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Enrique Meléndez
Estamos ante la sociedad del rebusque, que fue a lo que salió a ejercer ese día la teniente Palmera, pero lo más grave en su caso es que, al final se apela a la infamia, para poder justificar la agresión a una ciudadana.
Ateniéndonos al testimonio que ofrece la teniente de la Guardia Nacional María Palmera; como justificativo de su brutal agresión a la abogada barquisimetana Eva Leal, uno comprueba una vez más aquella verdad de Octavio Paz; de que la mentira en nosotros los hispanoamericanos forma parte constitucional de nuestro ser; porque a mi me resulta demasiado temerario que una persona, siendo una dama y con semejante nivel de educación, es decir, una profesional del derecho, intente despojar de su arma de reglamento a una oficial en un escenario de uniformados, como ese en el que se desarrollaron los hechos; que dieron lugar a su vejamen, y que implicó la circunstancia de que ésta la lanzara contra el pavimento, y le pusiera la rodilla en el cuello; de acuerdo a los videos y fotografías que ruedan por las redes sociales; causándole a continuación heridas no muy graves; pero sí de consideración.
¿El motivo?
Porque la abogada Leal no se dejó martillar; cuando entonces intentaba pasar por un puesto de control de la Guardia Nacional en el Puente de Macuto de Barquisimeto; alegando la teniente que transitaba a una hora, que ya no se permitía la circulación de personas; por lo que tenía que cancelar una multa, y entonces ésta le dijo que le mostrara el decreto, publicado en Gaceta Oficial, imponiendo esta normativa; tanto más que en el fondo llevar a cabo este tipo de prohibiciones constituye una violación a la Constitución, y en donde está establecido que toda persona tiene derecho al libre tránsito; razón por la cual incluso los abogados del estado Lara no dejan de impugnar un decreto, precisamente, emanado de la gobernación, y mediante el cual se le obliga a la población larense, prácticamente, a permanecer bajo una especie de toque de queda a partir de cierta hora, y que fue de donde se agarró la teniente Palmera, para proceder a martillar a la abogada, y quien de seguro andaba por la vía pública a deshora por alguna necesidad vital, y que para eso están estos puestos de control; para advertirles a los transeúntes sobre esta situación, y sobre los que sí se justificaría una penalidad, en el caso de que se compruebe que han rescindido, una vez advertidos, lo cual casi nunca sucede; si se toma en cuenta, por lo demás, que ese tipo de decreto contempla alguna que otra excepción; pues hay aquél que por uno u otro motivo ha tenido que salir a la calle o se ha quedado rezagado en algún sitio, como sería el caso de la abogada Leal.
Por supuesto, aquí está el otro detalle, que fue lo que enfureció a la teniente Palmera, y es que ésta se dio cuenta de que la abogada Leal la filmaba con su celular, a medida que martillaba a los vehículos, cuyos conductores se habían visto en las mismas condiciones suyas de circular a destiempo por las vías de la capital larense; sobre todo, porque estaba en plena flagrancia con respecto a lo que hacía, que era un delito; pues lo más probable es que el decreto emanado de la gobernación de la almirante Carmen Meléndez restringe la circulación de las personas por las calles a partir de cierta hora, pero no que su violación acaree el tener que pagar una multa, y la cual, en todo caso, tendría que ser cancelada por taquilla en algún organismo oficial, y no directamente al agente uniformado, y el cuento es que la teniente Palmera se le abalanzó a la abogada Leal montada en cólera, para tratar de arrebatarle el celular, con el que la filmaba; encolerizándola más el hecho de que ésta le pidiera la razón legal de su proceder.
He allí uno de los terrores, que padece nuestra ciudadanía: la conducta confiscatoria, con la que actúan los agentes uniformados en las vías públicas; actuando con la mayor impunidad del mundo, creyéndose los dueños de las mismas, y aquí están comprendidos desde el vehículo pesado, que transporta mercancías, hasta el más humilde de los pasajeros, que transita con algún tipo de alimento o de higiene personal; con la ventaja para esta gente de que en Venezuela ya tú no puedes llegar a una casa con las manos vacías, como se dice en términos coloquiales, a propósito de las condiciones de precariedad económica, que padecen nuestros hogares; de modo que si traes dos paquetes de harina de maíz, en la alcabala te quitan uno, y lo mismo sucede con los artículos de higiene personal, y en cuanto al transporte pesado, lo que se reporta, según las estadísticas de los gremios empresariales, es que el 15% de la producción, sobre todo, agroalimentaria se queda en las carreteras; cuando no a los choferes les martillan parte de sus viáticos, si es que no se les puede despojar de mercancía; pues de otro modo, los obligan a permanecer horas parados en una de esas alcabalas, bajo el alegato de que no pueden continuar rodando con los cauchos demasiado lisos, que presenta el camión, o algo relacionado con el papeleo de la propiedad del vehículo o la identificación del chofer, cosas así.
Estamos ante la sociedad del rebusque, que fue a lo que salió a ejercer ese día la teniente Palmera; pero lo más grave en su caso es que, al final como decíamos al comienzo, apela a la infamia, para poder justificar la agresión a una ciudadana, cuyo único delito es desplazarse libremente por la calle, y exigirle un soporte legal, que justifique ese desalmado rebusque, a propósito de lo que dijo que la había tratado de despojar de su arma de reglamento, motivo por el cual es detenida la abogada Leal, y presentada ante un tribunal militar, para aumentar la truculencia del caso, y no un tribunal civil, que era lo que le correspondía en última instancia; puesto que no está ejecutando un crimen de guerra; siendo su descaro tan grande que, al parecer, tuvo que darle a uno de sus conmilitones el arma, a los fines de que se viera, en efecto, que había sido despojada de la misma, de acuerdo a lo que se observa en un video, que también llegó por las redes, y transformándose, en ese sentido, de victimaria a víctima.
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