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Con la designación exprés del nuevo CNE perpetrada por el TSJ, una vez más los venezolanos, llenos de estupor, hemos presenciado, no sólo el descaro que caracteriza la conducta política de la dictadura madurista, sino el enorme desprecio que este régimen siente por la opinión de nuestra sociedad y de sus instituciones, bueno, las que aún no están bajo su control.
Oscar Battaglini
Lo que más se evidencia en ese hecho es, por una parte, la innegable determinación que tiene la dictadura de continuar actuando al margen de toda normativa legal y constitucional, es decir, violatoria de esas normativas, y por otra parte, que persiste en su posición de sabotear cualquier posibilidad de que funcionen autonómicamente los poderes del Estado, a fin de que el conflicto político en desarrollo, encuentre definitivamente el camino de la paz y logre resolverse mediante la vía institucional y electoral.
Esa jugada de la dictadura ejecutada por el TSJ con la complicidad de la “oposición” colaboracionista de “la mesita”, puso al descubierto otras cosas: 1- La farsa de la incorporación a la Asamblea Nacional de la representación parlamentaria de la dictadura con la supuesta intención de llegar a acuerdos con la oposición mayoritaria (entre ellos la designación de un CNE consensuado) que le dieran una solución institucional a la crisis política. 2- La confirmación de que la omisión legislativa declarada por el TSJ y la inmediata designación (espuria) hecha por este tribunal de un “nuevo” CNE que le da continuidad al predominio político del oficialismo dictatorial en el poder electoral.
Estas maniobras son parte inherente de la estrategia que desde siempre ha practicado el chavezmadurismo, y que tiene entre sus componentes más recientes, la medida del desacato dictada por el TSJ en contra de la Asamblea Nacional (de oposición mayoritaria) electa en diciembre de 2015. El establecimiento, de manera fraudulenta, de otra asamblea nacional paralela y usurpadora del Poder Legislativo legítimo, presidido por el diputado y presidente encargado de la República Juan Guaidó; el intento por parte del TSJ de conferirle a la asamblea paralela fraudulenta, el estatus de legítima, en abierta y flagrante violación de la Soberanía Popular y de la Constitución de la República; y por último, la referida imposición de un CNE espurio con el deliberado propósito de seguir manteniendo a ese organismo electoral como un instrumento que, mediante el ventajismo, la manipulación y la trampa, les permita “legitimarse” en el poder. Apuesta a la que jugaron el pasado 20 de mayo, con la activa participación de dos figurines que les hicieron de comparsa y que finalmente sirvieron para “legitimar” a una minoría patética que hoy a duras penas logra sostenerse en el poder.
En esta apreciación no existe ningún asomo de especulación o de visión subjetiva de la realidad. Eso es lo que objetivamente ha venido ocurriendo en los últimos procesos electorales realizados en este país. Sobre todo a partir de las elecciones parlamentarias del año 2015, cuando la oposición democrática nacional obtuvo una abrumadora victoria frente a los candidatos de la dictadura. Victoria con la cual quedó demostrado suficientemente:
1- Que el modelo político chavista había caído en una profunda crisis de legitimidad y decadencia.
2- Que en el imaginario político de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana, se había producido una ruptura radical y terminante con el chavismo y con las determinaciones que lo llevaron, a partir de 1998, a votar por un proyecto que hoy sobrevive apoyado en la fuerza de las armas y el recurso perverso de las artimañas leguleyéricas emanadas del máximo tribunal de “justicia”.
3- Que la oposición democrática del país se hizo dominante en el imaginario político de la sociedad venezolana y por lo tanto en su intencionalidad electoral.
La percepción que tiene la camarilla civil-militar que usurpa el poder político en Venezuela de estas apreciaciones, es lo que a su vez explica que la estabilidad política del régimen madurista haya pasado a depender, básicamente de tres determinantes fundamentales:
En primer lugar, de la represión policial-militar practicada en todas sus modalidades por los cuerpos represivos del régimen. En segundo lugar, el fraude electoral que hoy comienza, como acaba de hacer el TSJ, con la designación de un CNE integrado por burócratas fieles y probados en el servicio prestado durante años al régimen autoritario, como son los casos de Indira M. Alfonso, Gladis Gutiérrez y Tania D´Amelio Cardiet, quienes vienen de desempeñarse, las dos primeras, como presidenta de la Sala Electoral del CNE, y presidenta del TSJ, respectivamente, y la tercera, como todos saben, ya formaba parte del directorio del CNE desde comienzos del mandato de Tibisay Lucena.
Se trata, como puede verse muy claramente, de un cambio gatopardiano que la dictadura venía confeccionando desde hacía tiempo, y del cual no se derivarán modificaciones político administrativas sustantivas en la estructura de la dinámica interna del Poder Electoral Nacional que den pie para una recuperación de la institución del voto y para el ejercicio de elecciones libres, transparentes y confiables en nuestro país.
Contrariamente, lo que se avizora en el horizonte político nacional, son nuevos obstáculos puestos en el camino de la posible recuperación institucional del país por un TSJ perversamente manipulado y orientado a impedir esa tan necesaria recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela.
Uno de esos obstáculos es la maniobra adelantada por ese organismo para transferirle la titularidad de los partidos políticos de oposición articulados en el G4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular) a los tránsfugas de esos partidos, que de manera abierta y encubierta –mediante sobornos- decidieron colaborar con los planes de la dictadura; todo ello con la aviesa intención de que esos partidos aparezcan avalando con su participación, la farsa electoral parlamentaria que la dictadura pretende realizar, siempre con la activa colaboración de la “oposición” de “la mesita”, y bajo el control político administrativo del “nuevo” CNE. La forma como este montaje ha sido urdido por la dictadura para apoderarse también del único poder autónomo y legítimo que queda en el país, exige de la oposición democrática y de la comunidad internacional una respuesta política que además de orientar a cabalidad a nuestro pueblo, le aseste, con su activa y directa participación política un golpe contundente a la dictadura que agudice aún más su crisis interna, y contribuya efectivamente a acelerar su caída definitiva.
