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Tan grave está la nación venezolana que sufrimos una involución. Ante el abusivo y espurio acto que pretende designar los miembros del CNE, este es mi análisis preliminar.
Edwin Sambrano Vidal
Sin duda que asistimos a una etapa de abuso y destrucción en Venezuela que además es también una etapa de atraso y primitivismo, que he mencionado como de “involución”.
Varias veces en nuestra historia, la República venezolana se ha visto sometida a procesos terribles de destrucción, pero en ninguno de ellos se ha dado la catastrófica combinación de destrucción y atraso prolongado, situación que se contiene en el concepto de involución o degeneración.
El
inicio de un camino de solución pacífica y democrática, será producto de un
acuerdo político con el fin de retomar el respeto básico a la Constitución de
1999 con sus instituciones y su régimen político y económico, con sus derechos
y garantías personales y colectivos.
La crisis es muy grave, cercana al caos. Es de carácter político e institucional pero, además, está acompañada de un desastre económico y de una severa corrupción moral que conduce a la disolución de la identidad nacional y a la desintegración social.
La posibilidad de ese acuerdo nacional para la restitución de la democracia y de la Constitución acaba de ser dinamitada por el régimen de facto con el acto que pretende imponer un CNE en violación de las normas y procesos establecidos por la Constitución y la ley electoral vigente.
Hemos
presenciado insólitas violaciones y muchas otras cosas no las sabemos, pero
tenemos elementos para intuir algunas.
La
experiencia y la observación previsiva, nos enseñan a ver más allá de lo
fenoménico, de lo aparente.
Ahora
bien, con el convenio de algunos sectores de aceptar un CNE en flagrante
violación de las prevenciones y equilibrios contenidos en la Constitución,
arrasando así con la facultad exclusiva y excluyente de la AN y eliminando el
procedimiento previsto, ya el régimen de facto se siente que no tiene ningún
freno a sus designios.
Ese
nombramiento, aceptado sin objeción por algunos, le da la suficiente
legitimidad al régimen de facto para considerar que puede avanzar en la
destrucción, división o desarticulación de sus verdaderos adversarios y
consolida la maniobra de fabricar unos adversarios de papel o de paja, a su
medida, cuya actuación la veremos en los próximos días.
Si los que no están en la jugada de liquidación de toda alternabilidad democrática y demás principios contenidos en la Constitución se conducen con inteligencia y firmeza pueden dar un vuelco en un momento determinado.
«El TSJ oficialista hizo la designación de los rectores del CNE, sin convocatoria alguna ni realización de las fases del proceso»
El
objetivo en esta etapa de contrataque feroz por parte del régimen de facto, no
es otro que impedir que el régimen de facto de legitime, si lo hace, podemos
tenerlo 20 años más para emular los 40 de la democracia puntofijista. La
ruta fantasiosa que he oído de los publicistas del régimen, no está sino en su
vehemente ilusión y forman una oferta engañosa.
La
existencia y declaración de la omisión legislativa tiene estrictas condiciones
de procedibilidad ya que la norma constitucional otorga la facultad exclusiva
la AN, cuyos integrantes, de todas las corrientes, tienen la obligación de
realizar lo necesario para cubrir la
totalidad del proceso y alcanzar los 2/3
de los diputados que conforman la AN.
En el
caso de producirse la omisión legislativa válidamente, el ejercicio de la
facultad habilitada al otro órgano debe seguir el mismo procedimiento y pautas
para hacer la designación, es decir, constituir un
comité de postulaciones establecer unas normas de actuación fijar un baremo, llamar a la población para
que se postulen, procesar las impugnaciones, efectuar las entrevistas, revisar
los currículums, etcétera, etcétera…para llevar una terna final a
consideración de todo el cuerpo que se habilita con la omisión. Todo esto fue
omitido por el TSJ oficialista, quienes hicieron la designación sin
convocatoria alguna ni realización de las fases del proceso.
Incluso, llegan al extremo de designar a dos magistradas del mismo TSJ oficialista, Indira Alfonso y Gladys Gutiérrez, lo cual pone en evidencia la ausencia total de escrúpulos y la inobservancia de requisitos esenciales como la imparcialidad y la independencia, produciéndose entonces, un imperdonable vicio que afecta de nulidad absoluta todo lo actuado.
@edwinsambranov
