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Para nadie es un secreto que, dentro del marco de los regímenes autoritarios, ninguna actividad socialmente significativa escapa a la vigilancia y al control totalitario del Estado, particularmente del autócrata y la camarilla burocrática que, con mano de hierro monopolizan los mecanismos del poder.
Esto es lo que actualmente ocurre en Venezuela con todos los poderes públicos y con las instituciones adscritas a tales poderes, es decir con la Fiscalía General de la República, Contraloría, “Defensoría del Pueblo”, Concejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, etc.
Llama la atención que todo eso lo ha venido haciendo la dictadura chavezmadurista, aunque tratando de crear la imagen (a todas luces falsa, como es público y notorio) de que esos poderes e instituciones gozan de autonomía y funcionan movidos por el interés nacional, cuando la verdad es que han sido convertidos en una maquinaria estatal que al mejor estilo fascista, actúa en coordinación con la fuerza armada chavista (facha) con el inocultable propósito de perpetuar en el poder a la burocracia dictatorial chávezmadurista.
En la consecución de este objetivo, a esa maquinaria le ha correspondido: incoar (iniciar, abrir averiguaciones) de manera permanente contra la disidencia opositora en el país y hacerse la vista gorda ante las denuncias por corrupción que involucran a importantes personeros del Estado (Odebrech, etc), pero en casos como éste, no hay Fiscal (hay sí, el “camarada” de turno) ni existen órganos de investigación penal; que supervisen las constantes violaciones y atropellos que a diario se cometen en contra de los derechos humanos y políticos (civiles) en el país, o que se ocupen de la gigantesca corrupción (apropiación delictiva de bienes públicos) que campea en la Administración Pública (existen libros escritos sobre el particular); con igual indiferencia se actúa ante la sistemática violación de la Constitución de la República; la realización de fraudes electorales; el dictamen de sentencias judiciales en contra del sector opositor: contra sus partidos políticos, sus dirigentes, sus diputados, y contra la propia asamblea Nacional (ahora bajo su control).
Veamos esta cuestión en términos concretos, tratando de poner el acento en cómo ha sido la “administración de justicia” durante el régimen chavezmadurista:
La Fiscalía
Desde un principio -con la sola excepción del fiscal Javier Elechiguerra (1999-2000)- esa institución, en mayor o menor medida, ha estado guiada por el propósito deliberado de servir de instrumento complaciente a la política del régimen autoritario que al comienzo de su gobierno encarnó Chávez y hoy detenta Nicolás Maduro.
Este comportamiento de los fiscales chavistas que inicialmente aparecía embozado, fue haciéndose más evidente a medida que fue intensificándose el conflicto social y político que hoy en día estremece los cimientos más sensibles de la sociedad venezolana. Es también en el desarrollo de ese hecho y la exacerbación de la criminalidad represiva de la dictadura militarista, que se produce el deslinde de la “camarada” fiscal Luisa Ortega Díaz. A lo que Maduro responde –al mejor estilo chavista- ordenando su destitución por el TSJ, y haciendo que la constituyente fraudulenta (improvisada como recurso de última hora al ver perdida la AN) designe (de facto) al ex gobernador chavista de Anzoátegui, Tarek W. Saab, como nuevo fiscal de la República.
Con la imposición de este caballero al frente de la FGR, la administración de justicia en Venezuela se ha envilecido todavía más, al tiempo que se ha hecho o se hace por encargo directo del régimen. Su gestión, como era de esperarse, se ha dedicado a abrir procesos de investigación y levantar expedientes a los dirigentes de la oposición, actividad que ha venido combinando con la denuncia de distintos delitos y la imputación de delincuentes que, por lo general, han estado estrechamente vinculados con el régimen madurista, pero teniendo el cuidado siempre de no señalar que esos delitos forman parte de la corrupción inherente a dicho régimen.
En consecuencia, para él no existen las denuncias que permanentemente hacen las ONG sobre la violación de los derechos humanos, incluidos los informes recientes de la alta comisionada de las Naciones Unidas Michell Bachelet, sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, como tampoco existe para el fiscal, la violación sistemática de la que es objeto la Constitución de la República, por parte de la dictadura militarista.
Los tribunales de “justicia”
Una de las cuestiones que deben considerarse en el tratamiento de este asunto lo constituyen los siguientes hechos:
1-que la justicia por encargo es parte inherente del estado policial-militarista impuesto por el chávezmadurismo en Venezuela.
2- que los tribunales de “justicia” del país (civiles y militares), antes que constituir los mecanismos o las vías expeditivas y los canales regulares para el procesamiento de los asuntos jurídicos y/o legales con sujeción estricta a los principios del “debido proceso y el derecho a la defensa”, han sido convertidos por el régimen autoritario, en instrumentos para dar visos de “legalidad” a una política basada sistemáticamente en la represión policial-militar, el abuso de poder y la justicia por encargo.
C – El TSJ Esta institución que según la Constitución de la República (Art. 254) ….“gozará de autonomía funcional”…, ha sido convertida en una suerte de bufete al servicio del régimen autoritario que usurpa el poder político en Venezuela. Se trata de una misión envilecida que esta suprema instancia del Poder Judicial ha venido cumpliendo (como es público y notorio) para asegurar el afianzamiento y permanencia del chávezmadurismo en el poder. Esto, que comienza siendo así, sobre todo desde los tiempos en que el TSJ estuvo presidido por Luisa Estela Morales y Gladis Gutiérrez, ha alcanzado su máximo exponente bajo la presidencia de Maikel Moreno. Durante su gestión:
1- se ha violado y quebrantado permanentemente el orden constitucional sin que él y la institución bajo su mando se hayan pronunciado condenando tales hechos;
2- le fue impuesta una medida arbitraria de desacato a la Asamblea Nacional (electa por el voto mayoritario del pueblo venezolano en diciembre de 2015);
3- el TSJ convalida la imposición por parte del régimen autoritario de una “constituyente” fraudulenta que sustituye a la AN y usurpa sus funciones (con lo cual se completa la farsa y queda al descubierto el verdadero objetivo, como es el de crear un organismo paralelo que sirviera a sus propósitos). De esta manera se establece, con su anuencia, una Asamblea Nacional paralela (espuria) constituida por diputados que fueron sobornados por la dictadura;
4- se le otorgó a esta asamblea espuria el estatus de “legítima”, pretensión que quedó sin efecto cuando la dictadura se vio forzada a firmar con la Asamblea Nacional presidida por el diputado Juan Guaidó, un acuerdo financiero para enfrentar el Covid 19;
5- fueron cometidos, también con su anuencia, varios fraudes electorales, en particular el del 20/5/18;
6- se destituyeron y encarcelaron alcaldes, diputados y dirigentes políticos de oposición, siendo ilegalizados los principales partidos de oposición;
7- se torturaron y asesinaron presos políticos;
8- se convirtió en un hecho común el juzgamiento de civiles por tribunales militares; bajo los recurrentes y manidos de “asalto al centinela” y “traición a la patria”
9- la justicia por encargo recibió “carta de ciudadanía”
