cada una de las bombas de gasolina, y me remito al criterio de los usuarios que lo han venido denunciando, reiteradamente; como tienen que pagarle coimas a los elementos uniformados; para poder equipar su carro.
-El hecho de que haya llegado esa gasolina no significa que la crisis se ha resuelto; sino que ahora dependemos más bien de un régimen que ha sido señalado en el mundo entero de naturaleza terrorista; como el régimen iraní. Nos estamos involucrando en un conflicto; que no nos pertenece a nosotros en un país que se caracterizó antes de la llegada de esta malhadada, pretendida y fallida revolución; cuando este era un país crisol y modelo de tolerancia; donde gente de todos los orígenes y de todas las religiones convivían armónicamente; trabajaban y se desarrollaban para construir un país de grandes oportunidades.
-De manera que esa no es la solución del problema. Ese es un agravamiento más de la crisis, y denuncio una vez más a quienes usurpan las funciones de ser los responsables de este inmenso genocidio, que está ocurriendo en el país; tanto en los términos de las personas muertas por distintas patologías; como también por el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y el derecho de las personas que tienen industria, y que trabajan la agricultura en Venezuela a poder producir bajo la custodia benéfica de un Estado democrático.
-En Venezuela no hay Estado democrático. Los venezolanos hoy debemos acogernos a la Constitución del 5 de julio de 1811; que es la única que puede garantizarle al país la conformación de una sociedad de iguales; una sociedad de gente respetuosa de la ley, y a la cual los órganos deben ser auxiliares y protectores de su derecho a la vida a la salud y a la convivencia.
Con la movilización de los buques, que venían cargados de gasolina hacia Venezuela desde Irán, se replanteó el capítulo de la Crisis de los Misiles de la década de 1960; cuando gracias a la intervención de la flota de EEUU, se detuvo a los buques que traían unas ojivas nucleares hacia Cuba desde la Unión Soviética. ¿Por qué la flota de EEUU no actuó ahora de la misma manera?
-En mi opinión, precisamente, el despliegue de toda esa flota; combatiendo el tráfico ilícito de drogas, fue lo que determinó que los iraníes no vinieran a meter gato por liebre aquí. En el momento de la Crisis de los Misiles no existía una flota hacia el sur de La Florida; que estuviese pendiente de las relaciones entre Rusia y Cuba. Ahora sí esta flota estuvo desplegada allí y los iraníes han tenido que traer nada más que gasolina.
-De manera que, por el contrario, yo considero que aquí lo que ha quedado claro es que, cuando estamos ocupándonos de hacer las cosas que corresponden para proteger los derechos de los demás, todo funciona. Esto ha sido, simplemente, un negocio más, y está pendiente averiguar el por qué ese convenio de compra gasolina y otros lubricantes más no fue aprobado por la AN y, por lo tanto, está al margen de la Constitución, ya más que derogada, cuál fue el instrumento de pago.
-Porque lo que está señalando es que pagaron con oro. Eso no se está diciendo aquí en el país. Eso lo están diciendo organismos internacionales; que son especializados en el tema del comercio y de las transacciones. Así que aquí no hay de modo alguno la posibilidad de imaginarse que estamos regresando al mejor de los mundos. No, por el contrario, el país sigue en la opacidad. No tiene Constitución y no tiene autoridades legitimadas por la soberanía popular.
-Por eso insisto: acojámonos a la Constitución del 5 de julio de 1811, que recogió el derecho de gentes; las manifestaciones de libertad y autonomía de la Constitución norteamericana y de la declaración universal de los derechos humanos de la Constitución Francesa.
Ha causado mucha extrañeza la orden de detención contra Franklin Durán, acusado de maquinar la operación Gedeón, que no sucedió sino el 2 de mayo, es decir, ha pasado ya casi un mes, lo que suscita esa extrañeza. ¿Por qué tan tarde?
-Debo señalarte que Franklin Durán apareció vinculado con la entrega ilegal de dinero proveniente de la Pdvsa de la época; cuando estábamos en la AN, y él fue señalado como un cooperador en los EEUU para la entrega y facilitación de recursos a Antonini Wilson. Nosotros investigamos ese caso en la AN. Durán fue procesado y detenido en EEUU. Regresó al país y continúo en lo mismo; en el mismo grupo de interés, que rodea a los jerarcas de esta malhadada revolución.
-Allí ha estado. Lo que hay que investigar es qué sector del régimen está jugando dos caras aquí: se da golpes de pecho en público y por debajo está estimulando operaciones que, evidentemente, son contrarias al interés nacional.
¿Qué opinión le merece el fallo que acaba de aprobar el Tribunal Supremo de Justicia al reconocer la AN paralela a la de Guaidó?
-Lo que acaba de hacer la Sala Constitucional, precisamente, evidencia una vez más, si hacían falta más elementos de convicción, que se trata de un organismo al servicio de una parcialidad armada; que está usurpando el poder. No puede un organismo, que es electo por los propios miembros de la AN, pretender convertirse en un juzgador de actos; en el cual no se han escuchado a las partes.
-Porque allí un grupo concurrió y alegó que la hora de la instalación de la AN tenían mayoría, y que como no había llegado el director de debates, ellos podían convocar a la soberanía de los parlamentarios, reunidos en el palacio legislativo; para escoger una directiva. Evento que no tenía ninguna validez; porque, de acuerdo a lo que constituye la tradición, y el orden parlamentario, históricamente, la sesión que va a elegir a una nueva directiva o a ratificar la anterior, total o parcialmente, debe tener como director de debates a quien fungió como presidente en el período inmediatamente anterior.
-No estando en la sesión quien le diera apertura a la sesión misma, en su condición de director de debates; como lo establece el reglamento, entonces no podía haber una sesión allí que tuviese legitimidad. El propio reglamento establece que, cuando no hay forma de desarrollar de manera pacífica la escogencia de las autoridades, se pueden hacer convocatorias a diferentes horas y hasta por tres oportunidades, para resolver el tema de la junta directiva de la AN. De manera que aquí se ha incurrido en un ejercicio de ultrapetita por parte de la Sala Constitucional, sólo para favorecer al régimen.
-Así que aquí no se normaliza la AN; sino todo lo contrario: se crea una crisis mucho más profunda, y se pretende establecer las condiciones, para allanarle la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, y con ello entonces continuar la persecución de una pretendida acción terrorista; cuando en Venezuela no existe ninguna instancia judicial ni ningún Ministerio Público capaz de garantizar que hay igualdad ante la ley. Ese es un abuso y un exceso en un país, donde quienes deberían velar por la protección a la Constitución han contribuido de facto a su derogación.
-El TSJ no tiene el reconocimiento internacional. Está sancionado. El único órgano legítimo que tiene la República es la AN, presidida por Juan Guaidó.
